jueves, 8 de febrero de 2018

¿Minería de oro en el estado Carabobo? Que se sabe hasta ahora






“Muchas canciones de enanos son variaciones sobre “oro, oro, oro”, pero todo radica en la inflexión.” 
Terry Pratchett “Soul Music”



El control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente es uno de los procesos más importantes en la gestión ambiental de un país. Este proceso permite disminuir o evitar los daños al ambiente y el disfrute de los derechos ambientales de los ciudadanos.

Para lograr estos fines es necesario realizar acciones dirigidas a la prevención, vigilancia, examen, control, fiscalización, sanción y represión de las acciones u omisiones que directa o indirectamente sean susceptibles de degradar el ambiente y los recursos naturales renovables, tal como lo expresa el Reglamento de Guardería Ambiental de 1990 (las negrillas son mías)

Estas ideas parecen ser el contexto conceptual y legal detrás de un suceso ocurrido el 1ro de febrero pasado. En esa fecha se realizó una operación de represión sobre grupos de personas que estaban realizando labores de minería ilegal en el estado Carabobo y Cojedes.

Vamos a hacer un recuento de lo que hasta este momento se sabe sobre esta situación y las preguntas que aún quedan por responder.


El suceso

Según una nota de prensa emanada del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA), el pasado 1º de febrero se realizó la “Operación Relámpago Dorado 2018” en los estados Carabobo y Cojedes. Mediante la misma fueron desalojados un grupo de personas que de manera ilegal realizaban labores de explotación de oro en los sectores Chirgua, El Torito, La Lagunita del municipio Libertador de Carabobo y Tinaquillo en Cojedes. (Las negrillas son mías)

No hay manera sencilla de parafrasear las características y magnitud de esa operación, así que lo mejor es copiar directamente las declaraciones del  Almirante Giuseppe Alessandrello, Comandante de la REDI Central recogidas en la nota antes mencionada:  “durante esta operación participaron 932 combatientes pertenecientes a la Infantería de Marina, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana con 4 unidades de ala rotatoria, con el apoyo de los organismos de seguridad del estado como SEBIN, CICPC, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Carabobo y personal de los Ministerios del Poder Popular para Minería Ecológica y Ecosocialismo y Aguas”. (!!!)



El objetivo de la operación

El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Coronel (Aviación) Ramón Velásquez Araguayán, indicó que  “con esta acción que estamos ejecutando estamos evitando que los daños ambientales, producto de esta actividad ilegal, se reflejen en la sedimentación y colmatación de los embalses y que afectan la producción de agua potable”. Asimismo, explicó que las personas realizaban la actividad minera en áreas que corresponden a la Cuenca del Pao, que surte de agua los principales embalses de Carabobo y Cojedes, desde donde se surten de agua más de cuatro millones de habitantes del centro del país.

Pero por otra parte, el Comandante de la REDI Central Almirante Giussepe Alessandrello declaró que el objetivo de la operación era: “reubicar, controlar y censar” a aquellos que ejecutan labores de minería ilegal en los estados Carabobo y Cojedes. (Las negrillas son mías)


Resultados de la operación

Según el reporte de prensa, la acción tuvo como resultado: la “detención de aproximadamente 3 mil ciudadanos, de los cuales hay 80 indocumentados, tres extranjeros, 54 menores de edad, 155 féminas entre ellas 3 embarazadas, así como la incautación de 6 armas de fuego y 3 mil 400 herramientas e implementos para la utilización en la extracción de minerales metálicos en el lugar” (!!!)

La cifra de detenidos previamente indicada parece no ser precisa, ya que por su parte el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, expresó que durante la operación se detuvieron aproximadamente 1.100 personas, de las cuales se encontraron más de 500 indocumentados.

Hasta el momento nadie ha explicado esta discrepancia de casi 2000 personas, ni ha dado un número definitivo de ¿desalojados, detenidos, reubicados?

Igualmente, el Comandante de la REDI Central declaró que había conseguido “un centro de acopio que fue retirado del área”. No es para nada claro a qué se refería este funcionario militar con esta información (¿un centro de acopio de minerales extraídos?).

Asimismo, con respecto a las “detenciones”, el ministro del MINEA declaró que “durante esta operación fueron garantizados todos los derechos humanos de las personas que ilegalmente estaban ejecutando esta actividad de minería”.


Evaluación de los daños ambientales existentes en la zona

Hasta el momento, parece no haber ninguna evaluación formal sobre los daños ambientales que se hubiesen producido en la zona a consecuencia de la actividad minera. A pesar de ello, las fotos publicadas junto a la  nota de prensa emanada del MINEA parecen mostrar graves daños en las riberas de los ríos de la zona similares a las observadas en otras explotaciones ilegales de oro al sur de Venezuela.

Foto: Prensa MINEA
En este sentido, el ministro del MINEA informó que: “Entre las acciones que ejecutarán el Minea y el Ministerio del Poder Popular para Minería Ecológica está la evaluación ambiental y establecer los mecanismos para resarcir los daños en concordancia con el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria”.

Asimismo, según las autoridades militares que participaron en la operación no fue detectado presencia de mercurio en la zona.


Esta información parece contraponerse a reportes previos de actividades mineras que se estaban realizando en la zona. Una de ellas relata: “Hoy en día se pueden ver cientos de personas en Tocuyito, en todas sus riveras, excavando arena, echando químicos inventados por ellos mismos, mezclas extrañas producto de su ingenio.” (Las negrillas son mías). Otro de los denunciantes asegura que: La práctica de la minería tiende irremediablemente a depredar al medioambiente, el río “El Torito” está sufriendo cambios de curso, la contaminación por productos químicos y otros desechos…” (Las negrillas son mías).


Un poco de contexto

Para intentar entender la situación detrás de esta noticia quizás vale la pena revisar algunos aspectos que le dan contexto a la misma:

a. ¿Oro al norte de Venezuela?
Cuando fue conocida esta información muchas personas manifestaron sorpresa por la existencia de explotaciones de oro en la región norte central del país.

Con respecto a esta situación, desde el período de la Conquista española de este territorio existen referencias a minas de oro en la zona. En una crónica de la época se indica que las que las minas de la quebrada de Barreda y el río Chirgua “son muchas y son muy buenas” (La Minería en Nueva Granada 1500-1810, pg. 85)

Otro documento narra que: “Juan de Villegas (un conquistador y colonizador español del siglo XVI) descubrió en Chirgua una mina de oro y empezó a explotarla después de tomar posesión del valle, que pasado el tiempo sería de sus descendientes”

Los rendimientos de estas minas fueron escasos y posteriormente fueron abandonadas y no hay información posterior sobre nuevas actividades mineras hasta fechas recientes. Una posible razón del poco interés en el oro existente en la zona fue posiblemente los bajos tenores de oro, estimados en menos de 2 g/Tn. Por lo cual, según información suministrada por el Ing. Luís Jiménez, la extracción del oro haría necesario remover grandes cantidades de suelo y rocas y posteriormente usar mercurio en una proporción superior 5:1.

Posiblemente la explotación de este oro se hizo rentable recientemente debido a los precios actuales del oro en Venezuela, el cual según algunas fuentes oscila entre 7,6 millones y Bs. 8,1 millones el gramo.

b. ¿Las denuncias sobre esta situación son nuevas?
Por lo visto el único organismo que aparentemente desconocía la situación era el MINEA, ya que desde al menos dos años existe información en prensa sobre los graves daños ambientales y a la producción agrícola local producida por la minería ilegal en la zona donde se produjo la operación reciente. Es necesario aclarar que el territorio afectado por esta actividad está situado en un sector  relativamente cercana a la ciudad de Valencia y adyacente al Campo Carabobo, por lo que no es precisamente en una zona inaccesible y lejana de la sede central del MINEA.

Zona aproximada afectada por la minería. Mapa base de Google Maps

Por otra parte, los reportes indican que la misma estaba ocurriendo en una extensa superficie comprendida entre las poblaciones de Chirgua, Lagunita y Tocuyito.

En un artículo de opinión publicado en el Portal Aporrea en octubre de 2017, se describe el crecimiento de la actividad a partir del hallazgo de “pepitas de oro” por parte de un tractorista, hecho que el autor remite a aproximadamente a algo más de dos años atrás.

Según el mismo texto este suceso produjo una especie de “fiebre de oro”, con la consiguiente llegada de cientos de personas impulsadas por las  precarias condiciones de la población producto de la actual crisis económica. Asimismo, denuncia que las zonas explotadas progresivamente pasaron a estar bajo el control de mafias y se aventura a señalar  a funcionarios policiales y a “pranes” de la cercana cárcel de Tocuyito como involucrados en estas actividades.

En otro artículo publicado igualmente en ese mismo año, el autor afirma que existe una red de corrupción y un muro de silencio creado alrededor de las actividades mineras que se estaban realizando en la zona.

Por otra parte, existen reportes de que en enero de 2017 la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a varias personas que se dedicaban a la extracción de oro en la zona. Asimismo, posteriormente, en octubre de 2017 la policía municipal detuvo a 235 personas en Tocuyito (municipio Libertador) imputándoseles el delito de extracción de material aurífero. Incluso existe una noticia sobre la muerte de un minero en un accidente en una de las minas.

Más recientemente, el diputado a la Asamblea Nacional Leandro Domínguez denunció que esa actividad ilegal venía ocurriendo desde hace tres años y reiteró las acusaciones de complicidad por parte de diversas autoridades.


Que no se sabe hasta esta fecha

A pesar de que existe alguna información al respecto de este suceso, quedan algunas lagunas de información. Situación que se incremente por la falta de cobertura informativa desde el lugar de los hechos.

Algunas de las mismas son:

  1. ¿Por qué el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas no había actuado hasta el pasado 1º de febrero, aun cuando existía ya información previa sobre la presencia de minería ilegal en la zona y ya se habían producido actuaciones policiales?
  2. Uno de los funcionarios militares habla de un “centro de acopio” que fue “retirado” ¿Qué contenía el mismo?
  3. ¿Se justificaba una operación militar tan aparatosa, con participación directa o indirecta de militares de muy alto rango y en apariencia hiperbólica para "reubicar, controlar y censar” a unos mineros ilegales que parecían contar con escaso armamento y estar formados por incluso menores de edad y mujeres embarazadas? ¿Es la “reubicación” la sanción establecida en el caso de delitos ambientales tal como parecen haber ocurrido?  
  4. ¿Cuál fue el número final de personas  aparentemente detenidas durante el operativo? ¿Cuál es su situación actual? ¿Se les ha imputado algún delito? ¿Las mismas siguen detenidas o fueron “reubicadas”? Si lo fueron ¿a dónde las llevaron y en calidad de qué? Además de simples mineros (es decir gente pobre desesperada) ¿fueron capturados o detectados algunas otras personas que según las denuncias previas fuesen delincuentes o funcionarios que controlaban la zona? 
  5. En alguna de las noticias se afirma que a los detenidos se “les respetó sus derechos humanos”. Además de lo particular de que sea necesaria esa aclaratoria, en ninguna de las noticias consultadas se habla de la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo órganos que por sus funciones son (o deberían ser) garantes de los derechos de los ciudadanos ¿Estuvieron presentes o actuaron en otro momento posterior a la operación?
  6. Aunque se afirma que no se consiguió mercurio en la zona ¿Es creíble que no hubiese en ese lugar, o algún otro, el mercurio necesario para la refinación del oro extraído de las minas? Si no estaba en la zona ¿Dónde refinaban el oro y en qué condiciones? En el caso de que se encuentre este metal ¿Cuál era su procedencia? Si lo había ¿por qué se oculta esta información?
  7. ¿La acción realizada llevará a una verdadera protección de las cuencas locales o a una simple interrupción temporal en la actividad minera local como ya había sucedido?
  8. Dado lo “rimbombante” y aparentemente efectiva operación militar realizada ¿Por qué no se han usado operaciones similares similares para el control de la delincuencia organizada que padece toda la región? O, aún más, para el control de la minería ilegal al sur del Orinoco y en particular dentro de los Parques Nacionales y otras áreas protegidas ¿O el sur no existe para el MINEA? O al revés ¿EL MINEA no existe al sur del Orinoco?

¿Alguien contestará estas preguntas?

¿Todos seremos mineros?

Recientemente vi imágenes de importantes grupos de personas que hacen “actividad minera” dentro del río Guaire, en la propia ciudad de Caracas. Las entrevistas realizadas a los “mineros” indican que por lo visto es una actividad que logra cierto nivel de ganancias que hace rentable meterse en las contaminadas aguas de ese río.

Foto: El Siglo
Luego de ello y de lo ocurrido en Carabobo, me quedó claro que a medida que la crisis avance la minería cubrirá todos los espacios y terminaremos todos siendo mineros ¿Esta será la intención?

Frente a esas realidades y las oscuras acciones e intenciones de las autoridades, el futuro es aún más difícil de ver.

Definitivamente el oro es un espejo que deforma la realidad de todos los que se miran en el.

lunes, 6 de noviembre de 2017

Venezuela, la sociedad civil y la COP23: Domando al dinosaurio fósil





Hoy se iniciaron las actividades de la 23ra Convención de las Partes en Cambio Climático (COP23), que se celebrará este año en la sede de la secretaría de la  UNFCCC en Bonn, Alemania.

Una de las particularidades de la COP de este año es que la presidencia de la misma está en manos  de Fiji, un pequeño estado insular del Pacífico y uno de los sitios más vulnerables frente a los posibles efectos del cambio climático. Pero la organización y espacios para la realización de la misma está siendo suministrada por la secretaría de la Convención Marco de Cambio Climático con sede en Bonn y con el apoyo del gobierno alemán. Esta dualidad generará dos miradas que deberán confluir en esta reunión cumbre: la de los países más pequeños, vulnerables, sin una responsabilidad significativa sobre el cambio climático y la de los países más industrializados y por ello generadores de los gases causantes de este fenómeno.

Los objetivos de esta convención están relacionados con afinar aspectos del Acuerdo de París. Ello incluye definir reglas claras y precisas sobre los procesos establecidos en este Acuerdo. En particular, se espera dar respuestas  a las preguntas  surgidas del Acuerdo de quién debe hacer qué, de qué manera, cuándo, cómo y con qué apoyo financiero.

Sobre esta agenda relativamente optimista y un poco burocrática derivada del éxito diplomático derivado de la reunión en París estarán gravitando dos amenazas: Los posibles efectos de la posición de los EEUU contraria no sólo al Acuerdo, sino incluso a la evidencia científica sobre la existencia, causas y efectos esperados del cambio climático. Así como, el hecho de que la comunidad científica ha alertado sobre el hecho de que si no se emprenden cambios mucho más ambiciosos, de manera más rápida y con el apoyo de todos los país y personas del mundo no se lograrán los objetivos del Acuerdo. De allí el lema de esta COP "Further, Faster, Together" (Más allá, más rápido y todos juntos).

¿Y Venezuela?


Una situación recurrente en las sucesivas reuniones de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático es que la sociedad venezolana no tiene la más mínima información sobre la posición, posibles propuestas o información que pueda estar llevando la delegación oficial venezolana ante ese evento. A eso se le une el hecho de que nuestro contexto país limita de manera extrema la posibilidad de tener miembros de la sociedad civil participando en el mismo.

Algunas personas pueden creer que el gobierno nacional no tiene la obligación de informar, ni solicitar la participación de la sociedad en esas actividades que involucran negociaciones muy complejas entre gobiernos de todo el mundo.

Pero el derecho a la participación de la sociedad civil en los temas relacionados con el desarrollo sostenible está establecido tanto en el ámbito internacional (ver por ejemplo las publicaciones de la OEA y la CEPAL) Igualmente es parte de los principios del Programa de Trabajo de Doha sobre el Artículo 6 de la Convención Marco de Cambio Climático e incluso en nuestra Constitución aún vigente.

Asimismo en palabras de un investigador del derecho ambiental:

“…la participación pública en las estrategias para enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental en general no es solo algo es deseable y valioso, desde el punto de vista pragmático y ético de la aceptación y legitimidad social, sino también, consecuentemente, desde un punto de vista legal y jurídico. Es mas, “la participación ciudadana”, a pesar de no ser considerada un principio general del derecho internacional del medio ambiente, es una institución o figura con soporte legal, incluida y desarrollada en diversos instrumentos internacionales, que además ha sido reconocida como un elemento central del principio de desarrollo sostenible.”

Por supuesto la posición en este sentido del gobierno venezolano ha sido ambigua, cuando no, totalmente contradictoria.

Venezuela fue promotora y sede de la “PreCOP social de Cambio Climático” en el 2014 (nombre que le dio el gobierno venezolano a esta reunión preparatoria a la COP20) En la misma, se abrieron espacios para la discusión sobre temas sociales asociados al cambio climático. Esta reunión fue publicitada como que iba a "… sentar un precedente sobre las formas de participación de la sociedad civil en los foros de la ONU, además de permitir a las ONG que contribuyan de manera directa a la construcción del nuevo acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kioto y cuya decisión debe adoptarse en 2015".

A pesar de estas supuestas orientaciones que ponían a Venezuela como campeona de la participación social, desde el mismo momento de su ocurrencia la reunión fue acusada de ser excluyente, ideológicamente sesgada, poco respetuosa de las opiniones críticas y de manipular la redacción de declaración final. Por ello, algunas de las organizaciones participantes no la subscribieron.

Este doble discurso se mantuvo en las reuniones cumbre posteriores, y a consecuencia de ello, en la reunión de Marrakech, en el 2016, la delegación venezolana fue cuestionada por la red global de organizaciones de la sociedad civil Climate Action Network (CAN), en el contexto de una actividad llamada “Fósil del Día” donde esa organización denuncia a los países que obstaculizan los avances de las negociaciones o tienen posiciones contrarias al avance hacia un futuro libre de combustibles fósiles.

 En esta ocasión la CAN dio a Venezuela una “mención especial” por su posición en que mezcló su rechazo a la participación de las compañías relacionadas con el negocio de los combustibles fósiles, con uno hacia las organizaciones de la sociedad civil. En palabras de esta organización y refiriéndose a  Venezuela: “No mezcle a la sociedad civil con los títeres de combustibles fósiles. Estamos viviendo en un mundo donde la voz de la gente cuenta: la sociedad civil puede ayudar a los gobiernos a comprender verdaderamente las necesidades de las comunidades y apoyar el desarrollo de soluciones climáticas efectivas y relevantes. Vacíe esa agua sucia por el desagüe pero mantenga seguro al bebé…” (Traducción libre) 

¿Y realmente importa participar en estos procesos de lucha contra el cambio climático?


En Venezuela vivimos en una situación muy difícil que algunas organizaciones defensoras de derechos humanos han definido como una emergencia humanitaria compleja. En tales condiciones el tema del cambio climático pareciera ser totalmente alejado de los intereses y preocupaciones de gobiernos y la población en general. Los temas de salud, alimentación, economía, seguridad, conflictividad social, etc. parecen ser mucho más importantes que preocuparnos por el aumento de la temperatura en el planeta.

Pero precisamente por ese contexto de emergencia, el tema del cambio climático se vuelve más relevante. Por una parte, este fenómeno afectará sistemas y servicios ambientales esenciales haciendo más grave la situación del país, y por otra la crisis existente nos hace cada vez más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático.

En tal situación para la sociedad civil de Venezuela uno de sus retos es fortalecer su capacidad de acción para exigir participar de manera activa en todas las labores relacionadas con lograr un país responsable, fortalecido y resiliente en materia de cambio climático. Ello incluye ganar la posibilidad de incidir sobre las negociaciones del mundo de tal manera de exigir que cada país asuma su responsabilidad en el tema del cambio climático.

 En palabras de Mauro Fernández, Coordinador de la Campaña de Clima y Energía, Greenpeace Argentina: Es necesario “alejar sus discursos de la culpa y la deuda y enfocar el debate en la responsabilidad nacional e internacional teniendo en cuenta las responsabilidades históricas y diferentes trayectorias, así como las diversas realidades sociales y económicas a nivel nacional…”

Pero todo ello será posible si en simultáneo trabajamos, en conjunto con el resto de la sociedad, para lograr la redemocratización del país, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia ambiental.

No son temas para algún futuro posible. Necesitamos empezar a trabajar desde hoy mismo para "domar" al dinosaurio fósil.

martes, 3 de octubre de 2017

Políticas de Cambio Climático en Venezuela ¿Atrapadas en un cuadrante de paz?




La participación del público y su acceso a la información y el conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas que permitan luchar contra el cambio climático y adaptarse a sus efectos…. Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización 2014


Este artículo es una versión ampliada y modificada de un texto enviado a la Red de Cambio Climático de Venezuela el pasado día 27 de septiembre de 2017


Los días 26 y 27 del pasado mes se realizó en la ciudad de Caracas el Seminario "Políticas de Seguridad Ciudadana, Cambio Climático, Gestión de Riesgo y Actividad Sísmica", actividad promovida por el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil que forma parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

El seminario tuvo como objetivo: “divulgar conocimientos y prácticas sobre gestión de riesgos, cambio climático y amenazas sísmicas, así como compartir aprendizajes, logros y desafíos en esta materia. La finalidad es precisar las funciones de las instituciones y organizaciones sectoriales y territoriales, y promover articulaciones entre dichas instancias para el abordaje de las problemáticas”

Según el programa del evento se realizaron ponencias en aspectos tan importantes para Venezuela como: los avances en políticas públicas frente al cambio climático, incluyendo el Plan Nacional de Adaptación, ponencia presentada por el Coronel (AV)  Ramón Celestino Velásquez, ministro del MINEA; La incorporación de escenarios prospectivos de cambio climático en los Planes de Ordenación del Territorio, en los diferentes niveles de gobierno, expuesto por Ricardo Menéndez Ministro del Poder Popular para la Planificación; así como los avances en materia de  las negociaciones internacionales en cambio climático, presentado por el Dr. Pedro Borges, entre otros temas igualmente significativos (negrillas mías).

Dado ese objetivo y contenidos considero que este evento es potencialmente un hito dentro de las políticas públicas nacionales en materia de cambio climático (CC). A pesar de ello, no estuve presente en el mismo, por lo que tengo que limitarme a hacer algunos breves comentarios al respecto de esta actividad basados en la muy escueta cobertura periodística publicada luego de su realización.

Un primer análisis de la información existente sobre el Seminario parece hablar de elementos positivos:

1. Muestra un cambio en las políticas públicas en materia de CC:
En función de la trascendencia de los temas presentados y el nivel de los ponentes, pudiera hacerse la conjetura de un posible cambio en la política gubernamental de Venezuela con respecto al tema del CC: desde un enfoque centrado únicamente en el discurso político internacional, con muy pocos avances hacia lo interno, hasta un posible interés y voluntad de acción en el alto nivel del gobierno, al menos como parece mostrar este evento.

2. Parece indicar la voluntad de cumplir con compromisos del gobierno venezolano:
Parece desprenderse de las ponencias presentadas que existe un compromiso gubernamental de entregar la segunda comunicación de cambio climático de Venezuela, informe que ha sido ofrecido en muchas oportunidades previas igualmente ha sido postergada su entrega en igual número de veces.

Igualmente pareciera existir la voluntad de honrar la obligación del Ejecutivo Nacional de formular un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tal como lo previó la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 y lo hemos venido exigiendo desde la sociedad civil venezolana. Vale quizás la pena volver a recordar el hecho de que la Ley mencionada determinó que el Plan debería estar diseñado en un plazo de dos años luego de su puesta en vigencia.

Desde la Coalición Clima21 saludamos estos cambios en las políticas del gobierno Venezolano con respecto al CC.

Por otra parte, es nuestra obligación señalar algunos aspectos negativos asociados a este evento:

1. El carácter cerrado del evento:  
A pesar de la gran importancia y transversalidad que tienen estos temas para todos los sectores del país, el mismo fue por invitación cerrada y, hasta donde entiendo, el público estuvo formado por principalmente por funcionarios gubernamentales venezolanos.

Esta circunstancia fue reforzada por haber sido realizado el evento dentro de una instalación militar.

2. El enfoque estrictamente gubernamental del mismo:
Con la excepción de una presentación de un representante del PNUD – Cuba, el resto de los expositores fueron funcionarios de diferentes organismos del Ejecutivo Nacional. Es claro que allí resultaban necesarias otras perspectivas que hubieran enriquecido y apoyado lo presentado.

El CC es un proceso que afectará, y en algunos casos ya afecta, todos los aspectos de la vida del país. Por ello, es necesaria la incorporación de múltiples miradas y acciones desde todos los sectores, de tal manera de disminuir las enormes vulnerabilidades que tiene el país en relación a los efectos negativos del CC. En tal sentido, es necesario incluir enfoques que promuevan la acción desde los sectores productivos, sociales y académicos.

Creer que el tema del cambio climático es un asunto que sólo compete a los gobiernos es una invitación al fracaso, o al menos a las limitaciones, de toda política que pueda ser implementada. Se dice que el canciller alemán Konrad Adenauer, obviamente un político, afirmó que "La política es demasiado importante como para dejársela a los políticos", idea que, creo, es también aplicable al CC.

3. Los anuncios de la realización de políticas públicas realizadas sin ninguna participación de actores sociales distintos al gobierno
Nos informan de que se están realizando políticas tan importantes como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático o programas educativos sobre este tema, sin que se hubiera realizado consulta y mucho menos con la participación de los distintos actores sociales interesados. Se invoca la participación de las comunidades, pero esa participación parece ser por una parte a posteriori y limitada a un sector de la población.

La participación de la sociedad civil en los temas de gestión ambiental y sustentabilidad tiene bases legales que son reconocidas a nivel internacional y que además son una orientación central de nuestra Constitución. Participar es un derecho, no un acto de generosidad gubernamental.


4. La ausencia del conocimiento científico-técnico desarrollado desde las universidades y centros de investigación en relación con el cambio climático: 
Es enormemente importante el desarrollo del conocimiento científico-técnico para sustentar las políticas de gestión del CC. Este fenómeno es un proceso ambiental enormemente complejo que genera consecuencias en distintos niveles y ámbitos, en algunos casos de naturaleza sinérgica.

A pesar de las dificultades existentes en el país, que se refleja de manera dramática sobre las universidades nacionales, el sector académico ha venido avanzando en este sentido. La Declaración de Mérida frente al cambio climático,  derivada del II Simposio Venezolano sobre Cambio Climático, es un claro ejemplo de esta acción.

Creer que sin ciencia y sin científicos es posible avanzar en políticas públicas relacionadas con el cambio climático, es como creer que se puede avanzar de noche en el océano abierto sin conocimientos del mar, las estrellas, ni instrumentos de navegación.

5. La educación ante el cambio climático se enfoca desde la seguridad policial:
En la ceremonia de apertura del evento el ministro de Relaciones Interior Justicia y Paz Mayor General Néstor Reverol declaró que: “con esta actividad buscamos lograr la capacitación para que el pueblo se involucre en el tema de prevención de riesgo y tengan el conocimiento para defenderse a la hora de un fenómeno natural o amenaza ambiental, debido al cambio climático que nos encontramos atravesando recientemente”.

Por otra parte, este ministro informó que serían usados los cuadrantes de paz creados por la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, como un espacio para formar a las comunidades sobre cómo actuar ante cualquier amenaza ambiental… Asimismo, explicó que la población existente en esos espacios serían “…instruidos por el jefe del Cuadrante de Paz y por representantes de los organismos de seguridad presentes en ese territorio”  (negrillas mías)

La primera de las declaraciones del Ministro-General es concordante con el reconocimiento internacional de que solamente una sociedad informada, formada y participativa podrá superar los desafíos derivados del CC.

Pero por otra parte, es alarmante que este importante proceso pase a tener una lógica de seguridad policial. Los “cuadrantes de paz” son componentes de uno de los planes de seguridad del Estado y fueron creados para “canalizar respuestas prácticas y efectivas frente a la delincuencia”. Por lo que no pareciera ser un elemento que pueda servir para desarrollar programas educativos que puedan contribuir a disminuir las vulnerabilidades de la población frente al cambio climático, así como construir capacidades y resiliencia de la población frente a los retos derivados del CC.

La educación en el contexto del CC no es un tema menor: Es cambiar la manera de desarrollar los procesos de formación ciudadana para enfocarla hacia la generación de capacidades prácticas en la población que les permita asumir y conducir los cambios desde lo participativo y lo comunitario, desde el trabajo y la empresa.

Necesitamos una educación que promueva un mayor involucramiento de la población en las labores relativas a enfrentar el CC, desarrollar capacidades para la acción, aumentar los niveles de resiliencia ante los cambios y promover las capacidades creativas de la población con el fin de que puedan desarrollar nuevos procesos y comportamientos en el contexto del CC.

El desconocimiento o minimización del poder transformador de la educación frente a temas como el CC es grave. Enfocarla desde la lógica de la seguridad policial es peor.

6. La ausencia de una mirada desde los derechos humanos:
Este tema parece haber estado totalmente ausente de este evento. Ello aun cuando, tanto el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el gobierno nacional reconocen que la protección frente a los efectos del CC es un derecho de la población.

Asimismo los especialistas en el tema consideran que el CC es uno de los mayores desafíos en cuanto a derechos humanos de nuestro tiempo.

Un enfoque de derechos es fundamental para desarrollar las capacidades de la población en el contexto de este problema. Sólo a partir de la conciencia ciudadana de sus derechos podremos avanzar hacia una sociedad que de manera responsable asuma los cambios necesarios para los difíciles cambios que impone el CC. Esta omisión no es menor y puede tener repercusiones importantes sobre todo desde una lógica estrictamente policial.

La ausencia de este enfoque no es un tema menor, ni un olvido intrascendente. Es la consecuencia de la imposición de un enfoque militar a un tema que es principalmente de la incumbencia de la sociedad civil.

7. Se mantienen las declaraciones altisonantes:
Los cambios de políticas ocurren sin abandonar un discurso que más que ideológico representa lo que en otras latitudes llaman la post-verdad, con declaraciones tales como: “Venezuela es un epicentro positivo a escala internacional en materia de prevención y lucha contra el cambio climático"

No necesitamos de grandilocuencia y autobombo político, sino de acciones y resultados de un trabajo positivo en conjunto con la sociedad venezolana. Estas serán las que definirán las valoraciones que se realicen a futuro.

Al final, las noticias de este evento nos dejan un sabor agridulce en la boca, con noticias positivas, pero algunas llamadas de alerta.

Bajo esas circunstancias como sociedad civil debemos mantenernos exigiendo nuestro derecho a participar activamente en la construcción de políticas públicas que permitan a nuestro país construir las capacidades para defenderse y desarrollase en el contexto del cambio climático. Políticas que nazcan de procesos participativos, abiertos con sólidas bases científicas y por supuesto con una perspectiva ciudadana.

lunes, 28 de agosto de 2017

Juntos por la Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Una semilla de esperanza





Un jardín es mucho más que un jardín

Hace varios años en el Jardín Botánico de Caracas –JBC– conocí una de las palmeras más bellas del mundo, la palma de Ceilán. Una especie proveniente del sur de la India y la isla de Ceilán (Sri Lanka) que los botánicos denominaron Corypha umbraculifera.

Además de su belleza y porte extraordinario, tiene una característica excepcional: sólo florece una sola vez en su vida. Al alcanzar una edad entre los 40 y 80 años produce una enorme inflorescencia en forma de paraguas. Luego de la floración y fructificación la planta muere.

En el año 2003, la que estaba sembrada en el JBC floreció. Mucha gente enmudeció de asombro y fascinación por el extraordinario espectáculo visible incluso desde fuera del jardín.

Eso ocurrió en uno de los sitios más bellos de Caracas, uno de esos tesoros urbanos que la mayoría de los caraqueños desconoce.

Pocos también saben que dentro del Jardín se encuentra la sede de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela Tobías Lasser, institución dirigida al estudio de la diversidad de la vida vegetal de Venezuela. Allí se encuentra depositada la mayor colección de muestras de plantas de todo el país. Colección necesaria para investigar y aprovechar el mayor tesoro de Venezuela: su riqueza natural.

Pero sobre todo un sitio donde se incuba el futuro del país.

¿Qué tiene que ver el futuro con coleccionar paja seca? 

La mayoría somos conscientes que la dependencia del petróleo ha sido uno de los mayores males de Venezuela. Asimismo que en la actualidad los combustibles fósiles están dejando de ser los motores de la economía global y que por ello muchos países se están preparando para dejar de depender de esos combustibles para cubrir sus necesidades de energía.

Y entonces, qué va a ocurrir en Venezuela cuando el petróleo pierda gran parte de los mercados actuales por razones ambientales, así como económicas y políticas.

Venezuela deberá realizar una transición hacia una economía post-petrolera. Es decir a una economía donde existan fuentes de divisas, trabajo y prosperidad que surjan de actividades distintas a la explotación de los combustibles fósiles.

Somos un país rico en biodiversidad. En nuestro territorio existen organismos vivos, paisajes y ecosistemas capaces de sustentar nuestra economía y desarrollo humano.

Las opciones son muchas: Turismo sustentable; nuevos rubros alimenticios, farmacológicos e industriales; producción limpia de energía y muchas posibilidades más. Además bosques ricos, mares sanos y ciudades verdes, serán nuestra primera línea de protección contra amenazas tales como el cambio climático, las epidemias globales y el hambre.

Por ello, algunas de las profesiones y oficios más importantes del futuro en Venezuela estarán relacionadas con la biodiversidad. Los que la conozcan, estudien y sepan aplicar ese conocimiento estarán en la vanguardia de la transformación del país.

Es por eso que el Instituto Botánico y las personas que allí trabajan son parte de nuestra apuesta al futuro.

Pero todo ese potencial está a punto de perderse.

Una catástrofe continuada

El Instituto Botánico y el JBC están siendo sometidos a un ataque sistemático y criminal.

A sus dificultades crónicas de falta de presupuesto y problemas laborales, se unió un proceso continuo de saqueo que parece estar dirigido a  su desmantelamiento final.

Foto tomada de El Universal
No es posible describir con palabras el nivel de daño que ha sido producido hasta ahora. Todos sus equipos, vehículos, mobiliario y material de trabajo han ido desapareciendo con saña inimaginable. Y la destrucción continúa.

Las causas de la devastación son múltiples y conocidas. Entre otras: el odio e irrespeto a toda institución productora de conocimiento, el hampa impune y apoyada y la total negligencia e indiferencia de unas autoridades que abandonaron la institución a las fuerzas de la destrucción.

Trabajar en esas condiciones parece prácticamente imposible. No existen condiciones mínimas de trabajo y la motivación y ánimo del personal es continuamente devastado por el efecto pernicioso de una destrucción sólo comparable con las consecuencias de una guerra.

A pesar de todo ello, tal como esas plantas que se empeñan en crecer en sitios insólitos, un grupo de
trabajadores aún siguen tratando de parar el derrumbe de la institución.

Hay muchas formas de hacer resistencia ante la destrucción de nuestro país. Esta es de las más heroicas que he visto.

El desierto puede florecer

El desierto de Atacama en Chile, es el más seco del mundo. Allí la vida debe ser muy dura para poder adaptarse a esas condiciones extremas. Cada cierta cantidad de años, ocurren lluvias importantes en la región y el desierto se cubre de flores. Es un espectáculo extraordinario.

Imagen tomada de ABC Color
Como las flores del desierto de Atacama, en este momento en el país y en todo el mundo está floreciendo la fuerza, resistencia y solidaridad de los venezolanos.

Por ello, desde hace más de un mes decenas de voluntarios se reúnen todos los sábados en el Jardín Botánico de Caracas para ayudar con su limpieza y mantenimiento.  

Asimismo, varios comunicadores sociales han dado a conocer y denunciar la situación del JBC.

Recientemente, me reuní con un grupo del personal de la Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Estoy ayudando a tender un puente entre venezolanos en todas partes del mundo que quieren apoyar al país y una institución que necesita urgentemente todo apoyo y solidaridad.

Foto tomada de El Universal
Hablamos de estrategias para captar fondos urgentes para evitar que se profundice el desastre. Pero
principalmente hablamos de esperanza. Queremos prender una pequeña luz en el medio de la oscuridad.

Se necesita de mucha más ayuda. Se requiere de gente con ideas y ganas de ponerlas a funcionar. Pero principalmente de personas que crean que nuestro país y nuestra ciudad merecen un espacio como el JBC donde florezca el país y fructifique el conocimiento necesario para reconstruir la Venezuela que necesitamos.

Incorpórate

Si usted desea apoyar al JBC con las jornadas de mantenimiento, por favor contacte con la Lic. Yaroslavi Espinoza <yespinoz04@gmail.com>. Se necesitan muchas manos, herramientas de jardinería y ganas de trabajar.

Si además quiere apoyar con ideas para rescatar nuestro potencial como país sustentable, por favor escriba a la Dra. Ana Herrera <instituto.jardin@gmail.com>  Necesitamos gente con propuestas concretas sobre como montar un esquema de captación rápida de fondos mediante el apoyo de mucha gente (crowdfunding) y una estrategia de largo plazo para la sustentación de la institución.

Muchas gracias de antemano. Estoy seguro que la Palma de Ceilán que sembraron al lado de la anterior, un día florecerá y será un regalo para todos.





miércoles, 23 de agosto de 2017

Justicia ambiental hiperbólica


Imagen del fondo tomada de La Radio del Sur

El gobierno de Venezuela puede ser definido como hiperbólico. Esa figura retórica de exagerar, a veces hasta el absurdo, las características de algún objeto, situación o persona con el fin de resaltarlo o magnificar su trascendencia. Pero no lo hace por razones literarias, sino que es un intento de generar realidades ficticias que escondan la realidad y esconder situaciones que no desean que sean objeto de escrutinio por los ciudadanos del país.

La hipérbole gubernamental toca todos los temas incluyendo los ambientales. Aún recordamos, el “logro” del 96% de acceso al agua potable en el país y los “avances” y “propuestas ambiciosas” en materia de lucha contra el cambio climático tal como fueron proclamados por la delegación venezolana durante la Cumbre del Clima en París en el 2015.

Pero en este momento pareciera que queremos alcanzar records dignos de un Premio Guinness.

Recientemente, en entrevista a “La Radio del Sur”, la presidenta de la Misión Socialista Árbol, Osly Hernández realizó declaraciones que retoman un guión ya representado durante de las manifestaciones estudiantiles del año 2014, reciclado recientemente por medios oficialistas y que son una excelente muestra de hipérbole ambiental.

En las mismas, esta funcionaria anunció que el gobierno de Venezuela está preparando un informe sobre los daños causados al ecosistema  durante las manifestaciones violentas perpetradas por sectores extremistas de la oposición desde el pasado mes de abril, el cual será representado ante la Organización de las Naciones Unidas (las negrillas son mías)

Asimismo, advirtió que: “Vamos a denunciar los crímenes que se dieron no solo contra los árboles, sino contra lugares de producción de agua potable e hidrológica que ponían en riesgo la vida del ser humano e incluso se registró el robo de una cepa de bacterias en Aragua”. Además, aseveró “que el problema en el país fue que sectores fascistas acabaron con elementos de vida para usarlos como instrumentos de guerras… ”.

Causa indignación que estas declaraciones sean dadas por una funcionaria que parece no tener ningún inconveniente en olvidar mencionar, entre otras cosas, que durante esas manifestaciones murieron más de cien venezolanos y que la gran mayoría de los mismos fallecieron por causas atribuibles a la acción desmedida de cuerpos policiales, militares y paramilitares.

Pero más allá de este “olvido”, y el lenguaje difamatorio, uno puede imaginarse el desconcierto de los funcionarios de la ONU recibiendo ese informe sin sentido de la pertinencia, la oportunidad y la proporcionalidad y con intenciones tan poco claras.

Además proveniente de uno de los países con mayor tasa de deforestación del continente, que anuncia la destrucción de miles de hectáreas de bosques que forman parte del Arco Minero del Orinoco, que sus “avances urbanos” recientes incluyen la destrucción de cientos de árboles y zonas verdes, que construye edificios residenciales dentro de áreas protegidas por ley y que permite la destrucción de los bosques de la Guayana por los mineros ilegales, incluyendo los que están dentro de Parques Nacionales y zonas declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad.

Pero obviamente el tema no es ser coherente o buscar soluciones positivas a los problemas, es otro intento de usar una situación de deterioro urbano como arma de persecución política. Es la degradación de la gestión ambiental para usarla como arma de guerra.

No es la primera vez que en Venezuela se usa la justicia ambiental con fines de persecución política o de manera totalmente exagerada, pero en este caso, sino estuviésemos pasando por una tragedia nacional, sería para caernos de la risa.

Son tiempos oscuros, pero muy pronto volveremos a llenar a nuestras ciudades de miles de árboles y avanzaremos hacia un país y una sociedad sustentable que utilice responsablemente su extraordinaria biodiversidad como pilar de nuestro desarrollo y calidad de vida.

Juntos haremos realidad el hecho de que la conservación de la naturaleza y la biodiversidad es un derecho humano y que la protección de la vida en todas sus formas será nuestra manera de decir gracias por el privilegio de vivir en un país de naturaleza maravillosa.

martes, 15 de agosto de 2017

Canaima, el Salto Ángel y el Chigüire Bipolar


Montaje sobre imagen tomada del Chigüire Bipolar 

A lo largo del día de ayer llovieron por las redes sociales fotos que supuestamente demostraban que el gobierno estaba permitiendo a empresas chinas a deforestar en los alrededores del Salto Ángel para sacar oro. Ello supuestamente como parte de los acuerdos mineros relacionados con el Arco Minero del Orinoco.

Una de las mismas muestra un letrero colocado frente al conocido salto de agua, con el texto: "Propiedad Privada. Terreno propiedad de…" seguido por  una cantidad de ideogramas chinos. Otras parecen mostrar zonas deforestadas y personas trabajando frente al mismo escenario.

La indignación de los que enviaban las imágenes era enorme y no fue hasta más tarde que se reveló que, al menos, la del letrero provenía de una entrada de la página humorística el Chigüire Bipolar publicada en el año 2011.

El tema es complejo y va mucho más allá del chiste o la confusión:

Por una parte, de hecho, está ocurriendo un verdadero ecocidio dentro del Parque Nacional Canaima, nuestro principal Patrimonio Natural de la Humanidad. Esto ha sido denunciado desde hace varios años sin que se haya tomado ninguna medida para evitarlo. Tal delito ambiental ocurre producto de la acción de “mineros ilegales” que trabajan ante la mirada complaciente, negligente, cómplice y, en algunos casos, impotentes de quienes debieran evitarlo.

Pero eso no tiene que ver con el tema del Arco Minero del Orinoco. Ese es otro problema grave que va a hipotecar nuestro futuro y sigue avanzando, mientras los venezolanos parecemos estar preocupados únicamente por el día a día y los conflictos políticos.

Las empresas chinas tienen años trabajando en el país y tienen inversiones importantes en materia petrolera y minera. Muchos de estos contratos son muy opacos, pero que se sepa, al menos de fuentes confiables, no dentro del Parque Nacional Canaima, área que no está incluida en la superficie decretada como Arco Minero del Orinoco.

Sobre el resto de las fotos enviadas me queda la duda sobre dónde y cuándo fueron tomadas o si también son falsificadas (una de ellas con el fondo del Salto Ángel es la más cuestionable) El hecho de que se hayan distribuidas junto a una que es totalmente falsa genera dudas sobre todo conjunto, al menos mientras no puedan ser verificadas.

Es necesario insistir sobre el sano escepticismo que debemos tener sobre toda noticia escandalosa, y la necesidad de confirmarla a través de fuentes confiables.

Necesitamos entender que vivimos en un momento en el cual se manipulan a los medios y particularmente a las redes sociales para generar desconfianza, miedo, reacciones nerviosas y al final descalificar estas redes como las únicas vías que muchos tenemos para recibir información veraz y pertinente para nuestras vidas.

Asimismo, es necesario comprender que en nuestro país están ocurriendo muchas situaciones injustas, deshonestas y hasta perversas, pero que no es útil reaccionar de manera visceral, ni mucho menos creer que viralizar información falsa puede servir para algo.

Por lo contrario nuestra acción, para que pueda ser eficiente debe ser de organizarnos y trabajar como sociedad ante estas realidades. Trabajo que debe incluir la documentación cuidadosa y la denuncia ante los órganos pertinentes de las acciones ilegales y las violaciones a los derechos ciudadanos y humanos.

Asimismo debemos prepararnos para rechazar de manera tajante la pretensión de unos pocos de “legalizar” los grandes negocios mineros que se están maquinando en el país.



P.S. Si se llegara a confirmar la veracidad al menos de alguna de las fotos enviadas habrá que darle otro premio al Chigüire por sus extraordinarias dotes predictivas

sábado, 12 de agosto de 2017

¿Venezuela se prepara para combatir el cambio climático?




En un artículo anterior en este mismo blog, comenté como la reciente ratificación del Acuerdo de París por parte del gobierno de Venezuela nos generaba a muchos ambientalistas venezolanos una mezcla de optimismo con desconfianza. En nuestro país bipolar, esta no es una sensación extraña y por el contrario forma parte de nuestra cotidianidad.

Más recientemente, una nota de prensa difundida por la Agencia Venezolana de Noticias nos refuerza esa tendencia a la emocionalidad paradójica:

En la misma, aparecen declaraciones del Ministro de Ecosocialismo y Aguas Ramón Velásquez Araguayán anunciando que: "En el mes de septiembre estaremos presentando la culminación del segundo comunicado nacional sobre cambio climático en nuestro país”. Asimismo informa que “preparan la conformación de la estructura gubernamental para afrontar y mitigar los efectos del cambio climático". Igualmente, destacó que diversos ministerios trabajan articuladamente con organismos internacionales para cumplir con el objetivo en el país. (Las negrillas las agregué yo)

Estas aseveraciones fueron complementadas por otra nota de prensa reciente, basada en mensajes publicados por el ministro a través de su cuenta de Twitter, en los cuales este funcionario da más información al respecto del tema tratado en el artículo anterior.

En las mismas, el ministro explica que el primer taller del “Fondo Verde para el Clima y Financiamiento Climático", tiene como objeto dar asesoramiento para la designación de la autoridad nacional así como crear la estructura gubernamental que va permitir el acceso al financiamiento del nuevo proyecto climatológico.

En otros tuits del ministro,  reseñados por esta nota, señala que la reunión tiene como propósito estudiar las soluciones para “revertir” los daños que el cambio climático en el país le ha hecho a “la Madre Tierra“. Asimismo, que: “discutirán los efectos del cambio climático que representan una amenaza a nuestros objetivos como país y promover iniciativas o proyectos que contrarresten los efectos del cambio climático”. (Las negrillas las agregué yo)

Analicemos la información suministrada por el ministro:

1. Anuncia que Venezuela presentará el segundo comunicado nacional sobre cambio climático en nuestro país.

Las Comunicaciones Nacionales son informes que presentan los países miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para evaluar y evidenciar su situación frente a los temas relacionados con este fenómeno. El mismo, describe la situación del país en cuestión  en relación con la lucha contra el cambio climático e incluye un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero actualizados a la fecha del informe.

Estos reportes son necesarios para conocer la situación global en materia de cambio climático, así como sus tendencias y cambios, para, a través de esa información, mejorar las políticas globales y nacionales de lucha contra esta forma de destrucción global del ambiente.

A pesar de que se espera que estos informes sean periódicos y regulares, cada país ha ido presentando sus reportes de acuerdo a sus posibilidades y realidades.

En la región de América Latina y el Caribe la mayor parte de los países han publicado, hasta esta fecha, al menos 2 informes (21 de 33 países) y  nueve naciones han presentado más de dos informes (México ha presentado 5, Uruguay 4 y Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú 3)

Hasta el momento, Venezuela sólo ha presentado uno, el cual fue remitido a las Naciones Unidas en el año 2005. En este documento se incluyó un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero con datos recolectados hasta el año 1999. Obviamente, en este momento estos resultados están muy desactualizados con respecto a nuestra realidad actual.

Aunque en diversos momentos previos se han realizado anuncios prometiendo entregar este informe, sin que ello hubiera ocurrido, celebramos que se tenga la intención de cumplir con esta obligación con el planeta.


2. Anuncia que Venezuela va a conformar una estructura gubernamental para afrontar y mitigar los efectos del cambio climático que incluye la designación de la autoridad nacional

Desde hace varios años, distintas personas y organizaciones nacionales e internacionales han solicitado que el gobierno nacional nombre una Autoridad Nacional en temas de cambio climático. Esta figura de Autoridad Nacional es una recomendación derivada de las decisiones tomadas en las reuniones cumbre sobre cambio climático (COP). Estas unidades gubernamentales representan puntos focales nacionales dirigidas a articular las acciones internacionales y nacionales así como promover el desarrollo de las políticas nacionales sobre este tema.

En Venezuela, algunos especialistas han considerado que esta dependencia debería tener competencias, capacidades técnicas, autonomía y recursos suficientes para realizar las complejas coordinaciones, articulaciones y estudios necesarios para cumplir con los objetivos nacionales en materia de cambio climático. Asimismo, se ha propuesto que ésta tenga una estructura que promueva la participación plena y efectiva de los actores sociales no gubernamentales relacionados con el cambio climático, tal como lo refiere el Acuerdo de París y las decisiones previas derivadas de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas.

Celebramos que se esté avanzando en la constitución de esta necesaria estructura organizativa. Pero a la vez sospechamos que la misma no va a tener un carácter participativo y abierto, sino por lo contrario excluyente y cerrado, como ha sido la costumbre hasta este momento en este tipo de asuntos. Realmente me alegraría mucho si estuviese totalmente equivocado en este punto.

3. Informa que estos esfuerzos tienen como objetivo final permitir el acceso al financiamiento del nuevo proyecto climatológico.

Cuando la reunión de la COP21 en París en diciembre de 2015, muchas voces en Venezuela alertaron que, tanto el lenguaje beligerante, como las propuestas basadas en pobres consideraciones técnicas, exhibidos por la delegación venezolana en esa reunión cumbre, eran contrarias a los intereses nacionales. Que por lo contrario, se necesitaba presentar una posición clara y firme, pero a la vez profesional, tanto en materia de gestión del desarrollo en el contexto del cambio climático, como en el tema de estrategias diplomáticas que permitieran alcanzar los apoyos necesarios para avanzar en los planes y proyectos prioritarios para el país.

El costo más importante (además del desprestigio nacional) que resulta como producto de esos enfoques inadecuados, es tener dificultades para acceder a los fondos existentes en materia de financiamiento del cambio climático. En este tema, el dinero va hacia propuestas creíbles, transparentes y viables.

Ahora más que nunca necesitamos de esos recursos, por lo tanto hay que dejar de lado las poses políticas, y con una verdadera estrategia de Estado, buscar los medios para lograr los objetivos nacionales en materia de cambio climático. Celebramos cualquier avance en este sentido.

Pero a la vez, alertamos sobre la necesidad de que la sociedad civil venezolana esté activa en la vigilancia de que los fondos que pudieran obtenerse se utilicen de manera transparente, pulcra y eficiente. A la vez que exigimos el derecho de la sociedad civil a realizar contraloría social del manejo de esos fondos.

4. Da a conocer que se discutirán los efectos del cambio climático que representan una amenaza a nuestros objetivos como país y promover iniciativas o proyectos que contrarresten los efectos del cambio climático.

Como dice el dicho popular “nunca es tarde cuando la dicha es buena”. Luego de muchos años sin avances en ninguna de los temas relacionados con el cambio climático en Venezuela, esas noticias alegran, ello a pesar de que ahora habrá que correr mucho para alcanzar los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. En particular, tener en el menor tiempo posible una Estrategia Nacional de Adaptación al cambio climático, que nazca de un proceso consensuado y verdaderamente participativo, con sólidas bases científicas y con visión de unión nacional.

Los venezolanos más pobres quizás no sepan mucho de la ciencia y la política del cambio climático, pero son los más vulnerables a sus efectos, por lo que cualquier retraso adicional en la implementación de acciones realmente contundentes y eficaces en esta materia, redundará en graves violaciones a sus derechos humanos y en un mayor deterioro del desarrollo nacional.

Ellos no van a celebrar los logros alcanzados en la reunión reseñada por el ministro, no tienen tiempo para eso. El resto, mantendremos algunas expectativas de que estas declaraciones sean seguidas por hechos en la dirección positiva que demanda nuestro país.