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| Imagen tomada de ultimasnoticias.com |
La pregunta que sirve de título a esta entrada no tiene nada de ociosa ni de bizantina. Conocer su respuesta permitirá que el país desarrolle acciones concretas dirigidas a mitigar las emisiones que causamos y calibrar las actividades que se vienen realizando.
Sobre este tema no tiene sentido las tácticas de ocultamiento o las postergaciones, es nuestra responsabilidad como país establecer nuestra contribución, mucha o poca, al calentamiento global y participar en el esfuerzo de todas las naciones del mundo en mitigar las causas de este cambio.
Sobre este tema, recientemente, a consecuencia de un artículo de prensa aparecido en el diario Últimas Noticias, se presentó una polémica entre el Abogado y Activista, Sr. Juan Martorano en representación del Colectivo de Ecologistas de Venezuela (ECOVEN) y el Profesor de la Universidad de los Andes Julio Cesar Centeno. Esta discusión refleja la manera como se realizan muchas de las discusiones sobre temas importantes para el país en la cual se ha venido sustituyendo el análisis técnico de la información y la polémica profesional, por la opinión sectaria, la descalificación y el insulto. Creo que el Cambio Climático es un problema demasiado grave que tendrá repercusiones importantes para todos los venezolanos y todos tenemos la obligación de actuar de manera seria, cooperativa y ética por el bien de nuestro país y de nuestros hijos.
A continuación transcribo en su totalidad todos los textos aparecidos hasta la fecha, de tal manera que cada lector pueda hacerse su propia opinión.
Últimas Noticias. 25/05/2014.
Venezuela emite más CO2 en Latinoamérica
Nuestra generación de carbono supera la de países como Francia y Alemania
Según comentó el investigador venezolano Julio Centeno a Últimas Noticias, el subsidio del Estado y los bajos precios de los combustibles hacen que el derroche de energía fósil aumente la generación de CO2.
Esas emisiones revelan cuántas toneladas de gas de efecto invernadero se invierten por cada mil dólares de producto interno bruto (PIB) en un año. Cifras del BM muestran que Venezuela ocupa en sus indicadores el primer lugar de Latinoamérica emitiendo una tonelada de CO2 por cada mil dólares de PIB. Ese valor es 3,3 veces superior al de Argentina, cuatro veces superior al de Brasil, cinco veces superior al de Colombia y más de dos veces superior al de México. Además, las emisiones per cápita son también las más altas, siendo de casi la mitad que las emisiones en Alemania.
Intentamos contactar al Ministerio del Ambiente, a la viceministra para América del Norte, Claudia Salerno, representante del país en materia de cambio climático, para conocer qué está haciendo Venezuela para reducir las emisiones de CO2, pero no obtuvimos respuesta.
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Mi apoyo al derecho de replica de Ecoven al periodista fascista David De Mattei
Por: Juan Martorano
El Plan de la Patria, que no es más que el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación por este próximo sexenio (2013-2019), establece, en su quinto objetivo histórico, la preservación de la vida en el planeta y salvar a la especie humana. Esto se traduce en la necesidad de construir un modelo económico ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre, la mujer y la naturaleza, que garantice el uso y el aprovechamiento racional y óptimo de nuestros recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.
En tal sentido, es necesario ratificar la defensa de la soberanía del Estado Venezolano sobre los recursos naturales vitales.
Este quinto objetivo histórico, nos convoca a sumar esfuerzos para el impulso de un movimiento de carácter mundial para contener las causas y revertir los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista y depredador.
Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Título III, Capítulo IX, constituye todo un capítulo para lo que son los derechos ambientales y ecológicos. Es la primera vez, que un texto constitucional venezolano consagra este tipo de derechos, además de superar, con una visión sistemática o de totalidad , la concepción del conservacionismo clásico que solo procraba la protección de los recursos naturales como parte de los bienes económicos.
En efecto, anteriormente la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras.
La Constitución en su preámbulo señala entre los fines que debe promover nuestra sociedad, la protección del equilibrio ecológico y de los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Consecuente con ello, el texto constitucional se caracteriza por desarrollar con la amplitud necesaria, los derechos y deberes ambientales de cada generación, y por reconocer el derecho que ellas tienen a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Destaca, en este sentido, la necesidad de mantener un eficaz desarrollo de la seguridad ambiental en las fábricas y complejos industriales.
Así, el Estado, con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; al tiempo que velará por un medio ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, gocen de especial protección. De igual manera, el Estado desarrollará una política de ordenación del territorio que atienda a las exigencias del desarrollo sustentable, la cual deberá contar con la participación ciudadana.
Por otra parte, como una garantía insoslayable para la protección del ambiente se dispone que en todos los contratos que la República celebre, o en los permisos que se otorguen, que afecten recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, todo ello en los términos que determine la ley.
Aunado a ello, los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización axiológica en el texto constitucional, a través de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la Nación. Así, encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental, las limitaciones a la libertad económica por razones de protección del ambiente, el carácter de bienes de dominio público que se le atribuye a las aguas, la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, la protección del hábitat de los pueblos indígenas, entre otros.
Ahora, ustedes se preguntaran. Luego de esta introducción un poco larga, el por que de esta introducción un poco extensa, y ahora les voy a explicar el por que.
En función de todos los señalamientos antes expresados, como una de las múltiples formas de organización y protagonismo de nuestro pueblo, ha surgido el Colectivo de Ecologistas de Venezuela (ECOVEN), a los fines de garantizar el quinto objetivo histórico de nuestro plan de la patria y el mandato de nuestra Constitución, y quienes participaron los primeros días de este mes de mayo, en un Congreso Ecologista en nuestro país, con la presencia de nuestro Presidente Obrero, Nicolás Maduro, de donde se desprendieron varias líneas de acción para garantizar nuestros derechos a un ambiente y hábitat sano.
Pues bien, es lamentable como también con los temas ecológicos y ambientales, algunos tratar de utilizarlo políticamente, para golpear a nuestra nóvel Revolución Bolivariana. En fecha 26 de mayo de 2014, el periodista David De Matteis, violando el Código de Ética del Periodista Venezolano, y la Ley del Ejercicio del Periodismo vigente en nuestro país, publicó un trabajo periodístico titulado "Venezuela emite más CO2 en Latinoamérica", el cual se puede leer en el siguiente enlace http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/ambiente/venezuela-emite-mas-co2-en-latinoamerica.aspx y en el mismo se puede leer el siguiente subtitulo: "Nuestra generación de carbono supera países como Francia y Alemania". El cual es sustentado única y exclusivamente en la opinión del Sr. Julio Centeno.
El colectivo ECOVEN, me señalaron que la información publicada por el señor De Matteis contiene información inexacta e inconclusa, puesto que faltan muchísimos datos para realizar tal aseveración. En tal sentido, me señalaron que se comunicaron con el Sr. De Matteis, el día de la publicación (26-05-14) para ofrecerle una visión más amplia respecto al tema abordado, y su respuesta fue que eso ya se había publicado.
Ante la insistencia de réplica y de rectificación de dicha información, la respuesta del referido periodista, vía twitter fue: "Vayan a quejarse a VTV @HenryckRangel @SomosEcoven", lo cual revela su falta de profesionalismo, su actitud negligente, poco tolerante, denigrante y fascista.
Al respecto, le recordamos al periodusta De Mattei que, la comunicación, además de ser un derecho humano, de acuerdo al artículo 58 de nuestro texto constitucional, es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de nuestra constitución, así como a la replica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas y agraviantes. (Subrayado de quien esto escribe).
Tengo en mi poder la captura de pantalla del tuit de este periodista falto de ética, así como la solicitud del colectivo Ecoven dirigido a Eleazar Díaz Rangel, periodista y Director de Ultimas Noticias, donde se solicita este derecho a réplica, tal como lo establece nuestra Carta Magna y el ordenamiento jurídico vigente.
Los compañeros de Ecoven, además, hacen el llamado, a revisar el informe en línea de Emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) toneladas métricas per cápita, publicado por el Banco Mundial, donde se podrá observar que nuestra generación de CO2 está por debajo de varios países del Caribe, por lo tanto titular ese trabajo periodístico "Venezuela emite más CO2 en Latinoamérica" es una falta de ética por parte del referido periodista.
Omite en su articulo el Sr. De Matteis, que un árbol puede absorber entre 10kg y 30kg de CO2 por año, dependiendo de su tipo y tamaño. En nuestro país durante los últimos años, gracias a la Misión Árbol se han reforestado, con la participación protagónica del pueblo, más de 32 mil hectáreas y 45 millones de árboles, que sin duda contribuyen con la mitigación del CO2 que generamos, y más allá aporta significativamente a la generación de oxigeno y protección de cuencas.
Por eso, el colectivo ECOVEN han maniestado su profunda preocupación por el manejo irresponsable y politiquero del tema ambiental, y la visión sesgada del artículo del periodista David De Mattei.
Y este humilde articulista, como promotor y defensor de los derechos humanos, mi total respaldo a la lucha de este incipiente colectivo, y exijo a David De Mattei a conceder el derecho de réplica, y exhortar a Eleazar Díaz Rangel y al diario Ultimas Noticias a publicarlo.
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Aporrea 11/06/2014
Por: Julio César Centeno
En un artículo publicado en ULTIMAS NOTICIAS el 26 de Mayo 2014 se hace referencia a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de Venezuela, resaltando que son las más altas de América Latina, tanto por habitante como en relación con el producto interno bruto.
Al día siguiente se publicó en APORREA un desmentido del COLECTIVO ECOSOCIALISTA DE VENEZUELA (ECOVEN), reclamando derecho a réplica en ese diario. Como en ambos artículos se menciona mi nombre, me dirijo tanto a los autores de ambas notas como a los medios donde se publicaron para aclarar los señalamientos en referencia.
Según ECOVEN, el señalamiento de que Venezuela registra los más altos niveles de emisiones de CO2 por habitante y por unidad del PIB “es una falta de ética por parte del periodista”. Señala también que “a través de la Misión Árbol se han reforestado más de 32 mil hectáreas que sin duda contribuyen con la mitigación del CO2 que generamos”.
La realidad es que, desafortunadamente, las emisiones de CO2 de Venezuela por habitante son efectivamente las más altas de América Latina. Se han mantenido así durante años. Así se reporta en varias fuentes, tales como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, el PNUD y la CEPAL. Según el Banco Mundial, la fuente a la que hace referencia la nota publicada por Últimas Noticias, las emisiones por el consumo de combustibles fósiles en el 2010 superaron las 6.9 toneladas de CO2 por habitante, muy superiores a las de otros países de la región: Argentina (4.5), Méjico (3.8), Brasil (2.2), Perú (2.0), Colombia (1.6). El hecho de que un país del caribe, Trinidad-Tobago, registre niveles aún mayores, no le resta importancia al señalamiento.
Según la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de CO2 por unidad del producto interno bruto, ajustado por su poder de compra en cada país (PIB-PPA), son también las más altas de la región. Lo que quiere decir que Venezuela registra la menor eficiencia económica por unidad de CO2 emitido, aunque tomemos en consideración sólo las emisiones provenientes del consumo de combustibles fósiles. Según la AIE, en el 2010 se emitieron 0.57 kilogramos de CO2 por dólar del PIB-PPA, considerablemente más alto que el de otros países de la región: Argentina (0.27), Brasil (0.2), Colombia (0.14). El mismo valor es reportado por el Banco Mundial en sus más recientes Indicadores del Desarrollo Mundial.
Misión Árbol
Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional de la Madera Tropical (OIMT), durante el período 2001-2010 se destruyeron en Venezuela 2,8 millones de hectáreas de bosques naturales, a una tasa promedio de 280.000 hectáreas anuales (FAO – State of the World’s Forests 2011; ITTO – The State of Tropical Forests 2011; CEPAL – Superficie de Bosques 2011). La superficie forestal se redujo de 49,15 a 46,27 millones de hectáreas en ese período.
Mientras que a través de la Misión Árbol se habrían reforestado 32.000 hectáreas desde su creación hace 6 años, en el mismo período se habrían destruido 1.680.000 hectáreas del patrimonio forestal de la nación. La Misión Árbol habría compensado menos del 2% de los bosques que se han destruido en el país desde su lanzamiento.
Según las estadísticas del Ministerio del Ambiente, la superficie boscosa se redujo de 58 a 47,6 millones de hectáreas entre 1980 y el 2010, a una tasa promedio de 347.000 hectáreas anuales durante 30 años consecutivos (MPPA-Indicadores Ambientales 2012). Se reconoce así un crimen ecológico de gigantesca magnitud, cometido con absoluta impunidad. Entre los responsables de este asalto contra la estabilidad de la nación no sólo se encuentran ganaderos, agroindustriales, madereros y latifundistas, sino también las autoridades competentes que permitieron tan insólita destrucción.
Según el Ministerio del Ambiente, sólo entre el 2001 y el 2010 se destruyeron 1,4 millones de hectáreas, a una tasa promedio de 140,000 hectáreas por año. La tasa promedio estimada por el Ministerio del Ambiente para el período 2001-2010 (140.000 hectáreas por año) es equivalente a la mitad de la deforestación señalada por la FAO, la CEPAL y la OIMT para el mismo período. Esta diferencia se debe en buena parte a la cuantificación por parte del Ministerio del Ambiente de áreas boscosas que ya no existen. Tal es el caso de las 116.000 hectáreas de bosques en la reserva forestal de Turén, donde se destruyó más del 95% de sus majestuosos bosques originales. Turén fue convertida en potreros hace décadas, pero continúa siendo contabilizada en su extensión original como reserva forestal (Ministerio del Ambiente: Estadísticas Forestales 2010).
De manera similar se contabilizan como existentes enormes masas boscosas en su mayor parte destruidas hace años. En la reserva forestal de Caparo sobrevive menos del 20% de los bosques que inicialmente cubrían 180.000 hectáreas. Algo similar ocurre en la reserva forestal de Ticoporo, donde apenas sobreviven relictos de las 270.000 hectáreas de bosques originales. De las 450.000 hectáreas de ricos bosques selváticos en la reserva forestal de San Camilo se ha destruido más del 80%. Situaciones similares se evidencian en Río Tocuyo, San Pedro, Guarapiche, Tumeremo, Paraguaza, Orituco, Pedernales y partes de las reservas forestales del Caura e Imataca, entre múltiples casos adicionales de bosques que han sucumbido con la complicidad de las autoridades encargadas de velar por su protección. Si se sinceraran las cifras sobre las superficies de bosques efectivamente existentes en la actualidad, la diferencia entre las estadísticas de FAO–CEPAL–ITTO (46,2 millones ha en el 2010) y las estimaciones del Ministerio del Ambiente tienden a anularse.
Aun partiendo de las estimaciones del Ministerio del Ambiente, la Misión Árbol sólo ha podido compensar el 4% de los bosques que se han destruido en el país desde su creación.
Cuando se incluyen las emisiones netas de CO2 provenientes de la deforestación, la posición de Venezuela es aún más comprometedora. A las 200 millones de toneladas métricas anuales de emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles en el 2010 habría que añadir 90 millones adicionales por la deforestación anual neta. Las emisiones se aproximan así a las 10 toneladas por habitante, muy por encima de los otros países de la región y superando a las de países considerablemente más industrializados, como Alemania, Inglaterra o Japón.
Venezuela encara una difícil situación en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere, cuya negación atenta contra la estabilidad ecológica de la nación y compromete los derechos de generaciones futuras. Urgen políticas públicas destinadas a reducir efectiva y sustancialmente las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles y erradicar la deforestación. Venezuela se encuentra también en una posición comprometedora en las negociaciones internacionales sobre cambios climáticos debido a sus elevados niveles de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero por habitante.
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