lunes, 26 de junio de 2017

Acabando con el ecosistema (y con la ética periodística)


Tomado del Portal Qué Pasa


Leo en el portal de noticias “Qué Pasa” una noticia bajo el título: “Protestas en el país están acabando con el ecosistema”, precedido con el antetítulo: “Ya no se puede más”.

En la misma, el  autor de la nota  reporta los supuestos daños que se estarían produciendo en la ciudad de Maracaibo debido a la destrucción de árboles para usarlos como parte de las barricadas utilizadas en algunas manifestaciones de protesta  realizadas como parte del repudio al llamado a una “Constituyente Comunal” y a partir de “ese hecho” critica duramente como “los Marabinos … han tenido que presenciar como han hecho un ecocidio para trancar las principales avenidas y calles de la ciudad.”

Este es un refrito de lo ocurrido en el 2014 en el cual funcionarios gubernamentales  denunciaron ante el Ministerio Público el “ecocidio” supuestamente cometido por los manifestantes durante los conflictos sociales ocurridos en ese año hablando de miles de árboles destruidos; incluso llegaron a amenazar a los supuestos perpetradores de estos hechos de utilizar la Ley Penal del Ambiente contra los mismos.

En ese momento escribí sobre el despropósito de hablar de “ecocidio” en el país donde los derechos ambientales de los venezolanos son violados de todas las maneras y en el cual mueren cada día niños producto de aguas contaminadas, de enfermedades en cuyo origen está un tema ambiental y por desnutrición en un país con capacidad ambiental para alimentar de manera más que suficiente y adecuada a sus pobladores.

Reitero lo dicho en esa ocasión, que, si realmente se están destruyendo los pocos árboles existentes en las  ciudades, es necesario repudiar esta acción, actuar para evitarlo y compensar los daños que pudieran haber ocurrido. Pero también reitero que es una vil manipulación satanizar de esta manera las acciones de protesta legal y legítima que ocurren en el país.

Esto es más patente cuando se escribe un párrafo como: “Desde el pasado 1ero de Abril inicio de las protestas en el país en contra de las políticas del presidente de la república Nicolás Maduro, se han venido registrando hechos de violencia en todo el territorio nacional, ocasionando malestar en la población”. 

Habría que preguntarse sí son las protestas contra las políticas de Nicolás Maduro la que ocasionan malestar en la población o son las políticas de Nicolas Maduro las que ocasionan las “molestias” que dan origen a las protestas. Manifestaciones que en su enorme mayoría han sido pacíficas a pesar de la inusitada violencia con las cuales han sido reprimidas, frecuentemente cometiendo violaciones contra los derechos humanos de los protestantes y la ciudadanía en general.

Eso es darle vuelta de manera perversa y muy poca ética periodística a la realidad. Y los venezolanos y en particular los ambientalistas debemos evitar caer en este tipo de trampas.



jueves, 22 de junio de 2017

Ignorancias y palabrerías sobre el cambio climático en tiempos de Constituyente





Esta semana diversos medios oficiales informaron que Nicolás Maduro, supuestamente preocupado por los efectos de la tormenta Bret,  declaró: “Esta tormenta atípica producto del recalentamiento del Mar Caribe, y del deterioro de todas las condiciones de vida en el planeta, me ha llevado a ordenar la preparación de un plan para enfrentar los cambios climáticos”.

Quizás vale la pena analizar estas declaraciones, que no por breves y llenas de errores conceptuales dejan de ser interesantes en la medida que nos muestran cuál es el nivel de conocimiento e interés real en el tema del cambio climático en lo que se ha dado por llamar “el alto gobierno” de Venezuela.

Una tormenta atípica

En primer lugar Maduro declara que esta es una tormenta atípica. Y quizás de alguna manera si lo sea.

Según diversas páginas de información meteorológica, la misma se inició en una zona inusual con respecto a la que es común en el desarrollo de tormentas tropicales en el Atlántico. Asimismo se originó de manera muy temprana con respecto al inicio del período de la temporada de huracanes del Atlántico. De hecho, es la más temprana en recibir nombre desde que se llevan registros de estos fenómenos en 1851.

Por ello puede decirse que es “rara”. Pero los fenómenos naturales no son invariables, mucho menos los que se originan en la atmósfera. Todos sabemos que hay años lluviosos y secos, años cálidos y más frescos. Asimismo, los eventos meteorológicos son fenómenos muy complejos y no pueden entenderse desde criterios rígidos.

Por otra parte, esta tormenta ha sido, afortunadamente para los venezolanos, mucho más benigna que su tocaya de agosto de 1993. La anterior ocasionó cerca de 200 muertes y un estimado de 11.000 personas damnificadas, sólo en nuestro país, siendo además la primera de las tormentas tropicales que afectaron directamente el territorio continental de Venezuela por más de 100 años.

¿Tiene que ver el cambio climático con las peculiaridades de la tormenta actual? 

Es posible. Pero serán necesarios largos períodos de registro meteorológico para saber si se han producido cambios en las características de las temporadas de huracán del Atlántico. Es más complejo aún probar que, si efectivamente los hay, son producto del cambio climático. La ciencia del cambio climático no tiene nada que ver con intereses políticos circunstanciales y conceptos mal aprendidos.

Pero para algunos funcionarios es mejor lanzar opiniones al voleo, no importa cuan verdaderos sean, antes que apoyar la buena ciencia,  avanzar en la gestión de riesgos ante eventos socio-naturales y educar a la población para que esté preparada para actuar frente a estos fenómenos que serán cada vez más comunes.

Y ordenó hacer un Plan…

¿Qué fue lo que mando a hacer exactamente? Él habla de un plan para enfrentar los “cambios climáticos” (sic). Esto parece referirse a lo que lo que en la literatura técnica y las convenciones internacionales es llamado un Plan de Adaptación al Cambio Climático. Es decir un proceso dirigido a fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de la población frente a los efectos negativos del cambio climático.

Sí entendemos que esa fue la idea detrás de esa orden, entonces ¿será que finalmente el país va a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y nacionales?

La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, firmado por el país en 1992 y ley de la República desde 1994, establece la obligación de los países de formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela nunca ha cumplido con esta obligación.

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 establece taxativamente que en el plazo de dos años debe haber sido formulado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es decir que este Plan debió estar listo hace seis años.Aún no se ha hecho.

Igualmente, este mismo instrumento de políticas públicas aparece incluido en el Plan de la Patria del 2013 y en el Plan Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015.

Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, en su Objetivo 13 dirigido a adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, establece la meta de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Vale la pena recordar que Maduro asistió al evento de lanzamiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Luego de su retorno a Venezuela declaró que los nuevos objetivos serían alineados con el Plan de la Patria.

¿Luego de esta orden, ahora sí, el gobierno nacional cumplirá con sus obligaciones legales?

Yo no tengo ninguna esperanza de que esto ocurra. Al menos en este momento y mucho menos frente a personas que ahora nos quieren vender que es necesario un cambio constitucional para (ahora sí) “trabajar para prevenir los efectos del cambio climático”. escondiendo que teniendo los medios y la estructura legal para ello no han avanzado nada en los últimos doce años.

Lo peor de tal situación es que el cambio climático sigue avanzando y afectando negativamente las sociedades humanas haciendo cada vez más vulnerables a todas las sociedades y en especial a los más pobres.

Y sí para algo nos sirvió la tormenta Bret fue para mostrar claramente la enorme vulnerabilidad ante esos fenómenos que tiene nuestro país en aspectos como el servicio eléctrico, la prevención y mitigación de efectos como inundaciones y derrumbes y la atención de emergencias, entre otros aspectos, así como dejar en evidencia la enorme ignorancia e incapacidad de las personas que están en cargos de responsabilidad nacional frente a estos graves problemas nacionales.

A la vez, seguimos construyendo una sociedad ignorante que aplaude gestos al vacío y espejismos lanzados como políticas de Estado.

Habrá que apuntar al futuro y comenzar a construir propuestas, acciones y conciencias para estar listos para mejores tiempos y otros gobiernos.

jueves, 8 de junio de 2017

Océanos de alquitrán: A propósito del Día Mundial de los Océanos





El océano nos conecta

El Día Mundial de los Océanos es una fecha dirigida a celebrar que vivimos en un planeta cuya superficie está cubierta de mares y océanos y que de ellos depende una enorme cantidad de aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales que sustentan a las sociedades humanas.

Venezuela es un país adosado a sus mares. La mayor parte de su población vive a lo largo de sus casi 4.000 Km de costas. Asimismo, en esa estrecha franja costera hemos comprimido muchas de las actividades económicas del país. Incluso la mayoría de las que aún nos dan sustento.

Gran parte de la historia y la cultura del país está relacionada con sus mares: Incluso guayaneses, llaneros y andinos usaron ríos y lagos como puertas de salida de sus riquezas hacia la gran autopista de los mares.

Nuestra economía actual más que nunca depende de un puerto y un barco flotando en el mar.

Y nos soporta

El Día Mundial de los Océanos es también un recordatorio del enorme  daño que le venimos haciendo a estas masas de agua y las consecuencias que esta acción tendrá sobre nosotros.

Por ello más que nunca debemos tomar conciencia de que ese no es un tema abstracto y lo vivimos muy recientemente, a pesar de que haya quedado parcialmente oculto bajo las trágicas y preocupantes noticias con las que amanecemos cada día.

Hace poco más de un mes en la vecina Trinidad ocurrió un derrame de fueloil altamente contaminante.

La empresa declaró que la cantidad de hidrocarburo derramado fue de 300 barriles, una cantidad más bien modesta. Pero, es claro que, esta cantidad no se sostiene. El volumen real que llegó al mar ha sido suficiente para que para comienzos de junio el efecto del derrame ya se hubiese sentido en una enorme franja: desde el sur de la península de Paria hasta las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Este accidente tiene y tendrá profundas consecuencias ambientales, sociales y económicas a corto y largo plazo. Ya pescadores, negocios turísticos, científicos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales han denunciado estos daños y han exigido respuestas a las consecuencias y reparación de las pérdidas sufridas. Los daños ambientales sobre los ecosistemas marinos, principalmente costeros, serán enormes y duraderos.

La empresa Petrotrin y el gobierno trinitario tienen la responsabilidad principal sobre este evento. El mismo no fue un simple accidente. Hay denuncias de que la empresa y el gobierno trinitario conocían las fallas en el tanque de combustible que originó el derrame y que no hicieron lo necesario para repararlo o dejarlo fuera de servicio. Para los habitantes de ese país insular esta es una situación recurrente, ya que la empresa tiene una triste historia de sucesivos accidentes con derrames de hidrocarburos, así como una gestión de los mismos que agravaron la magnitud del daño.

Pero también, es importante decir que la responsabilidad en aguas territoriales venezolanas es necesariamente del gobierno venezolano. No sé si el plan de contingencia aplicado por PDVSA fue el correcto o no, pero es obvio que fue insuficiente. Tampoco conozco si en ese caso no se podía hacer nada más debido a la magnitud del desastre. Pero el mismo se agravó producto de una acción que a todas luces los tomó sin la suficiente preparación, organización y recursos para enfrentarla eficazmente.

Asimismo, muchas personas a lo largo de la zona afectada han denunciado que no fueron informados de la llegada de las manchas de combustible, ni de su posible toxicidad, ni fueron apoyados en sus intentos de recoger las fracciones de combustible que contaminaron playas y otras comunidades costeras.

Como contaminantes adicionales quedan las declaraciones de altos funcionarios tratando de ocultar o minimizar la magnitud e intensidad del mismo.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones generadoras de ciencia del país tenemos la responsabilidad de recabar y documentar la información sobre las causas y consecuencias de este desastre socio-ambiental, exigir que se establezcan las responsabilidades del caso, se reparen los daños sociales y se mitiguen los ambientales.

Si de esta situación podemos rescatar algunos aspectos positivos, será necesario mencionar el trabajo de organizaciones locales, empresarios, científicos, funcionarios gubernamentales de diferentes instituciones, así como simples pobladores de comunidades locales los cuales actuaron, buscando frenar los daños ocurridos. Muchas de estas acciones ocurrieron por propia iniciativa, sin recursos ni medios para proteger su salud y seguridad.

 Igualmente es necesario reconocer el trabajo de comunicadores sociales que realizaron la cobertura de la noticia e intentaron mantenerla a flote, aún dentro de la avalancha de informaciones inquietantes que genera nuestra realidad política, social y económica.

Ellos son los protagonistas y la esperanza de que a futuro tengamos Días Mundiales de los Océanos para celebrar y agradecer los dones que recibimos de nuestros mares.

martes, 16 de mayo de 2017

Los ambientalistas venezolanos frente a la Constituyente





47 Organizaciones y 82 ambientalistas y profesionales del ambiente y ambientalistas venezolanos, se manifestaron mediante un comunicado difundido en el día de ayer 15 de mayo frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional.​
En el mismo, a partir de un breve análisis de la situación ambiental del país, consideran que este llamado es totalmente innecesario y que por lo contrario lo que se necesita es cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos en materia ambiental.

Igualmente, hacen un llamado a los venezolanos a participar activamente en la defensa de la Constitución, y solicitan a la comunidad internacional acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en la defensa de la Constitución y sus garantías en materia ambiental.

Cualquier persona u organización desea suscribir o apoyar este comunicado podrá hacerlo colocando su nombre y/o institución, número de cédula y correo electrónico en los comentarios del Blog de la Red Ara. En el plazo de una semana publicaremos un addendum con las firmas que hayan recibido hasta ese momento. POR RAZONES DE SEGURIDAD NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS FIRMAS COLOCADAS COMO ANÓNIMOS O SIN LOS DATOS INDICADOS.



A continuación el comunicado de las organizaciones y ambientalistas de Venezuela:


Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela


Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: "La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad".

Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:

Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).

Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.

A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.

Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.

Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.

Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.

El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.

Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.

En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.

Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.

Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.


Firman: Ver la lista de firmantes en el Blog de la Red Ara









lunes, 3 de abril de 2017

Noticias del futuro del Arco Minero del Orinoco


Mina Veladero Argentina. Foto tomada de Télam


Comparto con ustedes el enlace al artículo: "Veladero, la mina de oro maldita de Argentina: nadie frena los derrames" publicada en El País de España.

En el mismo se describe la larga lista de derrames de cianuro provenientes de la mina Veladero ubicada en la provincia de San Juan, Argentina y explotada por la empresa minera canadiense Barrick Gold. Esta empresa cuenta con todos los permisos y estudios de impacto ambiental y como verán la situación está cercana al desastre, tal como sucedió en Brasil el año pasado.

Por otra parte, no está demás hacer una visita a la entrada de Wikipedia referida a esta mina.

Así mismo, los que no hayan tenido información sobre el desastre minero de la mina Samarco en el estado de Minas Gerais en Brasil en el año 2015 pueden revisar este enlace

A partir de estas informaciones podemos hacer un ejercicio de imaginación de lo que sucedería en nuestro país si ocurriera una situación similar en una zona que es la reserva de agua del país, territorio ancestral de una importante cantidad de comunidades indígenas, eso por no decir que las principales minas actualmente quedan en áreas con poblaciones importantes del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Estos hechos deberían ser tomados en cuenta por los promotores de la "minería ecológica" y de las afirmaciones de que en Venezuela pueden ser usadas tecnologías de explotación minera que "respeten la ecología y la biodiversidad local". El resto de los ciudadanos en este país que no creemos en estas falacias seguiremos trabajando contra el Arco Minero del Orinoco y por la creación del Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco.

#NoAlArcoMinero #SiAlAguaNoAlOro

domingo, 19 de marzo de 2017

Leyendo entre líneas noticias del Arco Minero del Orinoco






Recientemente aparecieron en la prensa nacional unas declaraciones del ministro de “Minería Ecológica” Jorge Arreaza. Las mismas fueron efectuadas en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés), evento realizado en Toronto, Canadá a principios del mes de marzo.

En esta ocasión el ministro manifestó lo siguiente: “Dicen que vamos a destruir 111 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio pero eso no es así, porque de ese gran arco hay zonas de protección y territorios indígenas sagrados, y de esa gran cantidad solo en un 30 % podríamos tener reservas y habrá lugares donde se explotarán y se desarrollarán fuentes alternativas a la petrolera” y más adelante agrega que “será explotada respetando su ecología y la biodiversidad” (cursivas mías)

A pesar de la confusa redacción de las mismas, intentemos analizar y entender estas cortas líneas que contienen mucha información interesante:

En primer lugar, vale la pena destacar que, luego de un año de haber sido decretada la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, no es hasta ahora que se dice que sólo se va a explotar un 30% de la misma.

Esta particularidad enunciada ahora por el ministro no aparece en el decreto que lo creó, ni había sido mencionada previamente por ningún otro funcionario gubernamental.

Podemos especular sí esta nueva precisión pudiera estar relacionada con las temores y denuncias que ha generado este proyecto entre muchas personas y organizaciones, incluyendo las empresas y países interesados en participar en actividades mineras en la zona definida por el Arco Minero.

Quedaría una duda pendiente, sí en ese porcentaje estará incluido el desarrollo de infraestructura de apoyo para las explotaciones mineras, crecimiento urbano, desarrollo vial y de los servicios necesarios para el funcionamiento de las minas, entre otros aspectos generados por la actividad minera y que ocupan un territorio mucho mayor que la misma.

Asimismo, este alto funcionario recalca que la explotación será realizada respetando “la ecología y la biodiversidad”. Realmente muchos estamos interesados en saber cómo se va a lograr esta protección y cuáles serán los procedimientos y tecnologías que serán usados en los procesos de control ambiental que serán usados.

Esto sería importante porque, es asunto conocido que, una de las actividades que generan un mayor impacto ambiental en todo el mundo es la actividad minera. Por lo que sorprende esta declaración y mueve al escepticismo. Una pequeña investigación en Internet pudiera permitir a cualquier técnico del Ministerio de “Minería Ecológica” revisar la larga lista de accidentes catastróficos, graves daños ambientales y conflictos sociales asociados a la minería acaecidos en una gran cantidad de países, incluso en fechas recientes.

Por ello, felicitamos al ministro Arreaza por su loable actitud e interés en hacer de su gestión un hito memorable al posiblemente haber obtenido el acceso a tecnologías totalmente novedosas y desconocidas en el país,  y, en tal sentido, le solicitamos que informe al país sobre los procedimientos que serán utilizados para proteger los bosques, cuencas y la biodiversidad regional, control de la contaminación generada, así como los impactos socio-culturales y las medidas para la protección de los derechos de las comunidades locales.

También de estas declaraciones parece desprenderse que el señor ministro  puede haber caído en cuenta que el Arco Minero del Orinoco incluye zonas de protección (me imagino que quiso decir Áreas Bajo Régimen de Administración Especial) y territorios indígenas sagrados. Lo interesante es que estas consideraciones habían sido hasta ahora parte importante de las críticas al megaproyecto del Arco Minero, pero no de sus planificadores y promotores.

Adicionalmente, hubiese sido interesante que hubiese hecho algún comentario en relación con los procesos de demarcación de las tierras indígenas prescritas por la Constitución y los Convenios Internacionales, espacios geográficos en los cuales están inmersos esos territorios sagrados. Pero eso ya sería pedir demasiado.

Sobre este mismo punto, uno quisiera suponer que para un alto funcionario gubernamental también debería ser sagrado el cumplimiento de la Constitución, las leyes y la protección de los derechos humanos en particular de los pueblos indígenas. Y como parte importante de estas normas y garantías está el de la consulta previa, libre e informada (recalco lo de previa) a las comunidades indígenas para la realización de proyectos de explotación en sus territorios. Situación que no ocurrió tal como reconoció el gobierno venezolano recientemente.

Asimismo, también parece importante para este alto funcionario manifestar que las zonas explotadas “desarrollará(n) fuentes (económicas) alternativas a la petrolera”. Esta aseveración es enfatizada más adelante en sus propias declaraciones cuando dice: “que cuando se cuantifiquen los recursos, Venezuela podría convertirse en el cuarto país del mundo con mayores reservas de oro, lo que a su vez podrá atraer muchas inversiones extranjeras”.

Interesante esta consideración en un ministro de un gobierno que se precia de “ecosocialista”, enfatizar que el rentismo y el extractivismo petrolero con su largo historial de afectación ambiental y social, tendrá ahora una contrapartida también rentista y extractivista, pero ahora minera, cuyo impacto ambiental y social es aún mucho mayor que la explotación petrolera.

Finalmente, el ministro Arreaza concluye sus declaraciones expresando “Llamamos a quienes levantan la banderas de la ecología contra el Arco Minero del Orinoco a que estudiemos el problema en conjunto”. Invitación que me apresuro a aceptar, ya que me encuentro entre los cientos de venezolanos que hemos opinado que no sólo van a destruir 111 mil kilómetros cuadrados de nuestro territorio, sino que se cometerá el ecocidio y etnocidio más grande que haya sido cometido en Venezuela desde la llegada de los europeos a este territorio.

Ahora bien, si vamos a estudiar el “problema en conjunto”, lo deberemos hacer sobre la base de principios de reconocimiento y respeto mutuo; utilizando como fundamentos la Constitución Nacional, las leyes nacionales, los convenios internacionales de protección a los derechos humanos, así como la mejor información científica existente. Y su objetivo final será alcanzar decisiones consensuadas y con una amplia base de participación, que busquen incrementar el desarrollo humano tanto de los pobladores locales, como los de los ciudadanos tanto del país, como del resto del mundo.

De lo contrario esta será una declaración insincera e inútil. Tal como ciertos diálogos que zapatean por allí.

Sigue siendo muy válido decir #NoAlArcoMinero




Otros medios que reportaron esta noticia:
  • “Jorge Arreaza: Arco Minero será explotado respetando su ecología” http://www.el-nacional.com/noticias/economia/jorge-arreaza-arco-minero-sera-explotado-respetando-ecologia_85223
  • “Aseguran que se respetará ecología y biodiversidad de Arco Minero” https://www.guayanadigital.com.ve/nacional/aseguran-que-se-respetara-ecologia-y-biodiversidad-de-arco-minero/
  • “Arreaza: Solo se explotará 30% del Arco Minero” https://www.el-carabobeno.com/arreaza-solo-se-explotara-30-del-arco-minero/


domingo, 12 de febrero de 2017

Actos de magia en el Arco Minero del Orinoco




Recientemente en “El Expreso”, diario publicado en Ciudad Bolívar, aparece una noticia con el título: “Comunidad Rabín Rico cumple con lo estipulado en el Arco Minero”.

En la misma se ofrecen las declaraciones del señor Osvaldo Hernández trabajador de una cooperativa minera local. Este trabajador explica que las actividades que están realizando se ajustan a lo “establecido en el Arco Minero… ya que no solo se explota el material aurífero, sino que también se cultiva la tierra y se aplican medidas para minimizar el impacto ambiental que ocasiona el laboreo minero, donde existen áreas bien demarcadas y distantes… con la intención de trabajar sin perjudicarnos entre los que trabajamos aquí, además cumplimos con los reglamentos y normas de la comunidad de San Martín de Turumbán, los cuales están apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Lopci, entre otras leyes…” (las negritas son mías)

Asimismo, presumen en que se han convertido en una referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala (las negritas son mías)

La noticia completa la puede leer en la página 13 de este diario que aquí se muestra en su edición impresa. 

Hasta aquí un resumen de lo que el diario informa. Vamos a ponerle un poco de contexto  a la noticia.

San Martín deTurumbán (o Turumbang), es un poblado localizado en el municipio Sifontes en la región oriental del Estado Bolívar, cercano a la zona en reclamación con Guyana en las orillas del río Cuyuní, a un poco más de 75 Km de Tumeremo. En el mismo confluyen diferentes etnias y grupos no indígenas con diferentes niveles de integración. La población local tiene una compleja historia de situaciones complejas producto de  los conflictos históricos en esa zona de la frontera nacional, luchas territoriales, así como los  problemas sociales y ambientales derivados de una larga tradición de actividad minera.

Por su parte, la mina Rabín Rico, situada a dos horas del pueblo, fue escenario de graves sucesos recientes. Según un artículo publicado en el 2009 en el diario “Nueva Prensa”, la zona estaba bajo el dominio de una banda criminal acusada de controlar mediante la violencia a la actividad minera ilícita, extorsionar a la población y de generar un régimen de terror entre los habitantes. En palabras de personas de la localidad, estos delincuentes “convirtieron los yacimientos del metal precioso al Sur del Estado Bolívar, en un “infierno” del cual desterraron al mismo diablo”. 

Según el mismo artículo, este grupo criminal estaría dirigido por un delincuente conocido como “El Topo”, personaje que adquirió relevancia nacional e internacional en marzo del 2016, luego de su supuesta participación en la masacre de Tumeremo, suceso en la cual fueron asesinadas 28 personas.

Más recientemente, en mayo del año pasado, la zona volvió a ser noticia. Ello debido a que la mina de Rabín Rico fue una de las que fueron tomadas y destruidas por fuerzas militares del ejército venezolano. Tal situación habría ocurrido supuestamente como consecuencia de la masacre de Tumeremo.

Tal acción militar produjo conflictos con los pobladores locales al ser desplazados de las minas los trabajadores que laboraban en ellas. Los afectados eran en su mayoría personas de bajos recursos cuya única fuente de sustento era laborar directa o indirectamente en las mismas.

Menos de un año después, según la noticia aparecida hace unos pocos días en “El Expreso” tenemos una situación totalmente diferente: Una actividad minera sin conflictos, social y ambientalmente responsable, apegada a las leyes y en vías de ser un modelo de convivencia entre la actividad minera y las comunidades locales. Y todo esto como consecuencia del Arco Minero.  

Esto si no es un milagro de los grandes, se le parece.

Pero los prodigios no finalizan aquí. En el artículo se presenta otro acto digno de un gran ilusionista: La desaparición de una parte de la legislación venezolana y su sustitución por un nuevo ordenamiento jurídico sacada; no de una chistera de mago, sino del casco de un minero.

Cuando la persona entrevistada dice que sus actividades están apegadas a la Constitución, la pregunta inmediata que uno se hace es ¿a cuál Constitución?

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año de 1999, en su artículo 120 establece que: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…”. Asimismo, el artículo 129 determina que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural” (las negritas son mías).

En relación con estos mandatos constitucionales, en diciembre pasado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Venezolano reconoció que en el caso del Arco Minero del Orinoco no se habían realizado, ni la consulta previa, ni los estudios de impacto ambiental.

Por su parte, resulta sorprendente la referencia a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) ya que en los artículos 11 y siguientes de esa Ley, desarrollan el artículo 120 de la Constitución Nacional con respecto al mecanismo de consulta previa e informada como requisito para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, condición que como ya vimos no se cumplió.

Igualmente, es digno de asombro leer que en la mina se aplican “medidas para minimizar el impacto ambiental”, sin que como ya sabemos no se hayan realizado estudios de impacto ambiental, instrumentos que definen las medidas de mitigación y compensación necesarias para minimizar el impacto generado por la actividad.

Finalmente, resulta maravilloso enterarnos que la mina se ha convertido en una “referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala”.

Ante esa afirmación, también resulta necesario preguntar:  ¿Cuál nuevo ordenamiento? ¿En qué momento se derogó la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio? Esa es la ley marco que determina las orientaciones y procesos para el ordenamiento territorial de la Nación. A su vez, la misma debe responder al mandato de la Constitución que en su artículo 128 establece que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…” ((las negritas son mías)

Pero por otra parte, si uno lee entre líneas, pudiera deducir que ese nuevo ordenamiento está referido al Decreto que estableció la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco". Es decir, que si entendimos bien, un decreto presidencial produjo la desaparición simultánea de la Constitución y una Ley Orgánica (hay que reconocer que ese increíble acto de prestidigitación contó con la pequeña ayuda de los amigos del TSJ)

No tengo ninguna razón para pensar que el señor Osvaldo Hernández hizo sus declaraciones de mala fe. Pero también me vienen a la cabeza las palabras coerción y cooptación*. Pero lo que parece seguro es que la historia que en ese artículo se cuenta, si no es producto de un acto de magia sobrenatural, es la consecuencia de la mentira, la manipulación y la total ilegalidad que rodea al Arco Minero del Orinoco.

Sólo queda seguir denunciándolo y rechazándolo.

#NoAlArcoMinero 
#AguaSiOroNo 
#LosDerechosAmbientalesSonDDHH




* Cooptar: Captar la adhesión de alguien, generalmente con fines políticos, valiéndose de acciones reprobables.