Y ahora van contra la Sierra de Perijá (Crónicas del neoextractivismo del siglo XXI)

Imagen tomada de: http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/

Recientemente, dos jóvenes periodistas venezolanos realizaron sendos reportajes en  relación con el tema de la explotación del carbón en la cuenca del Guasare de la Sierra de Perijá en el estado Zulia. En ellos se describen desde distintas ópticas el proceso de "desarrollo" de este proyecto minero, sus impactos ambientales y sociales, y lo que ahora puede ser mucho peor a través del avance de este proceso de destrucción a raíz del Decreto 1.606 de la Presidencia de la República en el cual se expande de manera muy importante el área afectada. Ello sin ningún miramiento a que se esté contraviniendo la Constitución Nacional, la normativa ambiental del país e incluso la opinión en contra que alguna vez emitió el difunto presidente Hugo Chávez Frías.

Con respecto a estos trabajos periodísticos, por una parte, la muy joven y brillante periodista Ariana Guevara publicó un excelente reportaje en el portal elestimulo.com/climax  que describe la historia y desarrollo de este problema y la campaña desarrollada por la organización ambientalista Homo et Natura en contra de este nuevo ecocidio.



Por carbón, la quema y explosión de la Sierra de Perijá

ARIANA GUEVARA  @ArianaGuevaraG

En Zulia, la producción carbonífera ha generado empleos pero también estragos ambientales. Un decreto presidencial da luz verde al incremento de la actividad con el fin de alimentar una planta termoeléctrica. Promesa de reducir los apagones. Se destruirá el fino equilibrio del ecosistema. A eso se suma la presencia de una empresa china en un proyecto que es rechazado por ambientalistas y habitantes de la región.


Una amenaza silente se cierne sobre una porción de la Sierra de Perijá, en el noroeste del estado Zulia. Aunque suene alarmista, hay razones para hacer tal afirmación: si se llega a concretar la expansión de la minería del carbón —a la que el Gobierno nacional dio luz verde—, los ríos, la vegetación, los suelos y las poblaciones indígenas que forman parte de este ecosistema serán las primeras víctimas. Visto así, pareciera que en lugar de la protección de un paraje privilegiado, la prioridad está en el desarrollo de una economía depredadora, de un proyecto que se lleve todo a su paso.

Si bien en Zulia se explota el carbón desde los años ochenta, una información oficial hizo que se encendieran las alarmas. En febrero de este año se publicó el decreto 1.606, en la Gaceta Oficial 40.599, que transfiere a Carbones del Zulia, filial de Petróleos de Venezuela, los derechos de exploración y explotación carbonífera en una zona de 24.192,14 hectáreas. ¿Y cuál es el problema? Que las minas actuales —Norte y Paso Diablo— abarcan 1.763 hectáreas, con concesiones de un total de 7.250 hectáreas, lo que significa que este instrumento da pie para la ampliación de la actividad.

Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Homo et Natura, explica que esa expansión se traduciría en la apertura de minas en los alrededores de los ríos Socuy y Cachirí. La intención, entre otras, es aumentar las cantidades de carbón —en 2014 se produjeron 682.858,72 toneladas métricas en Zulia—, para alimentar un proyecto de carboeléctrica, en el que participará la empresa china Sinohydro con una inversión de 7 millardos de dólares.

Portillo afirma que en noviembre de 2012 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un memorándum de entendimiento con Li Ming, representante de la compañía asiática, para elaborar estudios de ingeniería y financiamiento. “Se reforzaron con la contratación de la empresa india Essar Projects Limited, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, el 9 de octubre de 2013, con la firma de su vicepresidente, Jasbir Singh”, señala un documento de la organización.

El decreto que permite la ampliación de la zona minera responde, hasta cierto punto, a los intereses de mantener este proyecto, que comenzaría a construirse en 2013, pero que aún no ha arrancado. Y, aunque el decreto indica con claridad que la explotación estará a cargo de una empresa venezolana, los ambientalistas manejan otra información: Portillo señala que los chinos serán los responsables de la inversión para poner a trabajar las minas a tope y abrir las nuevas, y que tienen ese permiso por 30 años, además de que construirán un puerto y una vía ferroviaria.

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Por su parte, el periodista Jeanfreddy Gutiérrez, escribe en el portal elcambur.com.ve un muy importante y acucioso artículo con un gran despliegue de imágenes, infografías y enlaces a documentos que permiten entender la larga marcha de este proyecto.



PDVSA reimpulsa proyectos carboníferos que fueron suspendidos por Chávez

15 jun, 2015 por Jeanfreddy Gutiérrez


“Así como los derrotamos hace 10 años, los volveremos a derrotar”. Las palabras del activista, biólogo y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Nicanor Cifuentes, junto a indígenas provenientes de la Sierra de Perijá, frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica no son meramente poéticas. Lo dice a pocos metros de un piquete de la Guardia Nacional y a pesar de las llamadas realizadas por los directores del despacho para posponer la reunión “para evitar problemas”. Con la publicación del decreto presidencial No. 1.606 del 10 de febrero de 2015, firmado por Nicolás Maduro, se nacionaliza y retoma la explotación carbonífera, que PDVSA había abandonado en 2005 después de protestas en rebeldía a la decisión del presidente Chávez, que luego de suspender, enfatizó el respeto por la selva y el bienestar de los pueblos indígenas.

Ahora, el decreto se publica tras el anuncio de construcción de una planta carboeléctrica para generar 1000 megavatios de electricidad para el Zulia de parte de la estatal petrolera, que implicaría la extracción y consumo de tres millones de toneladas métricas del mineral, con las graves consecuencias producidas por la tala de árboles para campamentos y minas, así como la contaminación del agua y el aire. Los movimientos sociales, agrupados en el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia (FREZ) se han levantado tras haber sido ignoradas sus sugerencias de usar gas natural para evitar los daños ambientales que ya se habían advertido -incluso oficialmente- y reimpulsar el Parque Eólico de La Guajira.

Historia reciente

En 2004 Chávez dijo que quería triplicar la producción de carbón en la región, para impulsar su desarrollo. La protesta de grupos locales por el derrame de 20 mil litros de diésel lo llevó a reconsiderarlo tras una avalancha de protestas. Dos años más tardes expresó que “ese carbón se queda allá abajo”, rechazando la tala de selva y las enfermedades pulmonares producidas en la región, lo que repitió durante varias alocuciones, dando pie al concepto de ecosocialismo.

La moción fue respaldada por la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría, quien señaló el inmenso impacto ambiental y las bajas ganancias: 50 dólares por tonelada, contra los entonces 60 del barril de petróleo. Un informe de su despacho, de 2005, demostraba la contaminación localizada del aire y del agua con metales pesados en el río Guasare, con apenas una fracción del aprovechamiento de las minas de carbón, y que al expandirlo aumentarían los riesgos ambientales en toda la biota del río Socuy, que impactarían en los embalses Manuelote y Tulé, que sirven a la ciudad de Maracaibo. Pero también señalaba que este desarrollo generaría 33% de incremento en los impuestos recaudados por la gobernación del Zulia.

Viejos actores, nuevos proyectos

La explotación minera en Zulia data de 1987, con la apertura de Mina Paso Diablo y Mina Norte. Ambas a raíz de la creación de Carbones del Zulia por Fernando Chumaceiro, quien estaba al frente de CorpoZulia. De aquella época datan los proyectos de vías férreas, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y un puerto de aguas profundas para trasladar el carbón hacia Europa y Estados Unidos. Así reza el libro “El Pozo Ilustrado”, editado por primera vez en 1983 por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que en su cuarta edición aparece firmado por Luis Guisti como presidente de la estatal petrolera, al referirse a la infraestructura necesaria en el capítulo del carbón, en su página 402.



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Estos artículos dejan un largo mal sabor en la boca. Parece que ya no hay un mínimo de respeto por nada, ni siquiera por aquello que alguna vez dijeron que era importante para el gobierno y su ideología: Ni las personas, ni los pueblos indígenas, ni los bosques, ni el ambiente. Ni siquiera la opinión de quién dicen seguir su legado.

Por otra parte, me sigo preguntando si alguien ha oído alguna opinión reciente (aunque sea legitimando esta destrucción) por parte del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas o de sus autoridades, o es que el mutismo es su única estrategia tal como parece hacerse ya habitual con el resto de los problemas ambientales del país.

Para lo quedó el Ecosocialismo,como apoyo del crecimiento del extractivismo depredador en Venezuela. Que tristeza. Pero mi sentimiento no es de derrota, ni de desesperanza, apoyo totalmente la campaña de los ambientalistas zulianos:

 ¡NO A LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN EN LA SIERRA DE PERIJÁ!





Nota final: Si les interesa el tema del extractivismo como enfoque político y sus repercusiones sociales, políticas y ambientales  les recomiendo la lectura de estos dos artículos de Eduardo Gudynas:

Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas

DIEZ TESIS URGENTES SOBRE EL NUEVO EXTRACTIVISMO. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual

Minería en Canaima: Olvidos, fraudes y mutismo

Foto: Raul Romero tomada de: el-nacional.com

Vuelve a ser noticia el tema de la existencia de minas de oro en el Parque Nacional Canaima, un sitio que se supone está protegido, no solo por las leyes ambientales del país, sino explícitamente por la propia Constitución en su artículo 127. Esto a raíz de las denuncias realizadas por la periodista Valentina Quintero y la toma de la pista aérea de Canaima por parte de miembros de la comunidad pemón,

Como parte de esta nueva situación la periodista Emily Avendaño de El Nacional publicó dos excelentes artículos: "El desplome del turismo empuja a Canaima a la minería" y "Cinco planes de control minero no han logrado frenar la extracción ilegal en Guayana", los cuales recomiendo leer para entender un poco mejor la compleja situación derivada de la minería ilegal de oro y sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.

Pero adicionalmente, es necesario hacer mención de otra noticia surgida a raíz de la toma de la pista de Canaima. Lo importante de ella no es la noticia en sí, sino lo que ella revela, insinúa y esconde: "Pemones levantaron protesta que mantenía cerrado aeropuerto de Canaima" aparecida en el periódico Últimas Noticias. En la misma se indica que "Se va a fortalecer el plan de acción para erradicar la minería ilegal en Canaima", que el levantamiento de la toma del aeropuerto ocurre luego de "llegar a un acuerdo con los manifestantes" y que la declarante, ministra para Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, estuvo acompañada en la negociación por "la ministra de Turismo, el Jefe de la Redi de Guayana y el jefe de la Zodi" (Las negritas son mías)

A partir de estas tres noticias creo que es necesario aclarar y analizar los siguientes puntos, que podemos resumir en temas sobre olvidos, fraudes legales y mutismo institucional:

Los olvidos: Venezuela es un país que a veces tiene la memoria corta y es necesario que constantemente busquemos recordar lo que mucha gente prefiere que olvidemos.

1. La minería en el Parque Nacional Canaima no es una situación nueva. Existen denuncias al respecto desde hace varios años. Entre otras, podemos recordar un conflicto previo entre indígenas de la etnia pemón y militares venezolanos por causa de la minería en este Parque Nacional, hecho que ocurrió a inicios del año 2013. Al final de todo, y más allá de las sucesivas denuncias, no ha habido ningún avance a este respecto y mucho menos pudiera fortalecerse un Plan de Acción que  nunca pareciese haber existido más que en el nivel de las dimensiones fantasmas.
2. La minería de oro dentro del Parque Nacional ha sido reconocida incluso por las más altas autoridades nacionales. Y muy a pesar del ciudadano general Ministro de la Defensa existen declaraciones reconociendo la existencia del problema por parte de autoridades militares, varios ministros, e incluso por el propio Presidente de la República. ¿Qué ignora o desea que ignoremos ese alto funcionario? Y en todo caso ¿Por qué el ministro de la defensa tiene que opinar al respecto de un tema claramente ambiental?
3. El problema en el Parque Nacional Canaima es solo la punta del iceberg de la grave situación que ocurre en toda la región de Guayana. Lo que está ocurriendo en Canaima es una tragedia nacional. Este Parque Nacional es uno de los tesoros más espléndidos de la naturaleza y Patrimonio de la Humanidad. Su destrucción nos señala ante el mundo como un pueblo bárbaro a la altura de aquellos que actualmente destruyen por motivos estúpidos sus patrimonios culturales. Adicionalmente Canaima es, en parte, guardián de la cuenca del río Caroní el cual a través del sistema hidroeléctrico del Guri genera cerca del 70% de la electricidad del país. Asimismo, pudiera producir cantidades importantes de divisas para el desarrollo de sus comunidades a través de programas serios de ecoturismo. Pero, y es un pero muy grande, ante esta situación, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en el resto de la región, en la cual la codicia de grandes grupos de delincuentes están destruyendo el ambiente, poniendo en peligro la salud, la vida y la cultura de los pueblos indígenas y amenazando el futuro del país.

Fraudes: No todo lo se anuncia con bombos y platillos y a veces con beneplácito de muchos es bueno y a veces no es legal, ni legítimo. Las "buenas intenciones" (si es que las hay) no legitiman.

1. La situación retrata la negligencia, incapacidad e incluso posiblemente complicidad de diferentes personas en propiciar y mantener esta situación. Si el problema no es nuevo, si es grave, si ha sido denunciado en varias ocasiones, incluso por altos funcionarios del gobierno ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Cuántas acciones urgentes han sido anunciadas? ¿Cuántos planes se han elaborado? ¿En qué ha terminado todo ello?... ¿Volveremos a oír otra denuncia parecida lamentándonos por lo poco que quede de Canaima dentro de algunos años?
2. La ley no debería ser negociable. Cuando la ministra Aloha Núñez habla de que realizó "Mesas de Trabajo" para llegar a acuerdos con "los manifestantes" ¿Qué fue lo que negoció? Dicho de esa manera puede entenderse que los miembros de la comunidad estaban exigiendo algún tipo de reivindicación social, como si protestaran por la falta de agua, la inseguridad u otro problema que los afectara. Ello escamotea el hecho de que se trata de una situación que involucra delitos claramente tipificados en la Ley Penal del Ambiente y que debería llevar a sanciones a sus ejecutores y promotores. No he podido encontrar ninguna información donde, al menos, se anuncie el inicio de una investigación penal al respecto. O es que lo que se quiere es encubrir a los que están detrás de esos delitos. Este tema no involucra solamente a mineros ilegales, sino particularmente a  grupos que tienen la capacidad de financiar los costosos equipos, materiales, insumos y logística que se necesita para estas operaciones ¿Entonces este es un episodio más para la impunidad como valor nacional?

Mutismo: El silencio puede ser a veces prudencia, pero a veces es complicidad.

1. Enmudecen los organismos responsables. Cuándo la ministra Núñez habla de sus acompañantes en la negociación, no nombra al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a Inparques o ninguna de sus autoridades ¿Estas instituciones o personas no tienen ya competencias legales al respecto del manejo y de los delitos cometidos en un área natural protegida? Reto a cualquiera a buscar alguna información reciente que involucre al Parque Nacional Canaima y que el ministro, o cualquier miembro de su equipo, haya realizado alguna declaración, comentario o al menos haya lanzado un grito de ¡PÍO! (al menos para no morir sin decir ni ¡pío!) 
2. El silencio señala. Algunas organizaciones no gubernamentales (como el CIEV, la Red ARA, PROVEA) han venido realizando una campaña de denuncia sobre la minería ilegal en Guayana. Pero por otra parte, los grupos que en décadas atrás tuvieron un papel importante en revelar los efectos de la minería, condenar la mala gestión de los Parques Nacionales y otras "Áreas Protegidas" y alertar sobre la mercantilización de los recursos naturales entre otros temas, ahora parece que hicieron voto de silencio. Algún día deberán responder por su omisión ante su conciencia, sus hijos y nietos.

Si ellos callan ¿Qué deberíamos estar diciendo el resto de la sociedad venezolana? ¿Nos debemos callar también? Por otra parte ¿Deberían opinar al respecto las organizaciones ambientales internacionales? O esto último es "injerencismo"y por lo tanto deberían callar también.


Creo en la esperanza. No en creer que algo va a ocurrir porque yo lo deseo, sino de la que hablaba el dramaturgo y presidente checo Vaclav Havel cuando decía:"La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final"