Minería en Canaima: Olvidos, fraudes y mutismo

Foto: Raul Romero tomada de: el-nacional.com

Vuelve a ser noticia el tema de la existencia de minas de oro en el Parque Nacional Canaima, un sitio que se supone está protegido, no solo por las leyes ambientales del país, sino explícitamente por la propia Constitución en su artículo 127. Esto a raíz de las denuncias realizadas por la periodista Valentina Quintero y la toma de la pista aérea de Canaima por parte de miembros de la comunidad pemón,

Como parte de esta nueva situación la periodista Emily Avendaño de El Nacional publicó dos excelentes artículos: "El desplome del turismo empuja a Canaima a la minería" y "Cinco planes de control minero no han logrado frenar la extracción ilegal en Guayana", los cuales recomiendo leer para entender un poco mejor la compleja situación derivada de la minería ilegal de oro y sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.

Pero adicionalmente, es necesario hacer mención de otra noticia surgida a raíz de la toma de la pista de Canaima. Lo importante de ella no es la noticia en sí, sino lo que ella revela, insinúa y esconde: "Pemones levantaron protesta que mantenía cerrado aeropuerto de Canaima" aparecida en el periódico Últimas Noticias. En la misma se indica que "Se va a fortalecer el plan de acción para erradicar la minería ilegal en Canaima", que el levantamiento de la toma del aeropuerto ocurre luego de "llegar a un acuerdo con los manifestantes" y que la declarante, ministra para Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, estuvo acompañada en la negociación por "la ministra de Turismo, el Jefe de la Redi de Guayana y el jefe de la Zodi" (Las negritas son mías)

A partir de estas tres noticias creo que es necesario aclarar y analizar los siguientes puntos, que podemos resumir en temas sobre olvidos, fraudes legales y mutismo institucional:

Los olvidos: Venezuela es un país que a veces tiene la memoria corta y es necesario que constantemente busquemos recordar lo que mucha gente prefiere que olvidemos.

1. La minería en el Parque Nacional Canaima no es una situación nueva. Existen denuncias al respecto desde hace varios años. Entre otras, podemos recordar un conflicto previo entre indígenas de la etnia pemón y militares venezolanos por causa de la minería en este Parque Nacional, hecho que ocurrió a inicios del año 2013. Al final de todo, y más allá de las sucesivas denuncias, no ha habido ningún avance a este respecto y mucho menos pudiera fortalecerse un Plan de Acción que  nunca pareciese haber existido más que en el nivel de las dimensiones fantasmas.
2. La minería de oro dentro del Parque Nacional ha sido reconocida incluso por las más altas autoridades nacionales. Y muy a pesar del ciudadano general Ministro de la Defensa existen declaraciones reconociendo la existencia del problema por parte de autoridades militares, varios ministros, e incluso por el propio Presidente de la República. ¿Qué ignora o desea que ignoremos ese alto funcionario? Y en todo caso ¿Por qué el ministro de la defensa tiene que opinar al respecto de un tema claramente ambiental?
3. El problema en el Parque Nacional Canaima es solo la punta del iceberg de la grave situación que ocurre en toda la región de Guayana. Lo que está ocurriendo en Canaima es una tragedia nacional. Este Parque Nacional es uno de los tesoros más espléndidos de la naturaleza y Patrimonio de la Humanidad. Su destrucción nos señala ante el mundo como un pueblo bárbaro a la altura de aquellos que actualmente destruyen por motivos estúpidos sus patrimonios culturales. Adicionalmente Canaima es, en parte, guardián de la cuenca del río Caroní el cual a través del sistema hidroeléctrico del Guri genera cerca del 70% de la electricidad del país. Asimismo, pudiera producir cantidades importantes de divisas para el desarrollo de sus comunidades a través de programas serios de ecoturismo. Pero, y es un pero muy grande, ante esta situación, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en el resto de la región, en la cual la codicia de grandes grupos de delincuentes están destruyendo el ambiente, poniendo en peligro la salud, la vida y la cultura de los pueblos indígenas y amenazando el futuro del país.

Fraudes: No todo lo se anuncia con bombos y platillos y a veces con beneplácito de muchos es bueno y a veces no es legal, ni legítimo. Las "buenas intenciones" (si es que las hay) no legitiman.

1. La situación retrata la negligencia, incapacidad e incluso posiblemente complicidad de diferentes personas en propiciar y mantener esta situación. Si el problema no es nuevo, si es grave, si ha sido denunciado en varias ocasiones, incluso por altos funcionarios del gobierno ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Cuántas acciones urgentes han sido anunciadas? ¿Cuántos planes se han elaborado? ¿En qué ha terminado todo ello?... ¿Volveremos a oír otra denuncia parecida lamentándonos por lo poco que quede de Canaima dentro de algunos años?
2. La ley no debería ser negociable. Cuando la ministra Aloha Núñez habla de que realizó "Mesas de Trabajo" para llegar a acuerdos con "los manifestantes" ¿Qué fue lo que negoció? Dicho de esa manera puede entenderse que los miembros de la comunidad estaban exigiendo algún tipo de reivindicación social, como si protestaran por la falta de agua, la inseguridad u otro problema que los afectara. Ello escamotea el hecho de que se trata de una situación que involucra delitos claramente tipificados en la Ley Penal del Ambiente y que debería llevar a sanciones a sus ejecutores y promotores. No he podido encontrar ninguna información donde, al menos, se anuncie el inicio de una investigación penal al respecto. O es que lo que se quiere es encubrir a los que están detrás de esos delitos. Este tema no involucra solamente a mineros ilegales, sino particularmente a  grupos que tienen la capacidad de financiar los costosos equipos, materiales, insumos y logística que se necesita para estas operaciones ¿Entonces este es un episodio más para la impunidad como valor nacional?

Mutismo: El silencio puede ser a veces prudencia, pero a veces es complicidad.

1. Enmudecen los organismos responsables. Cuándo la ministra Núñez habla de sus acompañantes en la negociación, no nombra al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a Inparques o ninguna de sus autoridades ¿Estas instituciones o personas no tienen ya competencias legales al respecto del manejo y de los delitos cometidos en un área natural protegida? Reto a cualquiera a buscar alguna información reciente que involucre al Parque Nacional Canaima y que el ministro, o cualquier miembro de su equipo, haya realizado alguna declaración, comentario o al menos haya lanzado un grito de ¡PÍO! (al menos para no morir sin decir ni ¡pío!) 
2. El silencio señala. Algunas organizaciones no gubernamentales (como el CIEV, la Red ARA, PROVEA) han venido realizando una campaña de denuncia sobre la minería ilegal en Guayana. Pero por otra parte, los grupos que en décadas atrás tuvieron un papel importante en revelar los efectos de la minería, condenar la mala gestión de los Parques Nacionales y otras "Áreas Protegidas" y alertar sobre la mercantilización de los recursos naturales entre otros temas, ahora parece que hicieron voto de silencio. Algún día deberán responder por su omisión ante su conciencia, sus hijos y nietos.

Si ellos callan ¿Qué deberíamos estar diciendo el resto de la sociedad venezolana? ¿Nos debemos callar también? Por otra parte ¿Deberían opinar al respecto las organizaciones ambientales internacionales? O esto último es "injerencismo"y por lo tanto deberían callar también.


Creo en la esperanza. No en creer que algo va a ocurrir porque yo lo deseo, sino de la que hablaba el dramaturgo y presidente checo Vaclav Havel cuando decía:"La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final"

Los parques en Latinoamérica son aliados contra el crimen

Vista de la Biblioteca Plaza España en Medellín / BANCO MUNDIAL
Tomado de elpais.com

• Espacios públicos, como los parques y canchas de juego, ayudan a reducir la violencia hasta en un 80%

ROBERT VALLS Buenos Aires 24 ABR 2014 - 20:06 CET

La próxima vez que pase delante de un parque o de una cancha de fútbol en su vecindario, es posible que le agradezca haber salvado la vida de muchos, y quién sabe si hasta la suya propia.

Más allá del rol que juegan en el estímulo al deporte y en la preservación del medio ambiente, los espacios públicos e infraestructuras -calles, edificios, jardines, estaciones de tren, veredas- se están convirtiendo en aliados de la seguridad en Latinoamérica, donde en algunos casos se ha logrado reducir la violencia hasta en un 80%.

La razón es la siguiente: cuando estos espacios públicos están en buen estado –tienen buena visibilidad, iluminación y fácil acceso- tienden a modular positivamente el comportamiento de las personas. Y si a esto se incorporan actividades recreativas para dinamizarlos, apoyo institucional y un buen diseño de la infraestructura, se ha dado con la tecla adecuada para reducir los índices de criminalidad.

Y es que a pesar de que la falta de educación y de oportunidades laborales o las bolsas de pobreza, se perfilan comúnmente como las principales causas de la violencia, también existe otra de la que poco se habla, relacionada con espacios e infraestructuras urbanas olvidadas o poco cultivadas.

La evidencia empírica recién se está sistematizando a nivel regional, pero ya se cuenta con datos significativos a nivel de ciudades. Varios casos concretos a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana demuestran estas premisas.

Medellín, por ejemplo, una ciudad en el pasado ensombrecida por el narcotráfico y una violencia desmedida, logró reducir los homicidios en un 80% en los últimos 20 años, gracias a la combinación de infraestructura innovadora, trabajo social y desarrollo institucional. Un caso ilustrativo es el de la nueva biblioteca pública Parque España, cerca de Santo Domingo, una comuna tradicionalmente violenta, que recibe a más de 1.000 visitantes diarios y, juntamente con una línea de Metro cable situada a escasos doscientos metros, ha logrado dignificar el lugar y ayudar a reducir la violencia en las calles.

En Bogotá también se están registrando avances en este sentido gracias al sistema de transporte TransMilenio que, según resultados preliminares de una evaluación del crimen en la ciudad por el Banco Mundial, está contribuyendo a reducir las actividades delictivas en las zonas cercanas a las estaciones de autobús.

Otro ejemplo lo encontramos en Honduras, donde las mejoras en infraestructura básica y la creación de espacios lúdicos aumentaron la conectividad y seguridad de 15 barrios en 8 municipalidades. Gracias a estas mejoras, posibilitadas por el proyecto Barrio Ciudad, el 85% de los pobladores de una de las comunidades se sienten más seguros en sus barrios, mientras que un 76% se siente más seguro dentro de sus hogares.

En el municipio de mexicano de Aguascalientes, hace 3 años el 75% de los habitantes consideraban la inseguridad como su principal preocupación. Gracias a la creación de espacios públicos abiertos y a la participación ciudadana, redujeron un 32% los delitos, hecho que contribuyó a que hoy en día solo el 22% crea que la inseguridad es el principal problema del lugar.

¨La presencia de buenas infraestructuras que sean frecuentemente usadas por la gente sirve como una especie de vigilancia pasiva de los propios ciudadanos”, explica Andrés Villaveces, experto en seguridad ciudadana del Banco Mundial.

“Y la actividad social y comunitaria asociada a estos espacios públicos agradables y fáciles de ver, sin lugares escondidos ni poco visibles, contribuye a reducir las actividades delictivas. Esta es una de la razones por las cuales las inversiones en infraestructura integradas a intervenciones de prevención de violencia y programas desarrollo social y comunitario pueden ayudar a la reducción de la inseguridad¨, agrega el experto.

La región más insegura del mundo

El fomento de buenas infraestructuras integradas a programas sociales y comunitarios parece vital para revertir el clima de inseguridad en que está inmersa la región. De acuerdo a cifras del Banco Mundial, Latinoamérica registra el 30% de los homicidios mundiales y, si tomamos las 50 ciudades con mayores tasas de homicidios en el mundo, 42 están en la región, incluyendo las primeras 16.

Con más de 10 asesinatos por 100.000 habitantes, la Organización Mundial de la Salud ha calificado los homicidios en América Latina como una “epidemia”. Solo en Centroamérica 18.000 personas mueren al año a causa del crimen.

Metrópolis latinoamericanas como Río de Janeiro, Ciudad de México, Lima o Caracas registran la mitad de los homicidios que se producen en sus países.

¨El enfoque basado en la infraestructura tiene que ser el complemento de otros acercamientos basados en la prevención, el desarrollo social y fortalecimiento de la gestión comunitaria, en estrategias legislativas y en el fomento del empleo y la justicia. Para reducir la violencia en Latinoamérica se deben considerar todos los acercamientos¨, dice Villaveces.

Teniendo en cuenta que el 80% de latinoamericanos vive en ciudades y que en los próximos años los procesos de urbanización se acentuarán, existe el riesgo de que la exclusión social, sumada a una mala planificación urbana y poco cuidado de los espacios públicos, traiga consigo más inseguridad ciudadana.

Para que esta predicción no se convierta en realidad, los diferentes actores sociales tienen un importante trabajo por hacer: planificar y cuidar los espacios públicos de sus ciudades.

Robert Valls es productor online del Banco Mundial

Para ir al artículo en su fuente original en elpais.com marque aquí

Nota de Alejandro: Definitivamente sin parques las ciudades no son vivibles y mucho menos sustentables. Quizás alguien pueda explicarle a los que siguen destruyendo (perdón construyendo) sobre las pocas áreas verdes que quedan en Caracas y a los que creen que con el "Warairarepano" es ya suficiente (marque aquí para ir a un artículo sobre este tema).

Medio ambiente mortal

El ritmo de deforestación de la Amazonia brasileña volvió a incrementarse en 2013. /MARIZILDA CRUPPE (EVE / GREENPEACE)
Imagen tomada de: El país de España

• Un informe revela que los asesinatos de ecologistas no dejan de subir
• América Latina y Asia concentran la mayoría de las 908 muertes
• Solo ha habido 10 condenas

ELENA G. SEVILLANO Madrid 16 ABR 2014 - 00:01 CET

Han pasado más de 25 años de la muerte de Chico Mendes, el humilde cauchero que se convirtió en símbolo internacional de la defensa del medio ambiente. Y Brasil, el país donde fue asesinado por intentar que los especuladores no destrozaran la Amazonia, sigue siendo el lugar más peligroso del mundo para los activistas del ecologismo. Lo afirma un informe de la ONG Global Witness, presentado ayer, que ha recopilado los asesinatos de defensores del medio ambiente en todo el mundo entre 2002 y 2013. Su conclusión es demoledora: el número de muertes no deja de crecer. De las 908 que ha podido documentar esta organización en 35 países, 448 se produjeron en Brasil.

En 2002 se registraron 51 asesinatos. En 2012, el peor de la serie, fueron 147. Los autores del informe reconocen que la información es escasa y seguramente sus datos solo muestren la punta del iceberg. Afirman, por ejemplo, que es muy probable que países africanos como Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana o Zimbabue también se estén viendo afectados, pero su metodología de trabajo —basada en documentación fiable y en la verificación de los datos por parte de socios locales— no ha permitido hacer un análisis exhaustivo. De ahí que las peores cifras se den en América Latina y Asia, donde han podido contrastar la información. A Brasil, con 448 asesinatos, le siguen Honduras, con 109, y Filipinas, con 67.

Fuente: Informe de Global Witness. / EL PAÍS
IMAGEN TOMADA DE: EL PAÍS DE ESPAÑA

El informe insiste en uno de los aspectos que ya destacó en 2011 la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya: la impunidad. La organización solo tiene constancia de que se haya juzgado y condenado a 10 personas por estos más de 900 crímenes. “Existen pocos síntomas más rotundos y obvios de la crisis ambiental mundial que un dramático repunte en el asesinato de personas corrientes que defienden los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, este problema que tan rápido se está agravando está pasando prácticamente desapercibido y, en la gran mayoría de los casos, los responsables están saliéndose con la suya”, asegura Oliver Courtney, portavoz de Global Witness. En su informe, la relatora de la ONU recopiló casos de arrestos, detenciones y asesinatos de defensores de los derechos humanos que protestaban por cuestiones relacionadas con los recursos naturales y los derechos sobre la tierra. “Pertenecen en su mayoría a poblaciones indígenas y minorías”, señaló. Y son “más vulnerables debido a que las áreas donde trabajan son remotas”.

Para Barbara Ruis, asesora legal del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ha sido “impactante” conocer las cifras del informe. El problema, sin embargo, no le sorprende: “En los últimos años estamos viendo cómo emergen cada vez más conflictos medioambientales en todo el mundo”, explica por teléfono desde Ginebra. Las cifras son de asesinatos, pero hay muchas otras luchas, y otras agresiones a activistas que pelean por vivir en un entorno sano, que no llegan a conocerse, añade. “Es importante que se sepa que hay mucha gente luchando por sus derechos ambientales”.

No es solo la falta de información, o la imposibilidad de contrastar los datos, lo que hace que los autores del informe crean que se han quedado cortos. Los asesinatos son la situación más extrema; antes, o además, pueden haber existido amenazas, intimidación, violencia o criminalización. La relatora de la ONU se hace eco de esta última circunstancia: “Se ha acusado [...] a los habitantes de aldeas que se manifiestan en contra de megaproyectos que amenazan su medio ambiente y sus medios de vida”, recogió, entre otros ejemplos de criminalización de movimientos sociales como llevar ante tribunales antiterroristas a agricultores “por manifestarse en contra de las fuerzas de seguridad del Estado que intentaban expulsarlos de su tierra”.

Courtney asegura que su intención con la publicación del trabajo es llamar la atención de la comunidad internacional y de los Gobiernos ante un problema que no deja de crecer. No es, ni mucho menos, la primera advertencia. Amnistía Internacional (AI) alertó el verano pasado de que la reciente muerte del biólogo español Gonzalo Alonso Hernández era un ejemplo más de continuos ataques que sufren los activistas en Brasil a manos de las fuerzas de seguridad, paramilitares y bandas criminales. Esta organización denunció entonces que al menos 20 personas habían sido asesinadas en el país entre 2011 y 2012 por defender el medio ambiente. Según el recuento de Global Witness, fueron 64.

Más del 80% de los asesinatos que recoge el informe corresponden a América Latina. Estos casos se multiplican, asegura el informe, a medida que aumenta la competencia por los recursos naturales. La deforestación de la Amazonia es buen ejemplo de ello. Después de cuatro años seguidos de descenso en la superficie arbolada perdida, en 2013 la deforestación volvió a aumentar un 28%. Los ecologistas lo atribuyeron a la relajación en las leyes que protegen la jungla. Según el informe, las zonas más afectadas son también las que más violencia registraron contra los activistas que tratan de evitarlo.

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Nota de Alejandro: El viejo dicho nos alerta: "Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar". Aunque Venezuela es un país donde la violencia gobierna, ya que es el segundo más violento del mundo, al tener una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes, todavía el tema ambiental no es directamente causa de asesinatos. Esta afirmación, no es un dato optimista, existen varios casos, donde líderes sociales comunitarios, periodistas y miembros de ONG han sido chantajeados, amenazados y criminalizados por grupos que siente amenazados sus intereses relacionados con la explotación y daño a nuestro ambiente. Así que tendríamos que comenzar a actuar de manera activa para prevenir que la violencia proveniente de diversos grupos de poder pueda llegar a concretarse en el asesinato de algunas de las personas involucradas en la denuncia de casos ambientales y tener el muy dudoso honor de entrar en las ominosas estadísticas globales que nos presenta este artículo. En honor a este día de hoy, creo que es importante seguir el consejo dado por Ismael Rivera en una memorable canción. "El Nazareno me dijo que cuidara a mis amigos"