domingo, 19 de marzo de 2017

Leyendo entre líneas noticias del Arco Minero del Orinoco






Recientemente aparecieron en la prensa nacional unas declaraciones del ministro de “Minería Ecológica” Jorge Arreaza. Las mismas fueron efectuadas en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), evento realizado en Toronto, Canadá a principios del mes de marzo.

En esta ocasión el ministro manifestó lo siguiente: “Dicen que vamos a destruir 111 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio pero eso no es así, porque de ese gran arco hay zonas de protección y territorios indígenas sagrados, y de esa gran cantidad solo en un 30 % podríamos tener reservas y habrá lugares donde se explotarán y se desarrollarán fuentes alternativas a la petrolera” y más adelante agrega que “será explotada respetando su ecología y la biodiversidad” (cursivas mías)

A pesar de la confusa redacción de las mismas, intentemos analizar y entender estas cortas líneas que contienen mucha información interesante:

En primer lugar, vale la pena destacar que, luego de un año de haber sido decretada la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, no es hasta ahora que se dice que sólo se va a explotar un 30% de la misma.

Esta particularidad enunciada ahora por el ministro no aparece en el decreto que lo creó, ni había sido mencionada previamente por ningún otro funcionario gubernamental.

Podemos especular sí esta nueva precisión pudiera estar relacionada con las temores y denuncias que ha generado este proyecto entre muchas personas y organizaciones, incluyendo las empresas y países interesados en participar en actividades mineras en la zona definida por el Arco Minero.

Quedaría una duda pendiente, sí en ese porcentaje estará incluido el desarrollo de infraestructura de apoyo para las explotaciones mineras, crecimiento urbano, desarrollo vial y de los servicios necesarios para el funcionamiento de las minas, entre otros aspectos generados por la actividad minera y que ocupan un territorio mucho mayor que la misma.

Asimismo, este alto funcionario recalca que la explotación será realizada respetando “la ecología y la biodiversidad”. Realmente muchos estamos interesados en saber cómo se va a lograr esta protección y cuáles serán los procedimientos y tecnologías que serán usados en los procesos de control ambiental que serán usados.

Esto sería importante porque, es asunto conocido que, una de las actividades que generan un mayor impacto ambiental en todo el mundo es la actividad minera. Por lo que sorprende esta declaración y mueve al escepticismo. Una pequeña investigación en Internet pudiera permitir a cualquier técnico del Ministerio de “Minería Ecológica” revisar la larga lista de accidentes catastróficos, graves daños ambientales y conflictos sociales asociados a la minería acaecidos en una gran cantidad de países, incluso en fechas recientes.

Por ello, felicitamos al ministro Arreaza por su loable actitud e interés en hacer de su gestión un hito memorable al posiblemente haber obtenido el acceso a tecnologías totalmente novedosas y desconocidas en el país,  y, en tal sentido, le solicitamos que informe al país sobre los procedimientos que serán utilizados para proteger los bosques, cuencas y la biodiversidad regional, control de la contaminación generada, así como los impactos socio-culturales y las medidas para la protección de los derechos de las comunidades locales.

También de estas declaraciones parece desprenderse que el señor ministro  puede haber caído en cuenta que el Arco Minero del Orinoco incluye zonas de protección (me imagino que quiso decir Áreas Bajo Régimen de Administración Especial) y territorios indígenas sagrados. Lo interesante es que estas consideraciones habían sido hasta ahora parte importante de las críticas al megaproyecto del Arco Minero, pero no de sus planificadores y promotores.

Adicionalmente, hubiese sido interesante que hubiese hecho algún comentario en relación con los procesos de demarcación de las tierras indígenas prescritas por la Constitución y los Convenios Internacionales, espacios geográficos en los cuales están inmersos esos territorios sagrados. Pero eso ya sería pedir demasiado.

Sobre este mismo punto, uno quisiera suponer que para un alto funcionario gubernamental también debería ser sagrado el cumplimiento de la Constitución, las leyes y la protección de los derechos humanos en particular de los pueblos indígenas. Y como parte importante de estas normas y garantías está el de la consulta previa, libre e informada (recalco lo de previa) a las comunidades indígenas para la realización de proyectos de explotación en sus territorios. Situación que no ocurrió tal como reconoció el gobierno venezolano recientemente.

Asimismo, también parece importante para este alto funcionario manifestar que las zonas explotadas “desarrollará(n) fuentes (económicas) alternativas a la petrolera”. Esta aseveración es enfatizada más adelante en sus propias declaraciones cuando dice: “que cuando se cuantifiquen los recursos, Venezuela podría convertirse en el cuarto país del mundo con mayores reservas de oro, lo que a su vez podrá atraer muchas inversiones extranjeras”.

Interesante esta consideración en un ministro de un gobierno que se precia de “ecosocialista”, enfatizar que el rentismo y el extractivismo petrolero con su largo historial de afectación ambiental y social, tendrá ahora una contrapartida también rentista y extractivista, pero ahora minera, cuyo impacto ambiental y social es aún mucho mayor que la explotación petrolera.

Finalmente, el ministro Arreaza concluye sus declaraciones expresando “Llamamos a quienes levantan la banderas de la ecología contra el Arco Minero del Orinoco a que estudiemos el problema en conjunto”. Invitación que me apresuro a aceptar, ya que me encuentro entre los cientos de venezolanos que hemos opinado que no sólo van a destruir 111 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio, sino que se cometerá el ecocidio y etnocidio más grande que haya sido cometido en Venezuela desde la llegada de los europeos a este territorio.

Ahora bien, si vamos a estudiar el “problema en conjunto”, lo deberemos hacer sobre la base de principios de reconocimiento y respeto mutuo; utilizando como fundamentos la Constitución Nacional, las leyes nacionales, los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, así como la mejor información científica existente. Y su objetivo final será alcanzar decisiones consensuadas y con una amplia base de participación, que busquen incrementar el desarrollo humano tanto de los pobladores locales, como los de los ciudadanos tanto del país, como del resto del mundo.

De lo contrario esta será una declaración insincera e inútil. Tal como ciertos diálogos que zapatean por allí.

Sigue siendo muy válido decir #NoAlArcoMinero




Otros medios que reportaron esta noticia:
  • “Jorge Arreaza: Arco Minero será explotado respetando su ecología” http://www.el-nacional.com/noticias/economia/jorge-arreaza-arco-minero-sera-explotado-respetando-ecologia_85223
  • “Aseguran que se respetará ecología y biodiversidad de Arco Minero” https://www.guayanadigital.com.ve/nacional/aseguran-que-se-respetara-ecologia-y-biodiversidad-de-arco-minero/
  • “Arreaza: Solo se explotará 30% del Arco Minero” https://www.el-carabobeno.com/arreaza-solo-se-explotara-30-del-arco-minero/


domingo, 12 de febrero de 2017

Actos de magia en el Arco Minero del Orinoco




Recientemente en “El Expreso”, diario publicado en Ciudad Bolívar, aparece una noticia con el título: “Comunidad Rabín Rico cumple con lo estipulado en el Arco Minero”.

En la misma se ofrecen las declaraciones del señor Osvaldo Hernández trabajador de una cooperativa minera local. Este trabajador explica que las actividades que están realizando se ajustan a lo “establecido en el Arco Minero… ya que no solo se explota el material aurífero, sino que también se cultiva la tierra y se aplican medidas para minimizar el impacto ambiental que ocasiona el laboreo minero, donde existen áreas bien demarcadas y distantes… con la intención de trabajar sin perjudicarnos entre los que trabajamos aquí, además cumplimos con los reglamentos y normas de la comunidad de San Martín de Turumbán, los cuales están apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Lopci, entre otras leyes…” (las negritas son mías)

Asimismo, presumen en que se han convertido en una referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala (las negritas son mías)

La noticia completa la puede leer en la página 13 de este diario que aquí se muestra en su edición impresa. 

Hasta aquí un resumen de lo que el diario informa. Vamos a ponerle un poco de contexto  a la noticia.

San Martín deTurumbán (o Turumbang), es un poblado localizado en el municipio Sifontes en la región oriental del Estado Bolívar, cercano a la zona en reclamación con Guyana en las orillas del río Cuyuní, a un poco más de 75 Km de Tumeremo. En el mismo confluyen diferentes etnias y grupos no indígenas con diferentes niveles de integración. La población local tiene una compleja historia de situaciones complejas producto de  los conflictos históricos en esa zona de la frontera nacional, luchas territoriales, así como los  problemas sociales y ambientales derivados de una larga tradición de actividad minera.

Por su parte, la mina Rabín Rico, situada a dos horas del pueblo, fue escenario de graves sucesos recientes. Según un artículo publicado en el 2009 en el diario “Nueva Prensa”, la zona estaba bajo el dominio de una banda criminal acusada de controlar mediante la violencia a la actividad minera ilícita, extorsionar a la población y de generar un régimen de terror entre los habitantes. En palabras de personas de la localidad, estos delincuentes “convirtieron los yacimientos del metal precioso al Sur del Estado Bolívar, en un “infierno” del cual desterraron al mismo diablo”. 

Según el mismo artículo, este grupo criminal estaría dirigido por un delincuente conocido como “El Topo”, personaje que adquirió relevancia nacional e internacional en marzo del 2016, luego de su supuesta participación en la masacre de Tumeremo, suceso en la cual fueron asesinadas 28 personas.

Más recientemente, en mayo del año pasado, la zona volvió a ser noticia. Ello debido a que la mina de Rabín Rico fue una de las que fueron tomadas y destruidas por fuerzas militares del ejército venezolano. Tal situación habría ocurrido supuestamente como consecuencia de la masacre de Tumeremo.

Tal acción militar produjo conflictos con los pobladores locales al ser desplazados de las minas los trabajadores que laboraban en ellas. Los afectados eran en su mayoría personas de bajos recursos cuya única fuente de sustento era laborar directa o indirectamente en las mismas.

Menos de un año después, según la noticia aparecida hace unos pocos días en “El Expreso” tenemos una situación totalmente diferente: Una actividad minera sin conflictos, social y ambientalmente responsable, apegada a las leyes y en vías de ser un modelo de convivencia entre la actividad minera y las comunidades locales. Y todo esto como consecuencia del Arco Minero.  

Esto si no es un milagro de los grandes, se le parece.

Pero los prodigios no finalizan aquí. En el artículo se presenta otro acto digno de un gran ilusionista: La desaparición de una parte de la legislación venezolana y su sustitución por un nuevo ordenamiento jurídico sacada; no de una chistera de mago, sino del casco de un minero.

Cuando la persona entrevistada dice que sus actividades están apegadas a la Constitución, la pregunta inmediata que uno se hace es ¿a cuál Constitución?

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año de 1999, en su artículo 120 establece que: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…”. Asimismo, el artículo 129 determina que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural” (las negritas son mías).

En relación con estos mandatos constitucionales, en diciembre pasado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Venezolano reconoció que en el caso del Arco Minero del Orinoco no se habían realizado, ni la consulta previa, ni los estudios de impacto ambiental.

Por su parte, resulta sorprendente la referencia a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) ya que en los artículos 11 y siguientes de esa Ley, desarrollan el artículo 120 de la Constitución Nacional con respecto al mecanismo de consulta previa e informada como requisito para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, condición que como ya vimos no se cumplió.

Igualmente, es digno de asombro leer que en la mina se aplican “medidas para minimizar el impacto ambiental”, sin que como ya sabemos no se hayan realizado estudios de impacto ambiental, instrumentos que definen las medidas de mitigación y compensación necesarias para minimizar el impacto generado por la actividad.

Finalmente, resulta maravilloso enterarnos que la mina se ha convertido en una “referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala”.

Ante esa afirmación, también resulta necesario preguntar:  ¿Cuál nuevo ordenamiento? ¿En qué momento se derogó la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio? Esa es la ley marco que determina las orientaciones y procesos para el ordenamiento territorial de la Nación. A su vez, la misma debe responder al mandato de la Constitución que en su artículo 128 establece que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…” ((las negritas son mías)

Pero por otra parte, si uno lee entre líneas, pudiera deducir que ese nuevo ordenamiento está referido al Decreto que estableció la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco". Es decir, que si entendimos bien, un decreto presidencial produjo la desaparición simultánea de la Constitución y una Ley Orgánica (hay que reconocer que ese increíble acto de prestidigitación contó con la pequeña ayuda de los amigos del TSJ)

No tengo ninguna razón para pensar que el señor Osvaldo Hernández hizo sus declaraciones de mala fe. Pero también me vienen a la cabeza las palabras coerción y cooptación*. Pero lo que parece seguro es que la historia que en ese artículo se cuenta, si no es producto de un acto de magia sobrenatural, es la consecuencia de la mentira, la manipulación y la total ilegalidad que rodea al Arco Minero del Orinoco.

Sólo queda seguir denunciándolo y rechazándolo.

#NoAlArcoMinero 
#AguaSiOroNo 
#LosDerechosAmbientalesSonDDHH




* Cooptar: Captar la adhesión de alguien, generalmente con fines políticos, valiéndose de acciones reprobables.

viernes, 13 de enero de 2017

Un profeta ambiental en el año 2002


La Era Agrícola Nº 2, 2002. Intervención artística del cuadro de Tito Salas "Juramento en el Monte Sacro"
Simón Bolívar: ¿... Y aquellas promesas de Revolución Ecológica? , ¿Y aquello de que un vaso de agua vale más que un gramo de oro?, ¿Y el tendido eléctrico...?! Que va maestro! Yo le juro que en cuestiones ambientales, este país se parece más bien a una Agenda XIX.

Simón Rodríguez: Ay...! Simoncito, es que entre los zorros de la IV y los camaleones de la V, les están dando durísimo a la Madre Naturaleza...

Zorro: Somos una especie de la democracia pseudo representativa sin peligro de extinción... ¡Que viva la guanábana!

Camaleón 1: ... ¿Y el carbón del Zulia, primo?

Camaleón 2: ... Y las concesiones del Delta del Orinoco también...

Camaleón 3: 🎵El decreto de Imataca tiene amigos a montones...🎶

...

Si me hubiesen enseñado recientemente la imagen que estoy compartiendo, hubiese creído que se trata de una campaña actual contra el Arco Minero, la situación ambiental del país o la hipocresía, cinismo y caradurismo del gobierno con respecto a la situación ambiental del país.

Pero la tomé de la revista "
La Era Agrícola" en su número 2 del 2002. Es decir hace 15 años.

No se quién fue el autor de la imagen que apareció en la contraportada de la revista. Pero, por esa ilustración y las opiniones que traía ese número, su editor, Alfredo Lascoutx, fue calificado por funcionarios del gobierno de traidor, nazi y defensor de oscuros intereses y se le retiró el apoyo económico que el Ministerio del Ambiente le daba a la revista (es irónico que en la entrada de la revista a manera de presentación de ese número se le den las gracias al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y a la Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria por el respaldo económico necesario para realizar la publicación)

La misma no sobrevivió a ese ataque y la revista desapareció. 
En palabras actuales de su editor: Ya para ese entonces se comenzaba a borrar el circo ilusionista ambiental.

Con ella se perdió uno de los pocos medios de comunicación que haya existido en el país que discutía de manera crítica, democrática y plural la situación ambiental tanto en su escala nacional como global desde un enfoque de izquierda democrática.

De hecho, esta revista incluía un encartado, que en su número 0 incluyó la primera referencia sobre Ecosocialismo en el país. y en su número 2, desarrolló un extraordinario dossier sobre ecología y democracia con artículos de Arnoldo José Gabaldón, Freddy Mudarra, Luis Carlos Rodríguez y el propio Alfredo Lascoutx. 

Por otra parte, este medio proponía soluciones viables y coherentes con su línea de apoyo a la agricultura ecológica y la vida natural, a la vez que abogaba por un cambio de los patrones de consumo y de relaciones entre las personas y su ambiente.

Demasiada apertura a las ideas para una revolución que nunca creyó en ellas. Demasiada discusión para un gobierno que la palabra discusión libre le produce espasmos y deseos violentos. Demasiada realidad ambiental para un grupo de camaleones que usan el ambiente sólo como un disfraz para sus intereses económicos.

Nos quedó la imagen, la acción honesta y comprometida y sobre todos las ideas. Estas últimas pueden ser silenciadas, pero nunca mueren.

sábado, 10 de diciembre de 2016

Cambio climático y derechos humanos



Imagen tomada de www.cambio16.com



Hoy 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conmemorar esta fecha a lo largo de esta semana hemos estado compartiendo varios artículos relacionados con derechos humanos y temas ambientales.

En el día de hoy comparto con ustedes un excelente artículo de John H. Knox, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente y profesor de Wake Forest University (Estados Unidos).

El artículo analiza el cambio climático desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que permite comprender las relaciones entre los distintos actores, tantos los titulares o poseedores de derechos (los ciudadanos) y los titulares de obligaciones (principalmente el Estado)

En el caso de Venezuela, este enfoque nos permite comprender que la ausencia de acciones efectivas en materia de adaptación al cambio climático, no es solamente un tema de ineficiencia o de prioridades, sino directamente una violación a los derechos humanos de la población del país. Adicionalmente este enfoque nos plantea un mapa de ruta para la acción ciudadana en este tema.

Este artículo está disponible en la página Web del Observatorio Social de "La Caixa". Para ir a esta página marquen aquí

Aunque transcribí el artículo completo en este blog, les recomiendo ir a la fuente original para tener acceso a los gráficos y otros enlaces de interés.


Cambio climático y derechos humanos

John H. Knox, profesor “Henry C. Lauerman” de Derecho Internacional de la Universidad Wake Forest (Estados Unidos) y relator especial de las Naciones Unidas sobre temas de derechos humanos y medio ambiente


El cambio climático pone en peligro el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos. A la inversa, para poder combatirlo eficazmente es necesario ejercer esos derechos, entre ellos los derechos a la información y la participación.

En mi condición de primer relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, doy cuenta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, principal órgano de la ONU a ese respecto, sobre la aplicación de las obligaciones relativas a los derechos humanos al afrontar los problemas medioambientales. Mi último informe, presentado al Consejo en marzo de este año, describe cómo influye el cambio climático en el disfrute de los derechos humanos y las obligaciones que tienen los Estados de afrontar ese cambio (Knox, 2016). El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, supuso un paso importante, pero aún queda mucho por hacer. Los Estados deben aplicar sus compromisos y actuar con rapidez para afianzarlos. Al mismo tiempo, deben asegurarse de que sus medidas contra el cambio climático no ocasionen violaciones de derechos humanos.

En resumen, este artículo describe: (1) de qué maneras amenaza el cambio climático el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida y la salud; (2) las obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el cambio climático, y (3) hasta qué punto el Acuerdo de París responde a esas obligaciones.

1. Repercusiones del cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos

Mary Robinson, anteriormente presidenta de Irlanda y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en la actualidad (agosto de 2016) Enviada especial del Secretario General para el Cambio Climático, ha dicho de este que constituye la principal amenaza para los derechos humanos en el siglo XXI. El cambio climático pone en peligro el disfrute pleno del derecho a la vida, la salud, el agua, el alimento, la vivienda, el desarrollo y la autodeterminación.

Con la subida de la temperatura global, aumenta el número de muertos, heridos y desplazados que ocasionan desastres climáticos como los ciclones tropicales, y también la mortalidad y las enfermedades producidas por olas de calor, sequías, epidemias y desnutrición. Las consecuencias predecibles de un ascenso de incluso 2 ºC en la temperatura media global serán espectaculares. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés), entre ellas figurará una mayor probabilidad de que «se reduzca la productividad laboral, [aumenten] la morbilidad (por ejemplo, por deshidratación, insolación y golpe de calor) y la mortalidad durante olas de calor. Estarán especialmente en peligro los obreros agrícolas y de la construcción, así como los niños, los indigentes, los ancianos y las mujeres que tienen que caminar durante horas y horas para buscar agua» (IPCC 2014, p. 811).

El cambio climático agravará el problema del acceso al agua potable segura, del que actualmente carecen unos 1.100 millones de personas. Se calcula que alrededor del 8% de la población mundial verá gravemente reducidos sus recursos hídricos si la temperatura mundial sube una media de 1 ºC y que ese porcentaje llegaría al 14% si el aumento es de 2 ºC (IPCC 2014, p. 250). En términos más generales, se pronostica que la reducción de las precipitaciones y las capas de nieve, y el incremento de la evaporación y la contaminación de las fuentes de agua dulce por el aumento del nivel del mar reducirán la disponibilidad de agua en la mayoría de las regiones subtropicales secas y harán más frecuentes las sequías en muchas zonas ya de por sí secas (UNEP 2015a, p. 3).

El cambio climático pone en peligro el pleno disfrute del derecho a la vida, la salud, el agua, el alimento, la vivienda, el desarrollo y la autodeterminación.
Respecto al derecho a la alimentación, el cambio climático ya está perjudicando a la capacidad de algunas comunidades para alimentarse y el número de afectados aumentará al subir las temperaturas.
Según el IPCC, «todos los aspectos de la seguridad alimentaria se ven potencialmente afectados por el cambio climático, entre ellos el acceso a los alimentos, así como su consumo y la estabilidad de sus precios» (IPCC 2014, p. 488). Es muy probable que el cambio climático influya negativamente en la producción de cultivos importantes como el trigo, el arroz y el maíz, tanto en las regiones tropicales como en las templadas (UNEP 2015a, p. 5).

Los peores efectos del cambio climático los aprecian quienes ya de por sí son vulnerables a causa de factores como la geografía, la pobreza, el género, la edad, el carácter indígena o minoritario, el origen nacional o social y la discapacidad. En palabras del IPCC, «Los marginados por razones sociales, económicas, culturales, políticas, institucionales o de otra índole son especialmente vulnerables al cambio climático y también a ciertas medidas de adaptación y mitigación del mismo» (IPCC 2014, p. 6). El Grupo señala que «las consecuencias futuras del cambio climático, que van desde el corto al largo plazo, y esperando mayormente una subida de 2 ºC, ralentizarán el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, deteriorarán aún más la seguridad alimentaria y pondrán nuevas trampas a la pobreza, sobre todo en las zonas urbanas y los nuevos puntos candentes del hambre» (IPCC 2014, p. 796). El cambio climático también contribuirá a la migración forzosa. Sin embargo, quizá los más vulnerables no puedan emigrar y permanezcan en lugares sometidos a los rigores producidos por ese cambio.
El cambio climático pone en peligro la propia existencia de ciertos pequeños Estados insulares. El calentamiento global extiende las aguas oceánicas y derrite los hielos continentales, subiendo el nivel del mar. Mucho antes de que las islas queden anegadas, puede que el cambio climático las vuelva inhabitables al incrementar la frecuencia y la virulencia de los episodios tormentosos o al provocar la invasión de las fuentes de agua dulce por el agua marina. Si los habitantes de los pequeños Estados insulares se ven obligados a evacuarlos y buscarse otra residencia, las consecuencias para sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la autodeterminación y el desarrollo, serán devastadoras.
El cambio climático también pone en peligro otras formas de vida con las que compartimos el planeta. De su progresivo calentamiento se derivarán consecuencias cada vez más desastrosas. Según un estudio, si las temperaturas del mundo llegaran a subir más de 2 ºC, llegando a 3 ºC, entre el 20% y el 30% de las especies vegetales y animales evaluadas podrían sufrir un elevado riesgo de extinción (IPCC 2014, p. 1053). Si otras especies quedaran diezmadas los seres humanos también se verían perjudicados. Respecto al derecho a la salud, por ejemplo, el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático señala que la pérdida de diversidad biológica «puede incrementar la trasmisión de enfermedades infecciosas como la de Lyme, la esquistosomiasis y el hantavirus a los seres humanos». (IPCC 2014, p. 1054)

Al quedar más claras las consecuencias del cambio climático sobre los seres humanos ha ido aumentando la atención que organismos nacionales e internacionales prestan a la relación entre esa transformación y los derechos humanos. Un importante hito fue la Declaración de Malé sobre la Dimensión Humana del Cambio Climático Global, firmada en noviembre de 2007 por representantes de pequeños Estados insulares en desarrollo. Por primera vez, los Estados reconocían abiertamente que el cambio climático tiene «repercusiones claras e inmediatas para el disfrute pleno de los derechos humanos», entre ellos el derecho a la vida, a un nivel de vida satisfactorio y al mayor nivel sanitario que se pueda alcanzar.

Desde entonces, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha acordado que el cambio climático supone una amenaza inmediata y trascendental para personas y comunidades de todo el mundo, que influirá en el disfrute pleno de los derechos humanos y que «las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales y nacionales en la esfera del cambio climático y fomentar su coherencia y legitimidad y resultados sostenibles».

Organismos de defensa de los derechos humanos y medioambientales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH/OHCHR), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP) y el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) han publicado informes que describen las amenazas que conlleva el cambio climático para el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, la salud, el alimento, el agua, una vivienda adecuada y la autodeterminación (por ejemplo, OHCHR 2009; UNEPa, 2015; UNICEF 2015). El 5 de junio de 2015, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas hicieron pública una declaración conjunta describiendo los devastadores efectos que para los derechos humanos tendría hasta una subida de la temperatura global de 2 ºC. Antes de que la Conferencia de las Partes volviera a reunirse en París en diciembre de 2015, dentro de la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC/UNFCCC), 30 Gobiernos suscribieron el Compromiso de Ginebra para los Derechos Humanos en la Acción Climática, un gesto voluntario promovido por Costa Rica, mediante el cual los Estados prometen facilitar el intercambio de los conocimientos y las mejores prácticas entre expertos nacionales en clima y derechos humanos.

La creciente atención que suscitan el cambio climático y los derechos humanos culminó en las conversaciones de París, cuyo Acuerdo es el primero de índole climática y uno de los primeros de su especie en reconocer abiertamente la relevancia de los derechos humanos.

Así dice su preámbulo:

"las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional."

Por otra parte, el reconocimiento creciente de los efectos desastrosos del cambio climático sobre los derechos humanos contribuyó a respaldar la decisión tomada por las partes que, en el artículo 2, afirman que el Acuerdo «tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático… y para ello mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático». (UNFCCC 2015).

2. Obligaciones en materia de derechos humanos relacionadas con el cambio climático

De los previsibles efectos adversos que tendrá el cambio climático sobre el disfrute de los derechos humanos emana el deber que tienen los Estados de tomar medidas para protegerlos de dichos efectos. Las obligaciones en materia de derechos humanos no solo tienen que ver con el grado de protección climática que ha de adoptarse, sino con las medidas de mitigación y adaptación en las que se basa esa protección.

Las obligaciones en materia de derechos humanos que hay que cumplir al proteger el medio ambiente pueden ser procedimentales y substantivas. Además, los Estados tienen todavía más obligaciones con aquellos que son especialmente vulnerables a los perjuicios de carácter medioambiental. Entre las obligaciones procedimentales figuran el deber de: (a) evaluar las repercusiones medioambientales y hacer pública la información al respecto; (b) facilitar la participación de la población en la toma de decisiones medioambientales, protegiendo también los derechos a la libertad de expresión y asociación, y (c) proporcionar acceso a reparaciones en caso de sufrir daños. Esas obligaciones también están avaladas por instrumentos medioambientales internacionales como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación y la reparación contribuye a garantizar que las acciones propuestas protejan el medio ambiente del que todos los derechos humanos dependen.

Así, por ejemplo, y siempre que sea posible, los Estados deberían evaluar las repercusiones medioambientales de las principales actividades realizadas dentro de su jurisdicción. Esas evaluaciones son una forma importante de aclarar las repercusiones, principalmente sobre comunidades vulnerables. Los Estados también deben poner a disposición del público la información relativa al cambio climático y posibilitar su participación en el desarrollo de las políticas medioambientales. Para ser eficaz, esa participación debe contemplar una provisión de información pública que permita a los interesados entender y debatir la situación en cuestión, incluidos los posibles efectos de cada proyecto o política, y también posibilitar realmente que se escuchen las opiniones de los afectados y que influyan en la toma de decisiones. Estos principios son de especial importancia para quienes pertenecen a grupos marginados o vulnerables. Y son requisitos que no solo deben tenerse en cuenta al decidir qué grado de protección medioambiental se aplica, sino al considerar qué medidas sirven para protegerse. Las decisiones sobre proyectos de mitigación o adaptación deben tomarse con la participación informada de los afectados.

Para permitir la participación informada del público, hay que salvaguardar los derechos a la libertad de expresión y asociación de los relacionados con acciones en pro del medioambiente, incluidos quienes se oponen a proyectos concebidos para mitigar el cambio climático o adaptarse a él. Intentar reprimir a quienes, de manera individual o colectiva, expresan sus ideas sobre políticas o proyectos relacionados con el medio ambiente constituye una violación de sus derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de no inmiscuirse en el ejercicio de los derechos y también de proteger de amenazas, acoso y toda clase de violencia a quienes los ejercen.

En el entorno internacional, los Estados deben garantizar que los proyectos medioambientales sufragados por mecanismos de financiamiento climático respeten y protejan los derechos humanos, incluyendo los derechos a la información, la participación y la libertad de expresión y asociación. En la actualidad, esos mecanismos presentan diversos niveles de protección. Algunos, como el Fondo de Adaptación, ofrecen garantías que se suelen considerar satisfactorias, en tanto que otros, como el Mecanismo para el Desarrollo Limpio, se han criticado por no contemplar las oportunas consultas con los interesados, con lo que, a través de desplazamientos y la destrucción de medios de vida, incurren en violaciones de derechos humanos. Después de París, hay que fortalecer y uniformizar, de manera general, las garantías.

La obligación fundamental que tienen todos los Estados de proteger, dentro de su jurisdicción, a quienes pueden verse negativamente afectados por el cambio climático está relativamente clara en lo tocante a las medidas de adaptación. Los Estados deben dotarse de un marco legal que ayude a sus administrados a adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático. Aunque, teniendo en cuenta su situación económica y otras prioridades nacionales, los Estados gozan de cierta discrecionalidad para decidir qué medidas han de adoptar, deben asegurarse de que estas emanen de un proceso que contemple la participación informada de la población, que tengan en cuenta las normas nacionales y extranjeras, y que no sean ni regresivas ni discriminatorias. Finalmente, una vez aprobadas las medidas, los Estados deben asegurarse de que se apliquen.

Más complicada es la situación respecto a la mitigación. La mayoría de los países no emiten gases de efecto invernadero en cantidades que ocasionen, por sí solas, consecuencias apreciables para su propio pueblo o para los residentes en terceros países. En consecuencia, para evitar los efectos del cambio climático, no basta con que los Estados reduzcan sus propias emisiones. Además, aunque puede que las emisiones de los países más grandes sí influyan de manera apreciable en las repercusiones que tiene el cambio climático sobre sus propios habitantes, mientras las emisiones de los demás Estados sigan aumentando, ninguno podrá evitar, por sí solo, que esos efectos sigan produciéndose. Esto no significa que, en virtud de la legislación sobre derechos humanos, los Estados no tienen la obligación de mitigar sus propias emisiones, pero sí da a entender que, para comprender la naturaleza de esa obligación, es necesario ponderar el papel de la cooperación internacional.

En su Artículo 55, la Carta de las Naciones Unidas exige a esta organización que promueva «el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos», en tanto que en el Artículo 56 afirma que «Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55». De igual manera, el Artículo 2(1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige a las partes que adopten medidas, no solo por separado, sino «mediante la asistencia y la cooperación internacionales», para lograr progresivamente el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto.

En lo tocante a las múltiples amenazas que sufren los derechos humanos, la cooperación internacional solo juega un papel de apoyo. Los perjuicios medioambientales cuyas causas y repercusiones atañen a la jurisdicción de un Estado puede y debe afrontarlos principalmente ese Estado. Pero el cambio climático es el ejemplo paradigmático de una amenaza global que es imposible afrontar eficazmente sin una acción internacional coordinada. Los propios Estados han reconocido en la CMNUCC que «la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada». (UN 1992)

El deber de la cooperación internacional no consiste en exigir a todos los Estados que tomen exactamente las mismas medidas ante el cambio climático. La redacción del CMNUCC aboga por la cooperación entre los Estados, pero inmediatamente añade que hay que "tener en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes situaciones sociales y económicas». Los Estados tienen el deber de colaborar unos con otros para afrontar el cambio climático, pero las necesarias y pertinentes responsabilidades de cada uno emanarán en parte de su propia situación.

3. Una evaluación del Acuerdo de París

En el CMNUCC los Estados acordaron que su objetivo es la «estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático». Ha quedado patente que hasta un incremento de 2 ºC tendría consecuencias drásticas para el disfrute pleno de los derechos humanos. Este objetivo concuerda con la obligación que tienen los Estados de proteger los derechos humanos frente a los efectos nocivos del cambio climático, actuando de forma concertada en cumplimiento del deber de cooperación internacional. Las normativas en materia de derechos humanos conceden a los Estados cierta discrecionalidad a la hora de decidir cuál es la mejor manera de conjugar la obligación de proteger frente a los efectos medioambientales nocivos con la defensa de otros intereses legítimos, pero esa discrecionalidad debe ejercerse sin perder de vista todos los factores pertinentes. La aplicación de dichos factores al régimen climático internacional indica que los Estados han llegado a un equilibrio razonable en muchos aspectos y que su proceso de toma de decisiones se basa en evaluaciones científicas detalladas y difundidas públicamente. El acuerdo surgido de ese proceso tiene en cuenta normas internacionales, incluidas las relativas a los derechos humanos, y no es regresivo. Tampoco parece que sea discriminatorio, ya que incorpora cláusulas concebidas para afrontar las preocupaciones de los países y las comunidades más vulnerables.

No obstante, en ciertos aspectos el Acuerdo de París se queda corto. Afronta la mitigación pidiendo sobre todo a las partes que preparen sus propias y decididas aportaciones nacionales. El problema no radica en que el Acuerdo permita a cada Estado decidir por su cuenta qué aportación se compromete a hacer, sino que las aportaciones propuestas no van lo suficientemente lejos. Es loable que casi todos los Estados del mundo hayan presentado sus decididas y previstas aportaciones nacionales, pero, ni siquiera en el caso de que se aplicaran podría el planeta llegar a evitar las desastrosas consecuencias que sufrirían los derechos humanos. El PNUMA/UNEP ha determinado que la completa puesta en práctica de esas aportaciones produciría en 2030 un nivel de emisiones que con toda probabilidad ocasionara un incremento global de la temperatura bastante superior a 2 ºC y muy probablemente rebasara los 3 ºC (UNEPb, 2015). En consecuencia, aunque los Estados cumplieran sus compromisos actuales, no satisfarían sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Los Estados deben aplicar en su totalidad los compromisos emanados del Acuerdo de París y consolidar sus compromisos futuros, con el fin de conseguir que el cambio climático no tenga consecuencias catastróficas para los derechos humanos.

Por lo tanto, desde este punto de vista, no solo es necesario poner en práctica las previstas aportaciones actuales, sino fortalecerlas para responder al objetivo fijado en el Artículo 2 del Acuerdo de París. Los Estados son conscientes de la discrepancia existente entre sus compromisos actuales y su objetivo común, y en París acordaron revisar, a partir de 2018, la pertinencia de sus compromisos mediante balances quinquenales. Sin embargo, ya está claro que los Estados, si quieren acabar con la discrepancia entre lo prometido y lo necesario, deben comenzar a ir más allá de sus compromisos actuales, aun antes del primer balance.

Otros elementos del régimen climático internacional también son esenciales para la aplicación del deber de cooperación internacional. Por ejemplo, el Artículo 7 (7) del Acuerdo de París hace un llamamiento a las partes para que fortalezcan su cooperación a la hora de fomentar acciones para la adaptación, entre ellas las relativas a compartir información, mejorar la eficacia de las acciones de adaptación y ayudar a los países en desarrollo. Además, los países desarrollados reiteraron en París que se comprometían a ayudar a los que están en desarrollo tanto con la mitigación como con la adaptación. En concreto, la Conferencia de las Partes afirmó que los países desarrollados pretenden continuar con su actual objetivo de movilización colectiva, que se expresa en 100.000 millones de dólares anuales en 2010, y que antes de 2025 los firmantes del Acuerdo de París fijarán un nuevo objetivo, cuantificado en un mínimo de 100.000 millones de dólares anuales, que tendrá en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.

La normativa de derechos humanos relacionada con la protección del medio ambiente dicta que los Estados, una vez aprobadas medidas para proteger esos derechos de los perjuicios medioambientales, deben ponerlas en marcha. Los compromisos emanados del Acuerdo de París forman parte de la decisión colectiva que han tomado los Estados de afrontar el cambio climático. Todos esos compromisos, tanto los de ayuda como los de mitigación y adaptación, deben aplicarse en su totalidad y con la energía necesaria para protegerse de los efectos que pueda tener el cambio climático sobre los derechos humanos.

4. Conclusión

Desde la Declaración de Malé hasta el Acuerdo de París ha quedado claro que la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo son necesarios para proteger los derechos humanos, y que el ejercicio de estos derechos sirve para conseguir acciones medioambientales enérgicas y eficaces. Hay que seguir promoviendo e intensificando las iniciativas destinadas a que las leyes sobre derechos humanos influyan en las medidas contra el cambio climático. Para que este no tenga consecuencias catastróficas sobre los derechos humanos, los Estados deben aplicar en su totalidad los compromisos emanados del Acuerdo de París y ahondar en sus compromisos de futuro.

5. Referencias

Independent expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment (2013): Mapping human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/192/11/PDF/G1319211.pdf?OpenElement]´

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Working Group II (2014): Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability [http://www.ipcc-wg2.gov/AR5/; resumen en castellano (Cambio climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad): https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf].

Knox, J.H. (2016): Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment: climate change, U.N. Doc. A/HRC/31/52 (1 de febrero de 2016) [en castellano: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/75/PDF/G1601575.pdf?OpenElement]

Knox, J.H. (2013): Mapping report. Report of the Independent Expert on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, U.N. Doc. A/HRC/25/53 (30 de diciembre de 2013) [en castellano: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/192/14/PDF/G1319214.pdf?OpenElement]

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2009): Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, U.N. Doc. A/HRC/10/61 (15 de enero de 2009) [en castellano (Informe de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la relación entre el cambio climático y los derechos humanos): http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7033.pdf?view=1]

United Nations (2015): Paris Agreement [https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf; en castellano: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09r01s.pdf]
United Nations (1992): United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf; en castellano (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático): https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf].

United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2015): Unless we act now: the impact of climate change on children [http://www.unicef.org/publications/index_86337.html].

United Nations Environment Programme (UNEP) (2015a): Climate change and human rights [http://www.unep.org/NewsCentre/default.aspx?DocumentID=26856&ArticleID=35630].

United Nations Environment Programme (UNEP) (2015b): The emissions gap report [http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_301115_lores.pdf; informe de síntesis en castellano (Informe de 2015 sobre la disparidad en las emisiones): http://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_ES.pdf].

United Nations Human Rights Council: Resoluciones 7/23 (28 de marzo de 2008), 10/4 (25 de marzo de 2009), 18/22 (30 de septiembre de 2011), 26/27 (27 de junio de 2014) y 29/15 (2 de julio de 2015).





viernes, 9 de diciembre de 2016

Saneamiento: un imperativo​ de derechos humanos






El próximo día 10 de diciembre es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conmemorar esa fecha estaremos enviando varios artículos relacionados con derechos humanos y temas ambientales.

En el día de hoy comparto un excelente documento titulado "Saneamiento: un imperativo​ de derechos humanos" publicado en el 2008 por las organizaciones Cohre, Water Aid y UN-Habitat.

El mismo discute la importancia del saneamiento desde un enfoque de derechos, considerando al saneamiento como el acceso a, y el uso de, instalaciones y servicios para excretas humanas y aguas residuales con privacidad y dignidad, asegurando un ambiente limpio y sano para todos. 

Este derecho está siendo vulnerado de manera muy importante este momento en Venezuela, ya que no sólo tenemos acceso restringido al agua potable, sino que el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas en muchas comunidades e instalaciones hospitalarias, educativas y penales, así como la disposición y tratamiento de aguas residuales es prácticamente nulo. Por ello, la población está siendo afectada de manera grave por la contaminación de las aguas, lo que genera deterioro de su salud, así como de los ecosistemas y recursos necesarios para su supervivencia y desarrollo humano.

AL final del artículo el enlace les lleva directa a una página de descarga del documento en pdf. No dejen de hacerlo el texto realmente vale la pena revisarlo en su totalidad y divulgarlo entre todos los interesados. 


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Saneamiento: un imperativo
​ 
de derechos humanos


"El agua potable y el saneamiento no se refieren únicamente a la higiene y a las enfermedades, sino
​ 
que también involucran a la dignidad. (…) ello significa que TODAS las personas en el mundo
​ 
tenemos derecho a una vida saludable y digna. En otras palabras: todos tenemos derecho al
​ 
saneamiento". 
Príncipe Guillermo de Orange, Presidente de la Junta Consultiva sobre Agua y
​ 
Saneamiento del Secretario General de las 
​N​
aciones Unidas.


La centralidad del saneamiento
​ 
para el desarrollo

2,5 billones de personas carecen de acceso al saneamiento
​ 
básico. Se debe destacar que la meta de los Objetivos de
​ 
Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de
​ 
personas que carecen de acceso al saneamiento para el año
​ 
2015 es una de las metas que más lejos está de ser alcanzada.

El impacto de la falta de saneamiento en la salud, la educación
​ 
y el crecimiento económico es profundo. Cada día, por lo
​ 
menos cinco mil niños menores de cinco años fallecen a causa
​ 
de diarrea, una enfermedad directamente relacionada con la
​ 
falta de saneamiento. La falta de saneamiento adecuado en las
​ 
escuelas es un obstáculo crítico para la asistencia escolar,
​ 
especialmente para las niñas. Los gastos en que incurren tanto
​ 
individuos como el gobierno para subsanar la falta de salud y
​ 
de educación es, por lo menos, nueve veces mayor que el
costo de solucionar el problema del saneamiento.

¿Qué significa "saneamiento" en términos de
​ 
derechos humanos?

Saneamiento es el acceso a, y el uso de, instalaciones y servicios para excretas humanas y aguas
​ 
residuales con privacidad y dignidad, asegurando un ambiente limpio y sano para todos.

‘Instalaciones y servicios’ deben incluir la recolección, el transporte, el tratamiento y la disposición de las
​ ​e
xcretas humanas, aguas residuales domésticas y residuos sólidos, en conjunto con la promoción de la higiene.

En concreto, en materia de derechos humanos, el saneamiento debe cumplir con los siguientes requisitos:
​ 
  • Seguridad: El saneamiento debe prevenir efectivamente que los seres humanos, los animales y los
    ​ 
    insectos entren en contacto con las excretas. Los sanitarios (e incluso las letrinas) deben proporcionar
    ​ 
    privacidad y un ambiente seguro y digno a todos los usuarios. Debe haber agua disponible para higiene
    ​ 
    personal así como instalaciones que realicen la eliminación segura de aguas residuales.
  • Accesibilidad Física: Los sanitarios deben estar adentro o en la cercanía inmediata de todo hogar,
    ​ 
    institución educativa o lugar de trabajo y disponibles para ser utilizados a toda hora del día o la noche.
    ​ 
    Además, deben contar con los servicios relacionados, tales como la remoción de las aguas residuales,
    ​ 
    sistemas de cloacas o el desagote de letrinas. Es menester que existan instalaciones apropiadas y
    ​ 
    disponibles para niños, discapacitados y personas mayores. Con el fin de prevenir enfermedades, los
    ​ 
    sanitarios deben estar disponibles y ser utilizados por todas las personas que se encuentren en el lugar.
  • Asequibilidad: El acceso al saneamiento, incluso su mantenimiento, debe ser económicamente accesible.
    ​ 
    No debe afectar la capacidad de los individuos o de los hogares de adquirir otros bienes y servicios
    ​ 
    esenciales, tale como la alimentación, la educación y la salud.
  • Adecuación cultural: La construcción y el diseño de las letrinas deben ser culturalmente apropiados. En
    ​ 
    general, será necesario construir sanitarios diferentes para damas y para caballeros -especialmente
    ​ 
    cuando se trate de escuelas- para asegurar la privacidad, dignidad y seguridad de los usuarios.

¿Cómo los derechos
​ 
humanos ayudan a enfrentar
​ 
la crisis del saneamiento?

Considerar que el saneamiento es un derecho humano
​ 
modifica el enfoque de las soluciones técnicas para
​ 
asegurar que el marco político y legislativo otorgue
​ 
acceso al saneamiento.

Reconocer el saneamiento como un derecho humano:

  • Demuestra que el saneamiento es un derecho de
    ​ 
    aplicación inmediata,
     no caridad. La sociedad civil
    ​ 
    puede plantear el asunto como un derecho para
    ​ 
    así aumentar el perfil político de la importancia del
    ​ 
    acceso a los servicios de saneamiento.
  • Requiere un alto grado de responsabilidad por
    ​ 
    parte de todos aquellos que están a cargo de
    ​ 
    asegurar que el saneamiento esté al alcance de
    ​ 
    todos. Tanto individuos como grupos pueden
    ​ 
    demandar la implementación del derecho al
    ​ 
    saneamiento a través de actividades de incidencia
    ​. 
    sobre sus gobiernos, así como buscar compensación
    ​ 
    en las comisiones nacionales de derechos humanos y
    ​ 
    los tribunales o a través de organismos
    ​ 
    internacionales de derechos humanos.
    ​ 
  • Requiere diseminación de información y
    ​ 
    participación auténtica 
    en la tomada de decisiones.A pesar de que en la actualidad la participación es
    ​ 
    vista como una mejor práctica para el desarrollo,
    ​ 
    siguen prevaleciendo los procesos centralizados de
    ​ 
    planeamiento, los cuales puede desatender las
    ​ 
    necesidades de varios usuarios.
  • Hace foco sobre los grupos más vulnerables y
    ​ 
    marginados
    ; grupos que históricamente han sido
    ​ 
    discriminados y olvidados, tales como las personas
    ​ 
    que viven en asentamientos informales.
  • Define requisitos mínimos para el saneamiento.
  • Brinda un marco y normas generales para el
    ​ 
    desarrollo y reforma de políticas y planes públicos,
    ​ 
    para dar prioridad a los recursos y para
    ​ 
    monitorear la implementación.

Cuáles son las obligaciones de los gobiernos para
​ 
implementar este derecho?

Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho al saneamiento y para ello deben hacer
​ 
uso de todos los recursos disponibles de manera a realizar progresivamente el derecho.

Respeto: Los gobiernos no deben impedir que la gente tenga acceso al saneamiento: por ejemplo, no deben interferir
​ 
arbitrariamente en las costumbres o tradiciones relativas al saneamiento, sin proporcionar una alternativa aceptable.
Protección: Los gobiernos tienen la obligación de prevenir que tanto individuos como grupos limiten a otros el
​ 
acceso al saneamiento seguro, por ejemplo, al cobrar una suma excesiva para el uso de los sanitarios.
​ 
Cumplimiento: Los gobiernos deben facilitar el acceso al saneamiento asegurando que existan normas y
​ 
reglamentaciones para asistir a los individuos en la construcción y el mantenimiento de los sanitarios. Los gobiernos
​ 
deben promover el derecho a través de publicidad y educación respecto a la higiene. Cuando los individuos o grupos
​ 
se vean imposibilitados de proveer servicios de saneamiento para sí mismos, los gobiernos deben garantizar la
​ 
asistencia necesaria, incluyendo información, entrenamiento y el acceso a la tierra.

Las principales acciones adoptadas por los gobiernos deben ser:
  • Rev
    ​isar
     leyes, políticas, estrategias y finanzas con el fin de asegurar que se está brindando suficiente prioridad al
    ​ 
    tema del saneamiento, que se lo trate como un derecho y que la legislación vigente es apropiada.
  • Asegurar que los grupos marginales y vulnerables tengan acceso a los servicios de saneamiento.
  • Asegurar que se estén aplicando las técnicas más apropiadas de recolección, transporte, tratamiento,
    ​ 
    disposición y reciclado de la excreta.
  • Poner a disponibilidad tierras para los elementos esenciales que aseguran el saneamiento, tales como baños
    ​ 
    públicos y plantas locales de tratamiento.
  • Asegurar, en forma urgente, que todas las personas tengan acceso a educación sobre la higiene adaptada a
    ​ 
    sus necesidades.
  • En cuanto a los países de mayor riqueza, proveer asistencia financiera y técnica, con prioridad en el
    ​ 
    saneamiento para los más pobres.

Los usuarios tienen una responsabilidad fundamental a la hora de asegurar el derecho al saneamiento, incluso por medio
​ 
de la utilización de las instalaciones sanitarias disponibles. El derecho al saneamiento no exige que los gobiernos:
  • Proporcionen sistemas cloacales o de 
    ​drenaje
     de letrinas gratuitos para toda la población: los individuos y
    ​ 
    hogares deben colaborar con los costos del servicio.
  • Construyan sanitarios de uso doméstico. Los gobiernos deben asegurarse de que existan normas apropiadas,
    ​ 
    un ambiente favorable y el apoyo necesario a los hogares, propietarios, operadores de instituciones públicas
    ​ 
    y empresarios para que se construyan sanitarios adecuados a las necesidades y preferencias de los usuarios.
  • Proporcionen servicios cloacales para toda la población. En determinados ambientes, patrones diferentes,
    ​ 
    tales como sanitarios con fosas sépticas, letrinas de pozo o saneamiento ecológico, pueden ser considerados
    ​ 
    adecuados.


​Para acceder al resto del documento marque aquí​ (abrirá una ventana para descargar el documento en pdf)


Se sugiere que este  documento se citado como:

COHRE, WaterAid, COSUDE y UN-HABITAT, Saneamiento:Un imperativo de derechos humanos. (Ginebra 2008)

M​ás información sobre derecho al agua potable
 y al saneamiento:

viernes, 16 de septiembre de 2016

La Sociedad Civil de Venezuela avanza en la lucha contra el cambio climático


Recientemente, un grupo de representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezuela estuvimos participando del Seminario Regional sobre Cambio Climático para Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina apoyado por la Unión Europea. El mismo se realizó los días 13 y 14 de septiembre pasados en Ciudad de Panamá, Panamá.

En el evento estuvieron presentes más de setenta representantes provenientes de 18 países de la región.

El objetivo principal de la reunión fue proponer recomendaciones para que la sociedad civil contribuya con la implementación de las Contribuciones Nacionales (INDC) en materia de cambio climático.

Los representantes de Venezuela, en el contexto de nuestra realidad social y política, llevamos propuestas concretas y recomendaciones que habíamos consensuado previamente. Los mismos acordamos realizar una serie de actividades de articulación que nos permitan hacerle seguimiento a las acciones de mitigación y adaptación que se comprometió el gobierno de Venezuela en el marco del Acuerdo de París y exigirle  al mismo desarrollar una política sobre cambio climático creíble, transparente y participativa.

Las organizaciones que estuvimos como representantes por Venezuela fueron: la Fundación Tierra Viva (Alejandro Luy), Provita (Carlos Pelaez), A.C. Cesap (Abelina Caro), Gente de Soluciones (Carmelo Ecarri), la UNET (Haydee Peña) y la Red Ara en conjunto con la Coalición Clima21 (Alejandro Álvarez).






miércoles, 13 de julio de 2016

Poniéndole lacitos a las noticias ambientales





Para nadie es sorpresa los malabarismos que realizan los editores del periódico Últimas Noticias para titular sus "noticias". Eso con el fin de mantener la idea de un periódico popular, donde lo popular lo entienden como lo chabacano, así como seguir pintándonos un país donde todo funciona muy bien, sin importar la terca realidad que nos rodea. Es la comunicación entendida desde la ignorancia y la propaganda política.

Por supuesto que las noticias ambientales no escapan a esta particular manera de entender el periodismo. Así que tampoco es sorpresa un titular que diga que "Le dan un cariñito al vertedero de Machiques".

Un periódico serio nos debería informar que los vertederos, todos ellos, son ilegales y no deberían existir. Que las autoridades municipales están obligadas a eliminarlos. Que los mismos son importantes fuentes de contaminación, daño a la salud humana, contribución a los gases de invernadero. Y que son espacios de degradación humana y centro de enormes negociados y corrupción.

Un periódico honesto debería averiguar por cuáles razones éstos no han sido eliminados o informar sobre cuáles son los planes existentes para cerrarlos y construir rellenos sanitarios que cumplan con la ley y más importante: que salvaguarden nuestros derechos a la salud y a un medio ambiente sano.

Un periódico con sensibilidad nos debería mostrar el horror ambiental y humano que representan estos basurales legalizados a fuerza de ignorar la ley por razones generalmente deshonestas.

Asimismo, un periódico acucioso con las noticias pudiera preguntarse por qué aún en Venezuela desperdiciamos grandes cantidades de materia prima echándolos a la basura y, a pesar de las leyes existentes, aún no tenemos un sistema nacional de recuperación de esos materiales, pero mientras tanto seguimos corriendo la arruga de los vertederos a cielo abierto.

Será que aún no entienden la idea de que "periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda“.

Pero que lindo es decir que le van a dar un "cariñito" al vertedero. Como si esa acción solucionara alguno de los problemas existentes.

A este paso, en muy poco tiempo leeremos en ese periódico que le van a dar "un cariñito" a los malandros y vendedores de droga de algún municipio del país.

Al final es claro que la porquería no desaparece ni que le pongan lacitos rosados.