“Muchas canciones de enanos son variaciones sobre “oro, oro, oro”, pero todo radica en la inflexión.”
Terry Pratchett “Soul Music”
El control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente es uno de los procesos más importantes en la gestión ambiental de un país. Este proceso permite disminuir o evitar los daños al ambiente y el disfrute de los derechos ambientales de los ciudadanos.
Para lograr estos fines es necesario realizar acciones dirigidas a la prevención, vigilancia, examen, control, fiscalización,
sanción y represión de las acciones u omisiones que directa o indirectamente sean susceptibles de degradar el ambiente y los recursos naturales renovables, tal como lo expresa el Reglamento de Guardería Ambiental de 1990 (las negrillas son mías)
Estas ideas parecen ser el contexto conceptual y legal detrás de un suceso ocurrido el 1ro de febrero pasado. En esa fecha se realizó una operación de represión sobre grupos de personas que estaban realizando labores de minería ilegal en el estado Carabobo y Cojedes.
Vamos a hacer un recuento de lo que hasta este momento se sabe sobre esta situación y las preguntas que aún quedan por responder.
El suceso
Según una
nota de prensa emanada del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA), el pasado 1º de febrero se realizó la “Operación Relámpago Dorado 2018” en los estados Carabobo y Cojedes. Mediante la misma fueron
desalojados un grupo de personas que de manera ilegal realizaban labores de explotación de oro en los sectores Chirgua, El Torito, La Lagunita del municipio Libertador de Carabobo y Tinaquillo en Cojedes. (Las negrillas son mías)
No hay manera sencilla de parafrasear las características y magnitud de esa operación, así que lo mejor es copiar directamente las declaraciones del Almirante Giuseppe Alessandrello, Comandante de la REDI Central
recogidas en la nota antes mencionada: “durante esta operación participaron 932 combatientes pertenecientes a la Infantería de Marina, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana con 4 unidades de ala rotatoria, con el apoyo de los organismos de seguridad del estado como SEBIN, CICPC, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Carabobo y personal de los Ministerios del Poder Popular para Minería Ecológica y Ecosocialismo y Aguas”. (!!!)
El objetivo de la operación
El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Coronel (Aviación) Ramón Velásquez Araguayán,
indicó que “con esta acción que estamos ejecutando estamos evitando que los daños ambientales, producto de esta actividad ilegal, se reflejen en la sedimentación y colmatación de los embalses y que afectan la producción de agua potable”. Asimismo, explicó que las personas realizaban la actividad minera en áreas que corresponden a la Cuenca del Pao, que surte de agua los principales embalses de Carabobo y Cojedes, desde donde se surten de agua más de cuatro millones de habitantes del centro del país.
Pero por otra parte,
el Comandante de la REDI Central Almirante Giussepe Alessandrello declaró que el objetivo de la operación era:
“reubicar, controlar y censar” a aquellos que ejecutan labores de minería ilegal en los estados Carabobo y Cojedes. (Las negrillas son mías)
Resultados de la operación
Según el reporte de prensa, la acción tuvo como resultado: la “detención de aproximadamente 3 mil ciudadanos, de los cuales hay 80 indocumentados, tres extranjeros, 54 menores de edad, 155 féminas entre ellas 3 embarazadas, así como la incautación de 6 armas de fuego y 3 mil 400 herramientas e implementos para la utilización en la extracción de minerales metálicos en el lugar” (!!!)
La cifra de detenidos previamente indicada parece no ser precisa, ya que por su parte e
l Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, expresó que durante la operación se detuvieron aproximadamente 1.100 personas, de las cuales se encontraron más de 500 indocumentados.
Hasta el momento nadie ha explicado esta discrepancia de casi 2000 personas, ni ha dado un número definitivo de ¿desalojados, detenidos, reubicados?
Igualmente,
el Comandante de la REDI Central declaró que había conseguido “un centro de acopio que fue retirado del área”. No es para nada claro a qué se refería este funcionario militar con esta información (¿un centro de acopio de minerales extraídos?).
Asimismo, con respecto a las “detenciones”, el ministro del MINEA declaró que “durante esta operación fueron garantizados todos los derechos humanos de las personas que ilegalmente estaban ejecutando esta actividad de minería”.
Evaluación de los daños ambientales existentes en la zona
Hasta el momento, parece no haber ninguna evaluación formal sobre los daños ambientales que se hubiesen producido en la zona a consecuencia de la actividad minera. A pesar de ello, las fotos publicadas junto a la nota de prensa emanada del MINEA parecen mostrar graves daños en las riberas de los ríos de la zona similares a las observadas en otras explotaciones ilegales de oro al sur de Venezuela.
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| Foto: Prensa MINEA |
En este sentido,
el ministro del MINEA informó que: “Entre las acciones que ejecutarán el Minea y el Ministerio del Poder Popular para Minería Ecológica está la evaluación ambiental y establecer los mecanismos para resarcir los daños en concordancia con el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria”.
Asimismo,
según las autoridades militares que participaron en la operación no fue detectado presencia de mercurio en la zona.
Esta información parece contraponerse a reportes previos de actividades mineras que se estaban realizando en la zona.
Una de ellas relata: “Hoy en día se pueden ver cientos de personas en Tocuyito, en todas sus riveras, excavando arena,
echando químicos inventados por ellos mismos, mezclas extrañas producto de su ingenio.” (Las negrillas son mías).
Otro de los denunciantes asegura que: La práctica de la minería tiende irremediablemente a depredar al medioambiente,
el río “El Torito” está sufriendo cambios de curso, la contaminación por productos químicos y otros desechos…” (Las negrillas son mías).
Un poco de contexto
Para intentar entender la situación detrás de esta noticia quizás vale la pena revisar algunos aspectos que le dan contexto a la misma:
a. ¿Oro al norte de Venezuela?
Cuando fue conocida esta información muchas personas manifestaron sorpresa por la existencia de explotaciones de oro en la región norte central del país.
Con respecto a esta situación, desde el período de la Conquista española de este territorio existen referencias a minas de oro en la zona.
En una crónica de la época se indica que las que las minas de la quebrada de Barreda y el río Chirgua “son muchas y son muy buenas” (La Minería en Nueva Granada 1500-1810, pg. 85)
Otro documento narra que: “Juan de Villegas (un conquistador y colonizador español del siglo XVI) descubrió en Chirgua una mina de oro y empezó a explotarla después de tomar posesión del valle, que pasado el tiempo sería de sus descendientes”
Los rendimientos de estas minas fueron escasos y posteriormente fueron abandonadas y no hay información posterior sobre nuevas actividades mineras hasta fechas recientes. Una posible razón del poco interés en el oro existente en la zona fue posiblemente los bajos tenores de oro, estimados en menos de 2 g/Tn. Por lo cual, según información suministrada por el Ing. Luís Jiménez, la extracción del oro haría necesario remover grandes cantidades de suelo y rocas y posteriormente usar mercurio en una proporción superior 5:1.
Posiblemente la explotación de este oro se hizo rentable recientemente debido a los precios actuales del oro en Venezuela, el cual
según algunas fuentes oscila entre 7,6 millones y Bs. 8,1 millones el gramo.
b. ¿Las denuncias sobre esta situación son nuevas?
Por lo visto el único organismo que aparentemente desconocía la situación era el MINEA, ya que desde al menos dos años existe información en prensa sobre los graves daños ambientales y a la producción agrícola local producida por la minería ilegal en la zona donde se produjo la operación reciente. Es necesario aclarar que el territorio afectado por esta actividad está situado en un sector relativamente cercana a la ciudad de Valencia y adyacente al Campo Carabobo, por lo que no es precisamente en una zona inaccesible y lejana de la sede central del MINEA.
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| Zona aproximada afectada por la minería. Mapa base de Google Maps |
Por otra parte, los reportes indican que la misma estaba ocurriendo en una extensa superficie comprendida entre las poblaciones de Chirgua, Lagunita y Tocuyito.
E
n un artículo de opinión publicado en el Portal Aporrea en octubre de 2017, se describe el crecimiento de la actividad a partir del hallazgo de “pepitas de oro” por parte de un tractorista, hecho que el autor remite a aproximadamente a algo más de dos años atrás.
Según el mismo texto este suceso produjo una especie de “fiebre de oro”, con la consiguiente llegada de cientos de personas impulsadas por las precarias condiciones de la población producto de la actual crisis económica. Asimismo, denuncia que las zonas explotadas progresivamente pasaron a estar bajo el control de mafias y se aventura a señalar a funcionarios policiales y a “pranes” de la cercana cárcel de Tocuyito como involucrados en estas actividades.
En otro artículo publicado igualmente en ese mismo año, el autor afirma que existe una red de corrupción y un muro de silencio creado alrededor de las actividades mineras que se estaban realizando en la zona.
Por otra parte,
existen reportes de que en enero de 2017 la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a varias personas que se dedicaban a la extracción de oro en la zona. Asimismo, posteriormente, en octubre de 2017 la policía municipal detuvo a 235 personas en Tocuyito (municipio Libertador) imputándoseles el delito de extracción de material aurífero.
Incluso existe una noticia sobre la muerte de un minero en un accidente en una de las minas.
Más recientemente, e
l diputado a la Asamblea Nacional Leandro Domínguez denunció que esa actividad ilegal venía ocurriendo desde hace tres años y reiteró las acusaciones de complicidad por parte de diversas autoridades.
Que no se sabe hasta esta fecha
A pesar de que existe alguna información al respecto de este suceso, quedan algunas lagunas de información. Situación que se incremente por la falta de cobertura informativa desde el lugar de los hechos.
Algunas de las mismas son:
- ¿Por qué el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas no había actuado hasta el pasado 1º de febrero, aun cuando existía ya información previa sobre la presencia de minería ilegal en la zona y ya se habían producido actuaciones policiales?
- Uno de los funcionarios militares habla de un “centro de acopio” que fue “retirado” ¿Qué contenía el mismo?
- ¿Se justificaba una operación militar tan aparatosa, con participación directa o indirecta de militares de muy alto rango y en apariencia hiperbólica para "reubicar, controlar y censar” a unos mineros ilegales que parecían contar con escaso armamento y estar formados por incluso menores de edad y mujeres embarazadas? ¿Es la “reubicación” la sanción establecida en el caso de delitos ambientales tal como parecen haber ocurrido?
- ¿Cuál fue el número final de personas aparentemente detenidas durante el operativo? ¿Cuál es su situación actual? ¿Se les ha imputado algún delito? ¿Las mismas siguen detenidas o fueron “reubicadas”? Si lo fueron ¿a dónde las llevaron y en calidad de qué? Además de simples mineros (es decir gente pobre desesperada) ¿fueron capturados o detectados algunas otras personas que según las denuncias previas fuesen delincuentes o funcionarios que controlaban la zona?
- En alguna de las noticias se afirma que a los detenidos se “les respetó sus derechos humanos”. Además de lo particular de que sea necesaria esa aclaratoria, en ninguna de las noticias consultadas se habla de la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo órganos que por sus funciones son (o deberían ser) garantes de los derechos de los ciudadanos ¿Estuvieron presentes o actuaron en otro momento posterior a la operación?
- Aunque se afirma que no se consiguió mercurio en la zona ¿Es creíble que no hubiese en ese lugar, o algún otro, el mercurio necesario para la refinación del oro extraído de las minas? Si no estaba en la zona ¿Dónde refinaban el oro y en qué condiciones? En el caso de que se encuentre este metal ¿Cuál era su procedencia? Si lo había ¿por qué se oculta esta información?
- ¿La acción realizada llevará a una verdadera protección de las cuencas locales o a una simple interrupción temporal en la actividad minera local como ya había sucedido?
- Dado lo “rimbombante” y aparentemente efectiva operación militar realizada ¿Por qué no se han usado operaciones similares similares para el control de la delincuencia organizada que padece toda la región? O, aún más, para el control de la minería ilegal al sur del Orinoco y en particular dentro de los Parques Nacionales y otras áreas protegidas ¿O el sur no existe para el MINEA? O al revés ¿EL MINEA no existe al sur del Orinoco?
¿Alguien contestará estas preguntas?
¿Todos seremos mineros?
Recientemente vi imágenes de importantes grupos de personas que hacen “actividad minera” dentro del río Guaire, en la propia ciudad de Caracas. Las entrevistas realizadas a los “mineros” indican que por lo visto es una actividad que logra cierto nivel de ganancias que hace rentable meterse en las contaminadas aguas de ese río.
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| Foto: El Siglo |
Luego de ello y de lo ocurrido en Carabobo, me quedó claro que a medida que la crisis avance la minería cubrirá todos los espacios y terminaremos todos siendo mineros ¿Esta será la intención?
Frente a esas realidades y las oscuras acciones e intenciones de las autoridades, el futuro es aún más difícil de ver.
Definitivamente el oro es un espejo que deforma la realidad de todos los que se miran en el.
