martes, 25 de julio de 2017

Venezuela y la ratificación del Acuerdo de París: Entre la celebración y la desconfianza



La celebración

Recientemente aparece la noticia de que: “Venezuela ratifica apego al Acuerdo de París sobre el cambio climático y al Convenio de Estocolmo”.

Los ambientalistas venezolanos celebramos esta noticia.

Una nota de prensa publicada en la página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (MPPRE) informa que el canciller Samuel Moncada había depositado en la sede de las Naciones Unidad en Nueva York los instrumentos de ratificación sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como los referidos al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

La misma indica que esta acción se realiza en concordancia con el objetivo histórico del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela “la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”.

Es importante aclarar que ambos documentos son extremadamente importantes para el futuro de Venezuela y el mundo:

El Acuerdo de París es el instrumento de política internacional más importante logrado en los últimos años. Mediante el mismo 195 países, prácticamente la totalidad de los participantes de las Naciones Unidas, se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases que generan el cambio climático global, considerado por muchos la mayor amenaza actual sobre las sociedades humanas y la vida sobre el planeta.

Por su parte, el Convenio de Estocolmo, es un acuerdo dirigido a eliminar, o al menos disminuir, las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes. Éstos son sustancias químicas resistentes a la degradación, que incluyen a pesticidas, insecticidas organoclorados, herbicidas y compuestos derivados de la industria química (dioxinas, furanos, etc.) Todos ellos son altamente tóxicos tanto para los humanos como para el resto de los seres vivos.

En la nota de prensa se cita un mensaje de la cuenta de Twitter del canciller Moncada en la que expresa que: “En ONU-NY, depositamos la ratificación del Acuerdo de Cambio Climático de París. Venezuela comprometida con la defensa de la humanidad @SMoncada_VEN”.

Si, quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad y el ambiente. Quisiéramos creer que vivimos en un país donde el gobierno en conjunto con todos los actores sociales está trabajando mancomunadamente en la solución de los problemas ambientales. Quisiéramos compartir esa celebración.

La desconfianza

El gobierno de Venezuela hasta el momento no ha dado señales que esté comprometido con la lucha contra el cambio climático, ni ningún otro tema ambiental más allá del plano retórico.

Recordemos otra vez algunos datos:

  • La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático fue firmada por el país en 1992 y convertida en ley de la República en 1994. En la misma se establecen obligaciones a los Estados firmantes de establecer sus niveles de emisiones, implementar medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y formular programas nacionales para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela no tiene avances significativos en estos objetivos y no ha cumplido con la obligación de tener un programa (Estrategia) nacional de adaptación al cambio climático.
  • La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 estableció un plazo de dos años para formular un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Aún no se ha hecho.
  • Otros instrumentos como el Plan de la Patria del 2013 y en el Plan Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015 también establecen que debe elaborarse una Estrategia Nacional de Adaptación ante el cambio climático. Igualmente sin avances al respecto.
  • Con respecto a la medición de nuestras emisiones no se han presentado informes nacionales desde el 2005. Informe realizado con datos tomados hasta el año 1999. 
  • Durante la Conferencia de las Partes en París en el año de 2015, Venezuela fue nombrada como “Fósil del Día” por una coalición de organizaciones ambientales de activismo climático, debido a su oposición radical a incluir en el Acuerdo de París mecanismos para la reducción gradual del consumo de combustibles fósiles (carbón y petróleo).
  • PDVSA ha sido considerada una de las empresas más contaminantes del mundo. Esta condición incluye entre otros temas: quemar grandes cantidades de gas natural proveniente de la explotación petrolera y mantener un alto registro de accidentes generadores de derrames de hidrocarburos en todas sus áreas operativas.
  • Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más grandes de la región. Este proceso se ha acelerado en los últimos años.
  • A pesar de la legislación vigente, el país mantiene más de 300 vertederos de residuos sólidos a cielo abierto. En estas acumulaciones de basura se producen cantidades importantes de gas metano un muy importante gas de efecto invernadero. Asimismo estas zonas deterioran el ambiente local y afectan los indicadores de salud humana. El gobierno nacional no ha realizado ninguna acción para corregir esta situación y por el contrario utiliza el tema de los desechos sólidos como arma política.
  • No se ha realizado ningún avance para controlar las emisiones de gases producto del transporte público y privado. El envejecimiento y deterioro de estas flotas aumenta este problema
  • El Decreto del Arco Minero del Orinoco, es la amenaza más importante al futuro ambiental del país, al generar grandes zonas que serán deforestadas y daños importantes sobre ríos y otros ecosistemas importantes.
  • No hay avances importantes en el control y erradicación de la minería ilegal y el uso de mercurio por parte de mineros ilegales que operan incluso en áreas protegidas en los Estados Bolívar y Amazonas.
  • Se incrementa la superficie dedicada a la minería de carbón en la zona de naciente de importantes ríos en la Sierra de Perijá en el Estado Zulia.
  • A pesar de que tanto la Constitución vigente como el Plan Nacional de Derechos Humanos consideran que un ambiente sano y seguro es un derecho humano, los tribunales del país rechazan todo intento realizado de actuar contra decisiones gubernamentales que socavan este derecho.
  • A pesar de que el gobierno clama porque un 96% de la población tiene acceso al agua potable, un número importante de comunidades no cuenta con este servicio, lo recibe de forma irregular y la calidad del agua suministrada está totalmente fuera de las normas nacionales e internacionales para asegurar la salud de la población.
  • No hay mejoras en los procesos de recolección y tratamiento de aguas servidas en ninguna parte del país.
  • Las ciudades venezolanas son cada vez más ambientalmente insostenibles.
  • A pesar de la promesa de que el “Proceso Constituyente” actual consolidará la protección y defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático, en la realidad parece un proceso para consolidar la capacidad del Ejecutivo Nacional para hacer negocios con los recursos naturales del país. 

Si, quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad. Pero esa no es la realidad.