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martes, 29 de octubre de 2019

Documento final del Sínodo de la Amazonia



Por ser de su posible interés comparto el documento final del Sínodo de la Amazonia.

Este documento trasciende el ámbito religioso y católico y se puede convertir en instrumento para el trabajo de protección de integral que permite mirar la región con una visión mucho más completa que los reducidos enfoques sectoriales.

Para nosotros en Venezuela este Sínodo y sus resultados pueden ser una oportunidad para avanzar hacia la construcción de una ruta hacia el desarrollo humano, ambiental y social de la Amazonía venezolana de tal manera de superar el proceso actual de saqueo y destrucción criminal de esta zona que representa el patrimonio ambiental, cultural y humano más importante que tenemos los venezolanos.

Asimismo, iluminar el camino futuro actualmente ensombrecido por intereses que desean que la región sólo cambie de dueños para apropiarse de los recursos minerales de la región sin ninguna consideración con las legítimas aspiraciones y derechos de los pueblos de la región y del país, incluyendo la necesidad urgente de promover un desarrollo basado en los principios establecidos en la Agenda 21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el sistema universal de derechos humanos.

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-final-de-la-asamblea-especial-del-sinodo-de-los-obispo.html

viernes, 6 de septiembre de 2019

Alertan sobre ingreso de presuntos militares al cerro Roraima en la Gran Sabana


Foto: elpitazo.net

Debido al bloqueo que tiene el portal El Pitazo en Venezuela reproduzco el contenido por su importancia como noticia y gravedad de los hechos. Esta forma de destrucción intencionada de nuestro patrimonio ambiental y cultural debe ser detenido.  Todos debemos decir #NoAlArcoMinero

El enlace a la fuente original puede conseguirlo aquí

_________________________________________________________

Alertan sobre ingreso de presuntos militares al cerro Roraima en la Gran Sabana


Por Glorimar Fernández  - 5 septiembre, 2019

Los indígenas pemones están vigilantes ante cualquier exploración minera que pueda producirse en este tepuy, reconocido como una de las reservas naturales más antiguas e importantes del planeta


Indígenas pemones alertaron que sujetos que se identificaron como militares ingresaron al monte Roraima la noche de este miércoles 4 de septiembre. Temen que su presencia en esta zona se deba a una exploración con fines mineros.

Los nativos de la Gran Sabana custodian la mayoría de este tipo de reservas naturales; esta montaña en forma de meseta es especialmente reconocida como una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta.

Según lo detalló uno de los indígenas, que lideró la resistencia que sostuvieron para evitar el ingreso de colectivos armados a la Gran Sabana el pasado 23 de febrero, el grupo de hombres iba distribuido en cuatro camionetas modelo Toyota FJ, cada una con una moto de cuatro ruedas en el cajón.

Se identificaron como militares, a pesar que iban de civil, e ingresaron la noche del miércoles al cerro Roraima. Regresaron este jueves 5 de septiembre en la mañana.

“La guerrilla ha estado destrozando la Amazonía; es por ello que seguimos pendientes y alertas, porque tememos que pueda venir otra intromisión como la de febrero, que ocasionó una masacre contra nuestro pueblo. El peligro sigue latente; no hay autoridad en Santa Elena, solo quedan los indígenas, que no pueden hacer nada”, declaró el líder pemón, quien se encuentra exiliado en Brasil tras ser perseguido y amenazado de muerte.

Agregó que los propios indígenas investigan la actuación de estos presuntos funcionarios para luego continuar realizando las alertas.

Un lugar al que se le debe extrema protección

Los guardianes de la Gran Sabana son conscientes de cada una de las riquezas que se esconden en esta zona.

Los pemones reconocen la importancia de los tepuyes, incluyendo el Roraima, tanto por ser lugares que encierran misticismo como por las reservas de agua, minerales y animales que allí reposan. Es por ello que este ingreso en medio de las denuncias de desastre ambiental y presencia del ELN en el arco minero los hizo encender las alarmas.

lunes, 3 de abril de 2017

Noticias del futuro del Arco Minero del Orinoco


Mina Veladero Argentina. Foto tomada de Télam


Comparto con ustedes el enlace al artículo: "Veladero, la mina de oro maldita de Argentina: nadie frena los derrames" publicada en El País de España.

En el mismo se describe la larga lista de derrames de cianuro provenientes de la mina Veladero ubicada en la provincia de San Juan, Argentina y explotada por la empresa minera canadiense Barrick Gold. Esta empresa cuenta con todos los permisos y estudios de impacto ambiental y como verán la situación está cercana al desastre, tal como sucedió en Brasil el año pasado.

Por otra parte, no está demás hacer una visita a la entrada de Wikipedia referida a esta mina.

Así mismo, los que no hayan tenido información sobre el desastre minero de la mina Samarco en el estado de Minas Gerais en Brasil en el año 2015 pueden revisar este enlace

A partir de estas informaciones podemos hacer un ejercicio de imaginación de lo que sucedería en nuestro país si ocurriera una situación similar en una zona que es la reserva de agua del país, territorio ancestral de una importante cantidad de comunidades indígenas, eso por no decir que las principales minas actualmente quedan en áreas con poblaciones importantes del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Estos hechos deberían ser tomados en cuenta por los promotores de la "minería ecológica" y de las afirmaciones de que en Venezuela pueden ser usadas tecnologías de explotación minera que "respeten la ecología y la biodiversidad local". El resto de los ciudadanos en este país que no creemos en estas falacias seguiremos trabajando contra el Arco Minero del Orinoco y por la creación del Arco de Desarrollo Sustentable del Orinoco.

#NoAlArcoMinero #SiAlAguaNoAlOro

domingo, 12 de febrero de 2017

Actos de magia en el Arco Minero del Orinoco




Recientemente en “El Expreso”, diario publicado en Ciudad Bolívar, aparece una noticia con el título: “Comunidad Rabín Rico cumple con lo estipulado en el Arco Minero”.

En la misma se ofrecen las declaraciones del señor Osvaldo Hernández trabajador de una cooperativa minera local. Este trabajador explica que las actividades que están realizando se ajustan a lo “establecido en el Arco Minero… ya que no solo se explota el material aurífero, sino que también se cultiva la tierra y se aplican medidas para minimizar el impacto ambiental que ocasiona el laboreo minero, donde existen áreas bien demarcadas y distantes… con la intención de trabajar sin perjudicarnos entre los que trabajamos aquí, además cumplimos con los reglamentos y normas de la comunidad de San Martín de Turumbán, los cuales están apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Lopci, entre otras leyes…” (las negritas son mías)

Asimismo, presumen en que se han convertido en una referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala (las negritas son mías)

La noticia completa la puede leer en la página 13 de este diario que aquí se muestra en su edición impresa. 

Hasta aquí un resumen de lo que el diario informa. Vamos a ponerle un poco de contexto  a la noticia.

San Martín deTurumbán (o Turumbang), es un poblado localizado en el municipio Sifontes en la región oriental del Estado Bolívar, cercano a la zona en reclamación con Guyana en las orillas del río Cuyuní, a un poco más de 75 Km de Tumeremo. En el mismo confluyen diferentes etnias y grupos no indígenas con diferentes niveles de integración. La población local tiene una compleja historia de situaciones complejas producto de  los conflictos históricos en esa zona de la frontera nacional, luchas territoriales, así como los  problemas sociales y ambientales derivados de una larga tradición de actividad minera.

Por su parte, la mina Rabín Rico, situada a dos horas del pueblo, fue escenario de graves sucesos recientes. Según un artículo publicado en el 2009 en el diario “Nueva Prensa”, la zona estaba bajo el dominio de una banda criminal acusada de controlar mediante la violencia a la actividad minera ilícita, extorsionar a la población y de generar un régimen de terror entre los habitantes. En palabras de personas de la localidad, estos delincuentes “convirtieron los yacimientos del metal precioso al Sur del Estado Bolívar, en un “infierno” del cual desterraron al mismo diablo”. 

Según el mismo artículo, este grupo criminal estaría dirigido por un delincuente conocido como “El Topo”, personaje que adquirió relevancia nacional e internacional en marzo del 2016, luego de su supuesta participación en la masacre de Tumeremo, suceso en la cual fueron asesinadas 28 personas.

Más recientemente, en mayo del año pasado, la zona volvió a ser noticia. Ello debido a que la mina de Rabín Rico fue una de las que fueron tomadas y destruidas por fuerzas militares del ejército venezolano. Tal situación habría ocurrido supuestamente como consecuencia de la masacre de Tumeremo.

Tal acción militar produjo conflictos con los pobladores locales al ser desplazados de las minas los trabajadores que laboraban en ellas. Los afectados eran en su mayoría personas de bajos recursos cuya única fuente de sustento era laborar directa o indirectamente en las mismas.

Menos de un año después, según la noticia aparecida hace unos pocos días en “El Expreso” tenemos una situación totalmente diferente: Una actividad minera sin conflictos, social y ambientalmente responsable, apegada a las leyes y en vías de ser un modelo de convivencia entre la actividad minera y las comunidades locales. Y todo esto como consecuencia del Arco Minero.  

Esto si no es un milagro de los grandes, se le parece.

Pero los prodigios no finalizan aquí. En el artículo se presenta otro acto digno de un gran ilusionista: La desaparición de una parte de la legislación venezolana y su sustitución por un nuevo ordenamiento jurídico sacada; no de una chistera de mago, sino del casco de un minero.

Cuando la persona entrevistada dice que sus actividades están apegadas a la Constitución, la pregunta inmediata que uno se hace es ¿a cuál Constitución?

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en el año de 1999, en su artículo 120 establece que: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…”. Asimismo, el artículo 129 determina que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural” (las negritas son mías).

En relación con estos mandatos constitucionales, en diciembre pasado, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Venezolano reconoció que en el caso del Arco Minero del Orinoco no se habían realizado, ni la consulta previa, ni los estudios de impacto ambiental.

Por su parte, resulta sorprendente la referencia a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) ya que en los artículos 11 y siguientes de esa Ley, desarrollan el artículo 120 de la Constitución Nacional con respecto al mecanismo de consulta previa e informada como requisito para la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, condición que como ya vimos no se cumplió.

Igualmente, es digno de asombro leer que en la mina se aplican “medidas para minimizar el impacto ambiental”, sin que como ya sabemos no se hayan realizado estudios de impacto ambiental, instrumentos que definen las medidas de mitigación y compensación necesarias para minimizar el impacto generado por la actividad.

Finalmente, resulta maravilloso enterarnos que la mina se ha convertido en una “referencia en el ámbito del nuevo ordenamiento para la explotación minera a pequeña y mediana escala”.

Ante esa afirmación, también resulta necesario preguntar:  ¿Cuál nuevo ordenamiento? ¿En qué momento se derogó la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio? Esa es la ley marco que determina las orientaciones y procesos para el ordenamiento territorial de la Nación. A su vez, la misma debe responder al mandato de la Constitución que en su artículo 128 establece que “El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…” ((las negritas son mías)

Pero por otra parte, si uno lee entre líneas, pudiera deducir que ese nuevo ordenamiento está referido al Decreto que estableció la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco". Es decir, que si entendimos bien, un decreto presidencial produjo la desaparición simultánea de la Constitución y una Ley Orgánica (hay que reconocer que ese increíble acto de prestidigitación contó con la pequeña ayuda de los amigos del TSJ)

No tengo ninguna razón para pensar que el señor Osvaldo Hernández hizo sus declaraciones de mala fe. Pero también me vienen a la cabeza las palabras coerción y cooptación*. Pero lo que parece seguro es que la historia que en ese artículo se cuenta, si no es producto de un acto de magia sobrenatural, es la consecuencia de la mentira, la manipulación y la total ilegalidad que rodea al Arco Minero del Orinoco.

Sólo queda seguir denunciándolo y rechazándolo.

#NoAlArcoMinero 
#AguaSiOroNo 
#LosDerechosAmbientalesSonDDHH




* Cooptar: Captar la adhesión de alguien, generalmente con fines políticos, valiéndose de acciones reprobables.

jueves, 10 de marzo de 2016

Todo lo que usted debería saber sobre el arco minero del Orinoco… y ya apareció en prensa

Resultados de una recopilación de artículos de prensa



Un poco de contexto:

El pasado 24 de febrero de este año, el Ejecutivo Nacional decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Decisión que es la reactivación de un proyecto impulsado que el desaparecido presidente Chávez había presentado en el año 2011.

En el momento de la presentación pública ante los medios de comunicación, el presidente Maduro habló de que se realizaría “de acuerdo con los principios del Bolivarianismo y el Ecosocialismo… de manera respetuosa con el ambiente”. Igualmente indicó que “los proyectos que se realizarán en esta zona estratégica tendrán como centro la conservación del ambiente y el desarrollo social” (las cursivas son mías)

Por su parte, el ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, afirmó que la explotación se realizaría “preservando los recursos naturales y las culturas originarias” (las cursivas son mías)

En ninguno de estos casos se aclaró como se garantizaría este propósito ambiental, ni se hizo mención a las normas constitucionales y legales que amparan los derechos ambientales de los venezolanos y en particular de los pueblos indígenas y criollos que viven en la región a ser intervenida en este proyecto.

Por otra parte, será necesario tomar en cuenta algunos datos básicos: La superficie considerada en el proyecto es de más de 111.800 Km2. Es decir de más del 12% del territorio nacional y sólo un poco menor a la de los estados Apure y Anzoátegui combinados (*1 ) Asimismo, se informó que podrán ser incorporadas más de 150 empresas, en su mayoría extranjeras. Otro aspecto considerado son los minerales que serían explotados que incluyen: oro, coltán, diamantes, hierro y bauxita.

La recopilación

Tratar de entender las posibles consecuencias de esta decisión gubernamental puede ser una tarea difícil, aún en el caso de que tengamos la fuerte sensación de muy grave error. Por ello quizás vale la pena leer las opiniones que diversos autores han publicado en los medios de comunicación con respecto a este tema, de tal manera de hacernos una mejor idea al respecto.

Para facilitar revisar estas ideas y poder construir nuestro propio criterio, reuní un grupo de artículos aparecidos en distintos medios de comunicación con respecto a la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y en particular su dimensión ambiental.

No tengo pretensiones de totalidad, seleccioné diez artículos (y un “bonus track”) que me parecieron personalmente interesantes. Tampoco considero que la recopilación sea “objetiva”, aunque escogí artículos provenientes de diversas formas de pensamiento, pero en todo caso considero que los mismos pueden ser útiles como insumo para analizar y discutir, desde un enfoque ambiental y social, las consecuencias de esta decisión gubernamental.

Por otra parte, en cada artículo seleccioné algunas frases que me parecieron resaltantes o que resume el elemento central del artículo, de tal manera de ayudar a las personas que no tienen tiempo de revisar todos los artículos. En cualquier caso no se pierdan de leer en extenso algunos de ellos que tienen mucha substancia e intensidad.

Los artículos:


Arco Minero llega a su tercer lanzamiento desde 2012 en forma de “motor productivo”

Vale la pena empezar leyendo este artículo del periodista Jeanfreddy Gutiérrez que nos describe la secuencia de decisiones que llevó al Ejecutivo Nacional hasta este momento y lo coloca en el contexto de la realidad minera actual. Este artículo es el único que presenta las consideraciones ambientales que se presentan en el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco. Asimismo el artículo contiene enlaces a los decretos y otras informaciones importantes sobre este tema.

Frases resaltantes:

“…la ONG Laboratorio de Paz, que ha documentado las denuncias de persecución y asesinato de indígenas en el Amazonas por parte de guerrilleros colombianos y mafias que involucran a militares venezolanos, así como minería ilegal y contrabando hacia Colombia y Brasil, ha criticado el nuevo anuncio, al señalar que como antes se violó el artículo 120 de la Constitución, que exige una consulta pública e informada a los pueblos indígenas para este tipo de concesiones.” (las cursivas son mías)

“La nueva Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco, declarada así en 2016, excluye los territorios de Amazonas así como 55 mil kilómetros cuadrados en comparación con el plan del 2012, lo que cumple con el marco legal vigente. Los anuncios presidenciales resaltaron que la explotación minera sería con respeto a los pueblos indígenas y la biodiversidad. Un enfoque distinto a 2012, cuando se admitían el impacto ambiental de la extracción minera, como la deforestación, para lo cual habría acciones para remediar los efectos negativos.”

Venezuela firma la peor sentencia de "ecocidio" en su historia

Con este título lapidario, el periodista Daniel Delgado analiza la historia y posibles efectos de este proyecto y desnuda los increíbles cambios en la política ambiental en los gobiernos recientes que lo llevaron en un pasado reciente a denunciar a las empresas mineras por destructoras del ambiente y ahora a asociarse con ellas, sin ningún rubor.

Frases resaltantes:

“Cuando Ana Elisa Osorio fue ministra del Ambiente, firmó una resolución donde señalaba la decisión de revocar el permiso ambiental a la empresa Gold Reserve en sus operaciones en el proyecto "Las Brisas", Inc. (en la misma área donde ahora se les otorgo la concesión) pues se verificó el daño ambiental e irreversible en el área de influencia… La Ministra en ese entonces declaró que "No se otorgarán permisos ambientales para la explotación de minas a cielo abierto pues esto causa degradación ambiental"… "Estos permisos no son negociables, por su afectación al ambiente y a las comunidades que viven en el mismo" ". (las cursivas son mías)

Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto a tal punto que en los países desarrollados está prohibida esta práctica. Un ejemplo de ello, de no permitir este tipo de ecocidios en su ambiente es Canadá, país de origen de la Gold Reserve.” (las cursivas son mías)

Alexander Luzardo: Plan del Arco Minero conduciría al colapso del Guri

En este artículo publicado en el Portal El Estímulo se reseña una entrevista televisiva en el cual el antropólogo y ex senador Alexander Luzardo criticó el plan del arco minero y argumentó que su implementación tendría efectos ambientales, económicos y sociales enormes.

Frases resaltantes:
“Luzardo aseveró que cada vez que bajan los precios del petróleo sale un plan inmediatista que pone en peligro las reservas de agua del país. Además, aseguró que este plan minero conduciría al colapso de la hidroeléctrica del Guri y el sacrificio de los bosques de Imataca.”(las cursivas son mías)

Alexander Luzardo manifestó que el presidente Nicolás Maduro, su gabinete y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no pueden convertirse en “garimpeiros”.” (las cursivas son mías)

Para ver la entrevista completa a Alexander Luzardo, la misma se encuentra en este enlace

Explotación del Arco Minero afectará sustancialmente el recurso hídrico del país

Un artículo muy completo del periodista Daniel Delgado y publicado en su página Web Ecoscopio en el cual reúne diferentes puntos de vista en relación con el proyecto del Arco Minero, siendo resaltante su entrevista al diputado Pedro Carreño (no se pierdan estas declaraciones).

Frases resaltantes:

“Debido la alerta que esto significa (los daños ambientales que podría producir este proyecto), entrevistamos al diputado Pedro Carreño, quien fue designado coordinador de la Comisión de Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), quien dijo desconocer que este tipo de actividad “extractivista”, sea verdaderamente dañina al medio ambiente. “Eso es un supuesto”, contestó. Ante la pregunta si habían consultado a los pueblos indígenas afectados con la medida, como lo establece la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del país, dijo que “el Presidente de la República dice el qué y el ministro que tiene la competencia debe cumplir con el cómo”, desestimando igualmente cualquier consulta. Por último señaló que ser un detractor de estos planes significa estar aliado a un criterio “neoliberal, de los países que se denominan del primer mundo para que los pueblos no puedan acceder a sus recursos y luego venir a explotarlos ellos”.” (las cursivas son mías)

“Voceros de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) han sido enfáticos al manifestar que la explotación del Arco Minero del Orinoco y de la Faja Petrolífera del Orinoco “no es otra cosa que la destrucción de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Amazona, la contaminación de los ríos Orinoco y Apure con todos sus afluentes y el Delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y el Amazonía venezolana”.” (las cursivas son mías)

Líderes indígenas rechazan activación del Arco Minero del Orinoco
Con respecto al punto de vista indígena sobre este proyecto, la ONG de defensa de derechos humanos PROVEA, en su portal Derechos.org, publicó la opinión de Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA):

Frases resaltantes:

(Este proyecto) “…pretende explotar minerales en territorios habitados por comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas a su modo de vida debido al auge de la minería ilegal, la militarización de sus territorios y la presencia de grupos irregulares armados en sus hábitats.” (las cursivas son mías)

Igualmente el artículo se expone que “La COIAM rechazó la implementación inconsulta del Arco Minero del Orinoco, y denunció estos planes como la continuidad de una política desarrollista y extractivista con “marcados matices capitalistas y contraria a nuestra concepción sobre la vida y la madre naturaleza como bien primordial para el sustento colectivo”.” (las cursivas son mías)

“Provea, junto a las comunidades y organizaciones indígenas, promoverá la articulación de esfuerzos para denunciar y declarar la inconstitucional imposición del plan Arco Minero del Orinoco, y exigir la garantía del derecho a la consulta previa y el incumplimiento de la obligación estatal de avanzar en el proceso definitivo de demarcación de tierras indígenas, elemento imprescindible para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos originarios del país.” ” (las cursivas son mías)

“Arco Minero del Orinoco”, un decreto que ignora a los pueblos indígenas
Asimismo, desde el punto de vista indígena, considero muy importante revisar el artículo de Alfredo González Núñez, líder Wayúu del clan Uliana, el cual fue publicado por la Revista “Sic” del Centro Gumilla.

Frases resaltantes:

“Este decreto inconsulto de extractivismo del gobierno venezolano es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas” (las cursivas son mías)

Demostrando un cinismo marcado, el gobierno expresó que esto representa la puesta en práctica de una supuesta doctrina “ecosocialista”, cuando en realidad estos planes entreguistas son acuerdos que lesionan la soberanía, avalan el saqueo, violan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y amenazan con una destrucción ambiental sin precedentes, en su desespero por obtener divisas para atender sus compromisos con acreedores internacionales, sus empresarios nacionales y la cúpula militar” ” (las cursivas son mías)

Provea: Arco Minero suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio

La periodista Isabel Guerrero Villasmil reporta las declaraciones de la ONG defensora de los derechos humanos PROVEA, en la cual declara su desacuerdo con las restricciones y omisiones presentes en el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, los cuales según su entender violan derechos y garantía constitucionales.

Frases resaltantes:

Se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera”.” ” (las cursivas son mías)

Provea manifiesta que el decreto puede interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica –“los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-” y el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”, según cita.” ” (las cursivas son mías)

A propósito de Tumeremo, la minería ilegal en Amazonas, cómo llegamos a esto

Un artículo muy duro y muy completo sobre la situación de la minería en Amazonas, escrito por el biólogo Íñigo Narbaiza, muy conocedor de ésta situación en primera persona y publicado por el Portal Aporrea:

Frases resaltantes:

“El problema de la minería ilegal en el estado Amazonas se ha venido incrementando de manera grotesca en los últimos tiempos, donde la mayor parte de la dirigencia política del Proceso en Amazonas calma su conciencia observando las largas e inhumanas colas de Mercal señalando y sentenciando con su dedito "ahí está el socialismo" mientras se enriquecen a un ritmo pocas veces visto en la historia del país, construyendo una nueva oligarquía mafiosa aliada a la anterior. La realidad de la minería y el contrabando en Amazonas y Bolívar parece tornarse incompatible con ella misma, mucho más extraña que el realismo mágico.” ” (las cursivas son mías)

“Actualmente el estado Amazonas está invadido, está siendo saqueado, su población nativa está siendo ganada para una cultura minero-mafiosa y narco-paramilitar, fomentando la prostitución, el trabajo esclavo, el sicariato y la introducción de toda clase de enfermedades que están diezmando principalmente a los niños de las comunidades yanomami donde los servicios de salud tienen más dificultades para llegar, además de la contaminación con mercurio; pero no se trata del Imperio. Se extraen minerales estratégicos, algunos de importancia que muchos de nuestros funcionarios responsables de evitarlo, cuando no son miembros de las mismas mafias, no conocen, ni se preocupan por conocer; se investigan y saquean nuestros recursos genéticos con logística militar nacional y con participación de investigadores y técnicos de diferentes universidades nacionales al servicio de intereses extranjeros.” (Todo este párrafo es un resumen extraordinario de la actual situación de los estados Amazonas y Bolívar)

“¿Estado Amazonas o futura república mafiosa "independiente"? Todo lo que ocurre, ocurra, o no se haga en el estado Amazonas será ante la historia en primer lugar responsabilidad del gobierno nacional y en segundo lugar nuestra.” (las cursivas son mías)

Del ecosocialismo al coprosocialismo: la megahipocresía de la "minería sostenible"

El mismo autor del anterior artículo, publica un feroz artículo en el Portal Aporrea, en el cual denuncia la hipocresía del supuesto enfoque Ecosocialista que guiaría los proyectos mineros del Arco del Orinoco.

Frases resaltantes:

“Tal vez sí necesitemos de la minería para salir de esta situación que se torna cada vez más grave, pero... ¿La van a implementar los mismos que nos han llevado a este coprosocialismo marcado por la corrupción, la delincuencia, la banalización de las leyes, el no respeto al ambiente y a los pueblos indígenas, y el robo generalizado no solo en la administración pública sino en todas partes a partir de alianzas de funcionarios públicos, empresarios y delincuentes comunes?” (las cursivas son mías)

“Impactar una superficie de tal magnitud sin tomar en cuenta la constitución nacional, los derechos de los pueblos indígenas, hasta ahora golpeados por la minería ilegal y empujados muchos a esta práctica para crear un caos minero que justifique la llegada de quienes van a poner orden cuando nunca lo han hecho y esperar que quienes nos han llevado a este desastre nacional garanticen el mínimo impacto ambiental y social negativos y hagan un uso honrado de los ingresos en función de nuestro desarrollo es una gran estupidez. Aunque viéndolo bien, tal vez esos nuevos ingresos sirvan para las nuevas campañas electorales.” (las cursivas son mías)

Minería a cielo abierto: solo autorizada en los países muy necesitados

Este artículo de opinión firmado por el ambientalista Lenín Cardozo es un duro manifiesto contra el proyecto y a su pretensión de trabajar con minería a cielo abierto como forma de explotación de los minerales a lo largo del arco minero.

Frases resaltantes:

“En Venezuela estamos vendiendo al igual que los habitantes de Hokshe nuestros riñones, también los pulmones y la sangre. 111.800 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional y el 30% de los bosques se los estamos otorgando a concesionarias mineras internacionales, que vienen sin piedad a devorar la patria y a contaminar la segunda reserva de agua dulce de Suramérica, el Orinoco.” ” (las cursivas son mías)

“De ser un pueblo aguerrido, liberador de 5 naciones, ahora hemos perdido hasta el amor por el país y hoy estamos rendidos, indiferentes, resignados a que nos quiten a pedazos, a que nos despojen la soberanía, ante el secuestro que hoy nos hacen 21 naciones que ultrajan el Esequibo venezolano, entre ellas China y Rusia, los supuestos aliados más "allegados". Guyana Británica, no solo reparte el Esequibo, también ahora concesiona parte del Delta del Amacuro y aun así no reaccionamos. Y si reaccionamos, es para ser como ella (la Guyana), entregando el futuro de los venezolanos a las mismas concesionarias que nos ultrajan en el Esequibo y a otras.” (las cursivas son mías)

Algunas conclusiones preliminares de la recopilación

Una primera conclusión es que hay un gran consenso entre los autores o los actores sociales entrevistados en señalar los graves inconvenientes de este decreto y su llamado a exigir que el mismo sea derogado. Este acuerdo va más allá de las trayectorias profesionales y posiciones ideológicas de estas personas. De hecho los artículos más críticos, e incluso en algunos casos mostrando una enorme indignación al respecto de este plan provienen de personas que tienen o tuvieron cercanía con las posiciones con el gobierno.

Un segundo elemento resaltante, es la ausencia de marcada de voces críticas desde los distintos movimientos y organizaciones ambientales, que parece no haber reaccionado hasta el momento.

Una tercera conclusión preliminar es que, al menos en este caso, los grandes medios de comunicación impresa del país están perdiendo relevancia en la información y discusión de los grandes problemas del país, o al menos en los relativos a temas ambientales. Y como al igual que se dice que la Naturaleza odia el vacío, este espacio está siendo ocupado por los nuevos medios digitales que cada día cobran mayor relevancia. Esta situación tiene su lado espinoso del cual debemos estar alertas: será necesario promover estos nuevos medios y educar a la población para aprender a acceder a ellos, usarlos y valorar su diversidad e independencia.

Finalmente, si ustedes tienen información de otros artículos sobre este tema, por favor en la sección de comentarios, coloque el nombre del artículo y el enlace donde puede consultarse. Si le es posible haga un breve comentario al respecto dela artículo.

Unbonus track” a esta recopilación es este artículo con un enlace a un vídeo realizado por un periodista español sobre la realidad de las minas de El Callao.

Nota final:

Cuando se estaba preparando esta recopilación apareció la información sobre la desaparición y posible masacre de 28 personas que laboraban en minas cercanas a Tumeremo. Esta situación y sus complejas aristas tienen dos facetas: Por una parte muestra de manera descarnada el espantoso estado de degradación social y violencia en las zonas mineras y por otra es un escándalo que en muy poco tiempo hizo desaparecer de la agenda informativa la discusión sobre el plan del arco minero. Es necesario que a la vez que se exige justicia con los mineros desaparecidos, seguir reclamando la derogación de ese nefasto decreto.




*1 Superficie de Venezuela 916.445 km² / Superficie del Estado Apure 76500 km² / Superficie del Estado Anzoátegui 43.300 km²

jueves, 25 de junio de 2015

Y ahora van contra la Sierra de Perijá (Crónicas del neoextractivismo del siglo XXI)



Imagen tomada de: http://venezuelaoriginaria.blogspot.com/

Recientemente, dos jóvenes periodistas venezolanos realizaron sendos reportajes en  relación con el tema de la explotación del carbón en la cuenca del Guasare de la Sierra de Perijá en el estado Zulia. En ellos se describen desde distintas ópticas el proceso de "desarrollo" de este proyecto minero, sus impactos ambientales y sociales, y lo que ahora puede ser mucho peor a través del avance de este proceso de destrucción a raíz del Decreto 1.606 de la Presidencia de la República en el cual se expande de manera muy importante el área afectada. Ello sin ningún miramiento a que se esté contraviniendo la Constitución Nacional, la normativa ambiental del país e incluso la opinión en contra que alguna vez emitió el difunto presidente Hugo Chávez Frías.

Con respecto a estos trabajos periodísticos, por una parte, la muy joven y brillante periodista Ariana Guevara publicó un excelente reportaje en el portal elestimulo.com/climax  que describe la historia y desarrollo de este problema y la campaña desarrollada por la organización ambientalista Homo et Natura en contra de este nuevo ecocidio.



Por carbón, la quema y explosión de la Sierra de Perijá

ARIANA GUEVARA  @ArianaGuevaraG

En Zulia, la producción carbonífera ha generado empleos pero también estragos ambientales. Un decreto presidencial da luz verde al incremento de la actividad con el fin de alimentar una planta termoeléctrica. Promesa de reducir los apagones. Se destruirá el fino equilibrio del ecosistema. A eso se suma la presencia de una empresa china en un proyecto que es rechazado por ambientalistas y habitantes de la región.


Una amenaza silente se cierne sobre una porción de la Sierra de Perijá, en el noroeste del estado Zulia. Aunque suene alarmista, hay razones para hacer tal afirmación: si se llega a concretar la expansión de la minería del carbón —a la que el Gobierno nacional dio luz verde—, los ríos, la vegetación, los suelos y las poblaciones indígenas que forman parte de este ecosistema serán las primeras víctimas. Visto así, pareciera que en lugar de la protección de un paraje privilegiado, la prioridad está en el desarrollo de una economía depredadora, de un proyecto que se lleve todo a su paso.

Si bien en Zulia se explota el carbón desde los años ochenta, una información oficial hizo que se encendieran las alarmas. En febrero de este año se publicó el decreto 1.606, en la Gaceta Oficial 40.599, que transfiere a Carbones del Zulia, filial de Petróleos de Venezuela, los derechos de exploración y explotación carbonífera en una zona de 24.192,14 hectáreas. ¿Y cuál es el problema? Que las minas actuales —Norte y Paso Diablo— abarcan 1.763 hectáreas, con concesiones de un total de 7.250 hectáreas, lo que significa que este instrumento da pie para la ampliación de la actividad.

Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Homo et Natura, explica que esa expansión se traduciría en la apertura de minas en los alrededores de los ríos Socuy y Cachirí. La intención, entre otras, es aumentar las cantidades de carbón —en 2014 se produjeron 682.858,72 toneladas métricas en Zulia—, para alimentar un proyecto de carboeléctrica, en el que participará la empresa china Sinohydro con una inversión de 7 millardos de dólares.

Portillo afirma que en noviembre de 2012 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó un memorándum de entendimiento con Li Ming, representante de la compañía asiática, para elaborar estudios de ingeniería y financiamiento. “Se reforzaron con la contratación de la empresa india Essar Projects Limited, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, el 9 de octubre de 2013, con la firma de su vicepresidente, Jasbir Singh”, señala un documento de la organización.

El decreto que permite la ampliación de la zona minera responde, hasta cierto punto, a los intereses de mantener este proyecto, que comenzaría a construirse en 2013, pero que aún no ha arrancado. Y, aunque el decreto indica con claridad que la explotación estará a cargo de una empresa venezolana, los ambientalistas manejan otra información: Portillo señala que los chinos serán los responsables de la inversión para poner a trabajar las minas a tope y abrir las nuevas, y que tienen ese permiso por 30 años, además de que construirán un puerto y una vía ferroviaria.

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Por su parte, el periodista Jeanfreddy Gutiérrez, escribe en el portal elcambur.com.ve un muy importante y acucioso artículo con un gran despliegue de imágenes, infografías y enlaces a documentos que permiten entender la larga marcha de este proyecto.



PDVSA reimpulsa proyectos carboníferos que fueron suspendidos por Chávez

15 jun, 2015 por Jeanfreddy Gutiérrez


“Así como los derrotamos hace 10 años, los volveremos a derrotar”. Las palabras del activista, biólogo y profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Nicanor Cifuentes, junto a indígenas provenientes de la Sierra de Perijá, frente a la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica no son meramente poéticas. Lo dice a pocos metros de un piquete de la Guardia Nacional y a pesar de las llamadas realizadas por los directores del despacho para posponer la reunión “para evitar problemas”. Con la publicación del decreto presidencial No. 1.606 del 10 de febrero de 2015, firmado por Nicolás Maduro, se nacionaliza y retoma la explotación carbonífera, que PDVSA había abandonado en 2005 después de protestas en rebeldía a la decisión del presidente Chávez, que luego de suspender, enfatizó el respeto por la selva y el bienestar de los pueblos indígenas.

Ahora, el decreto se publica tras el anuncio de construcción de una planta carboeléctrica para generar 1000 megavatios de electricidad para el Zulia de parte de la estatal petrolera, que implicaría la extracción y consumo de tres millones de toneladas métricas del mineral, con las graves consecuencias producidas por la tala de árboles para campamentos y minas, así como la contaminación del agua y el aire. Los movimientos sociales, agrupados en el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia (FREZ) se han levantado tras haber sido ignoradas sus sugerencias de usar gas natural para evitar los daños ambientales que ya se habían advertido -incluso oficialmente- y reimpulsar el Parque Eólico de La Guajira.

Historia reciente

En 2004 Chávez dijo que quería triplicar la producción de carbón en la región, para impulsar su desarrollo. La protesta de grupos locales por el derrame de 20 mil litros de diésel lo llevó a reconsiderarlo tras una avalancha de protestas. Dos años más tardes expresó que “ese carbón se queda allá abajo”, rechazando la tala de selva y las enfermedades pulmonares producidas en la región, lo que repitió durante varias alocuciones, dando pie al concepto de ecosocialismo.

La moción fue respaldada por la ministra del Ambiente, Jacqueline Faría, quien señaló el inmenso impacto ambiental y las bajas ganancias: 50 dólares por tonelada, contra los entonces 60 del barril de petróleo. Un informe de su despacho, de 2005, demostraba la contaminación localizada del aire y del agua con metales pesados en el río Guasare, con apenas una fracción del aprovechamiento de las minas de carbón, y que al expandirlo aumentarían los riesgos ambientales en toda la biota del río Socuy, que impactarían en los embalses Manuelote y Tulé, que sirven a la ciudad de Maracaibo. Pero también señalaba que este desarrollo generaría 33% de incremento en los impuestos recaudados por la gobernación del Zulia.

Viejos actores, nuevos proyectos

La explotación minera en Zulia data de 1987, con la apertura de Mina Paso Diablo y Mina Norte. Ambas a raíz de la creación de Carbones del Zulia por Fernando Chumaceiro, quien estaba al frente de CorpoZulia. De aquella época datan los proyectos de vías férreas, un segundo puente sobre el Lago de Maracaibo y un puerto de aguas profundas para trasladar el carbón hacia Europa y Estados Unidos. Así reza el libro “El Pozo Ilustrado”, editado por primera vez en 1983 por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que en su cuarta edición aparece firmado por Luis Guisti como presidente de la estatal petrolera, al referirse a la infraestructura necesaria en el capítulo del carbón, en su página 402.



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Estos artículos dejan un largo mal sabor en la boca. Parece que ya no hay un mínimo de respeto por nada, ni siquiera por aquello que alguna vez dijeron que era importante para el gobierno y su ideología: Ni las personas, ni los pueblos indígenas, ni los bosques, ni el ambiente. Ni siquiera la opinión de quién dicen seguir su legado.

Por otra parte, me sigo preguntando si alguien ha oído alguna opinión reciente (aunque sea legitimando esta destrucción) por parte del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas o de sus autoridades, o es que el mutismo es su única estrategia tal como parece hacerse ya habitual con el resto de los problemas ambientales del país.

Para lo quedó el Ecosocialismo,como apoyo del crecimiento del extractivismo depredador en Venezuela. Que tristeza. Pero mi sentimiento no es de derrota, ni de desesperanza, apoyo totalmente la campaña de los ambientalistas zulianos:

 ¡NO A LA EXPLOTACIÓN DEL CARBÓN EN LA SIERRA DE PERIJÁ!





Nota final: Si les interesa el tema del extractivismo como enfoque político y sus repercusiones sociales, políticas y ambientales  les recomiendo la lectura de estos dos artículos de Eduardo Gudynas:

Si eres tan progresista ¿Por qué destruyes la naturaleza? Neoextractivismo, izquierda y alternativas

DIEZ TESIS URGENTES SOBRE EL NUEVO EXTRACTIVISMO. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual


martes, 16 de junio de 2015

Minería en Canaima: Olvidos, fraudes y mutismo


Foto: Raul Romero tomada de: el-nacional.com


Vuelve a ser noticia el tema de la existencia de minas de oro en el Parque Nacional Canaima, un sitio que se supone está protegido, no solo por las leyes ambientales del país, sino explícitamente por la propia Constitución en su artículo 127. Esto a raíz de las denuncias realizadas por la periodista Valentina Quintero y la toma de la pista aérea de Canaima por parte de miembros de la comunidad pemón,

Como parte de esta nueva situación la periodista Emily Avendaño de El Nacional publicó dos excelentes artículos: "El desplome del turismo empuja a Canaima a la minería" y "Cinco planes de control minero no han logrado frenar la extracción ilegal en Guayana", los cuales recomiendo leer para entender un poco mejor la compleja situación derivada de la minería ilegal de oro y sus implicaciones ambientales, económicas y sociales.

Pero adicionalmente, es necesario hacer mención de otra noticia surgida a raíz de la toma de la pista de Canaima. Lo importante de ella no es la noticia en sí, sino lo que ella revela, insinúa y esconde: "Pemones levantaron protesta que mantenía cerrado aeropuerto de Canaima" aparecida en el periódico Últimas Noticias. En la misma se indica que "Se va a fortalecer el plan de acción para erradicar la minería ilegal en Canaima", que el levantamiento de la toma del aeropuerto ocurre luego de "llegar a un acuerdo con los manifestantes" y que la declarante, ministra para Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, estuvo acompañada en la negociación por "la ministra de Turismo, el Jefe de la Redi de Guayana y el jefe de la Zodi" (Las negritas son mías)

A partir de estas tres noticias creo que es necesario aclarar y analizar los siguientes puntos, que podemos resumir en temas sobre olvidos, fraudes legales y mutismo institucional:

Los olvidos: Venezuela es un país que a veces tiene la memoria corta y es necesario que constantemente busquemos recordar lo que mucha gente prefiere que olvidemos.
  1. La minería en el Parque Nacional Canaima no es una situación nueva. Existen denuncias al respecto desde hace varios años. Entre otras, podemos recordar un conflicto previo entre indígenas de la etnia pemón y militares venezolanos por causa de la minería en este Parque Nacional, hecho que ocurrió a inicios del año 2013. Al final de todo, y más allá de las sucesivas denuncias, no ha habido ningún avance a este respecto y mucho menos pudiera fortalecerse un Plan de Acción que  nunca pareciese haber existido más que en el nivel de las dimensiones fantasmas.
  2. La minería de oro dentro del Parque Nacional ha sido reconocida incluso por las más altas autoridades nacionales. Y muy a pesar del ciudadano general Ministro de la Defensa existen declaraciones reconociendo la existencia del problema por parte de autoridades militares, varios ministros, e incluso por el propio Presidente de la República. ¿Qué ignora o desea que ignoremos ese alto funcionario? Y en todo caso ¿Por qué el ministro de la defensa tiene que opinar al respecto de un tema claramente ambiental?
  3. El problema en el Parque Nacional Canaima es solo la punta del iceberg de la grave situación que ocurre en toda la región de Guayana. Lo que está ocurriendo en Canaima es una tragedia nacional. Este Parque Nacional es uno de los tesoros más espléndidos de la naturaleza y Patrimonio de la Humanidad. Su destrucción nos señala ante el mundo como un pueblo bárbaro a la altura de aquellos que actualmente destruyen por motivos estúpidos sus patrimonios culturales. Adicionalmente Canaima es, en parte, guardián de la cuenca del río Caroní el cual a través del sistema hidroeléctrico del Guri genera cerca del 70% de la electricidad del país. Asimismo, pudiera producir cantidades importantes de divisas para el desarrollo de sus comunidades a través de programas serios de ecoturismo. Pero, y es un pero muy grande, ante esta situación, no podemos olvidar lo que está ocurriendo en el resto de la región, en la cual la codicia de grandes grupos de delincuentes están destruyendo el ambiente, poniendo en peligro la salud, la vida y la cultura de los pueblos indígenas y amenazando el futuro del país.

Fraudes: No todo lo se anuncia con bombos y platillos y a veces con beneplácito de muchos es bueno y a veces no es legal, ni legítimo. Las "buenas intenciones" (si es que las hay) no legitiman.
  1. La situación retrata la negligencia, incapacidad e incluso posiblemente complicidad de diferentes personas en propiciar y mantener esta situación. Si el problema no es nuevo, si es grave, si ha sido denunciado en varias ocasiones, incluso por altos funcionarios del gobierno ¿Por qué no se ha hecho nada? ¿Cuántas acciones urgentes han sido anunciadas? ¿Cuántos planes se han elaborado? ¿En qué ha terminado todo ello?... ¿Volveremos a oír otra denuncia parecida lamentándonos por lo poco que quede de Canaima dentro de algunos años?
  2. La ley no debería ser negociable. Cuando la ministra Aloha Núñez habla de que realizó "Mesas de Trabajo" para llegar a acuerdos con "los manifestantes" ¿Qué fue lo que negoció? Dicho de esa manera puede entenderse que los miembros de la comunidad estaban exigiendo algún tipo de reivindicación social, como si protestaran por la falta de agua, la inseguridad u otro problema que los afectara. Ello escamotea el hecho de que se trata de una situación que involucra delitos claramente tipificados en la Ley Penal del Ambiente y que debería llevar a sanciones a sus ejecutores y promotores. No he podido encontrar ninguna información donde, al menos, se anuncie el inicio de una investigación penal al respecto. O es que lo que se quiere es encubrir a los que están detrás de esos delitos. Este tema no involucra solamente a mineros ilegales, sino particularmente a  grupos que tienen la capacidad de financiar los costosos equipos, materiales, insumos y logística que se necesita para estas operaciones ¿Entonces este es un episodio más para la impunidad como valor nacional?
Mutismo: El silencio puede ser a veces prudencia, pero a veces es complicidad.
  1. Enmudecen los organismos responsables. Cuándo la ministra Núñez habla de sus acompañantes en la negociación, no nombra al Ministerio de Ecosocialismo y Aguas a Inparques o ninguna de sus autoridades ¿Estas instituciones o personas no tienen ya competencias legales al respecto del manejo y de los delitos cometidos en un área natural protegida? Reto a cualquiera a buscar alguna información reciente que involucre al Parque Nacional Canaima y que el ministro, o cualquier miembro de su equipo, haya realizado alguna declaración, comentario o al menos haya lanzado un grito de ¡PÍO! (al menos para no morir sin decir ni ¡pío!) 
  2. El silencio señala. Algunas organizaciones no gubernamentales (como el CIEV, la Red ARA, PROVEA) han venido realizando una campaña de denuncia sobre la minería ilegal en Guayana. Pero por otra parte, los grupos que en décadas atrás tuvieron un papel importante en revelar los efectos de la minería, condenar la mala gestión de los Parques Nacionales y otras "Áreas Protegidas" y alertar sobre la mercantilización de los recursos naturales entre otros temas, ahora parece que hicieron voto de silencio. Algún día deberán responder por su omisión ante su conciencia, sus hijos y nietos.
Si ellos callan ¿Qué deberíamos estar diciendo el resto de la sociedad venezolana? ¿Nos debemos callar también? Por otra parte ¿Deberían opinar al respecto las organizaciones ambientales internacionales? O esto último es "injerencismo"y por lo tanto deberían callar también.


Creo en la esperanza. No en creer que algo va a ocurrir porque yo lo deseo, sino de la que hablaba el dramaturgo y presidente checo Vaclav Havel cuando decía:"La esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido, sin importar su resultado final"




domingo, 3 de mayo de 2015

El sur también existe y sufre (en las noticias)



Imagen tomada de la Revista SIC revistasic.gumilla.org


Hace unos pocos años la red ARA evaluó el estado del ambiente en Venezuela. De ese estudio nació la idea de que era necesario generar un proceso de discusión nacional que hiciera visible y permitiera incidir sobre algunos de estos problemas que habían sido eclipsados por los enfrentamientos políticos, la ausencia de políticas comunicacionales sobre temas ambientales y la simple y llana censura.

Uno de esos de temas era la grave situación que está sucediendo en la Guayana venezolana derivado de la explotación ilegal del oro. 

La situación en esta zona es quizás uno de los problemas más graves ambientales que están ocurriendo en el país y sus implicaciones sobrepasan lo ambiental y se convirtieron en un grave problema social, político, de soberanía y principalmente de de derechos humanos. 

Para el momento en que en la red evaluamos esta problemática  existía muy poca información en los medios sobre estos temas. Unos pocos comunicadores, principalmente trabajando para periódicos regionales de Guayana, había difundido estos temas y llevado a cabo campañas comunicacionales al respecto, Como ejemplo de ello las extraordinarias crónicas y reportajes de la periodista Evelyn Guzman (que pueden conseguir en su blog Ciencia Guayana

Un tiempo después la situación aunque ha empeorado en la práctica, a mejorado mucho la información que tenemos de lo que allí está ocurriendo y esa es una buena noticia, porque a partir del conocimiento y la buena información podemos empezar a exigir que se hagan políticas y acciones eficaces para solucionar esos graves problemas que están poniendo en grave riesgo la vida, salud y futuro de las poblaciones locales, está destruyendo las culturas ancestrales indígenas y poniendo en peligro el futuro del desarrollo de toda la nación. Sin Guayana no hay patria.

Vale esta introducción para hacer una breve excursión por los artículos muy recientes que han aparecido, ya no tanto en la prensa tanto tradicional sino, en los nuevos medios. Espero que permita a los venezolanos entender la magnitud del desastre y la urgencia de buscar soluciones consensuadas y participativas, así como para hacer un homenaje a los comunicadores que están arriesgándose a trabajar estos temas particularmente sensibles.

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Comencemos con este extraordinario reportaje firmado por Minerva Vitti y recientemente publicado en la Revista SIC


La mujer indígena es la más afectada por la minería

Revista SIC 25 de abril 25 de 2015

Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales

La Fundación Mujeres del Agua se registró oficialmente en el año 2009 aunque desde hace tiempo realizaba un trabajo social en la comunidad de El Paují, ubicada en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

El Paují es un pueblo mixto formado por indígenas de la etnia pemón, y no indígenas (venezolanos y extranjeros). Con aproximadamente cuatrocientos habitantes es un sitio que no tiene horario y en el que hasta hace poco no había ni teléfono ni Internet. Sus habitantes vivían  en comunión con la naturaleza, con buenas experiencias educativas y culturales, hasta que en 2006 se desbordó la minería en la zona, trayendo muchos problemas y desplazando a muchos miembros de la comunidad.

Ante esa situación un grupo de mujeres, que tenían años conociéndose, comienzan a organizarse. Lo primero que hicieron fue un museo que se llamó Kunayewi, que significa casa del agua, y comenzaron a explicar a la población cuál era el impacto de la minería, el derecho a tener agua limpia y el derecho a la salud. También se unieron a la Misión Árbol y comenzaron a sembrar moriches y distintas plantas en las áreas contaminadas por la minería.

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La situación en el Bajo Caura representa uno de los temas más graves en todo el contexto y en este sentido este artículo de Adriana Boccalon lo retrata en todo su horror.


Se muere la cuenca del Caura del Orinoco

Revista Climax 30 de abril de 2015 

Pillaje, corrupción e impunidad son los tres principales males del sistema de minería ilegal en la cuenca del Caura del Orinoco, donde la pérdida de biodiversidad acusa un llamado de alerta.  De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura( FAO),  el país pierde al año 300 mil hectáreas de bosque elevando en un 50% sus emisiones de CO2, La zona por el mercurio y la explotación maderera se está muriendo.

En víspera del ocaso zarpa la curiara del puerto de Maripa para comenzar a descontar los 220 kilómetros de navegación contracorriente que lo separan de la comunidad indígena de El Playón. Entretanto, se sortean pesadillas por la habitual lluvia a cántaros que alborota los raudales y por la proximidad de un firmamento eclipsado, apenas a ratos inspirado por chispas luminosas escoltadas de estallidos sonoros que denotan supremacía y destronan al humano de su pedestal. Las voluntades a bordo, aunque atrevidas y retadoras, estimulan el silencio ante la aparente infinitud de lo desconocido. El aroma a vegetación húmeda y frutos cítricos alientan el olfato, mientras en el intrincado bosque ribereño se revelan antojosas siluetas de ojos brillantes trajeadas invariablemente de oscuro, cuyas voces onomatopéyicas acusan un dilatado repertorio de vida animal.

En medio de un lóbrego atardecer, el lazarillo, entusiasmado por un jugoso fajo de billetes como rédito a su hazaña, navega atento al rigor que impone el caudaloso río Caura y al exhausto traqueteo del motor de la embarcación. A bordo viajan mineros portando insumos para sobrevivir en toscos campamentos instalados sobre espacios intoxicados, saqueados, hartos de drogas, alcohol y prostitutas, pero también colmados de oro. Hasta El Playón es navegable el río Caura en la parte baja de la cuenca. Para alcanzar la comunidad de Las Pavas, donde el cauce permite retomar el cabotaje aguas arribas, es de rigor echar a andar 6 kilómetros a través de una jungla repleta de altibajos, por donde transitan a pie turistas, mineros, soldados e indígenas. En el trayecto es usual tropezar con militares y nativos cargando a cuestas fatigosos bultos que además incluyen curiaras, motores y bidones de combustible. Para el viajero ocasional, aquel sin licencia para hurgar mas allá, la excursión culmina al final de esta breve expedición, justo frente a la imponente caída de agua que pone límite entre bajo y alto Caura: el Kuyuwishodü o Salto Para, donde la sesión fotográfica para inmortalizar las memorias es ritual obligado.

En este punto se agotan romance y poesía. Bajando desde el mirador del Salto Para se avista la comunidad de Las Pavas, la primera del alto Caura, punto de partida hacia Fijiriña y Yuruani, los campamentos mineros más críticos de la zona donde explotadores de “bullas” destierran el oro enfrentando pleitos, saboteo, enfermedades, desolación y el empeño de los fusiles de la Guardia Nacional Bolivariana. Efectivos militares ceñidos al Plan Caura han protagonizado en los últimos años batallas intermitentes para zanjar el flagelo de la explotación ilegal de minerales, apostando al desalojo definitivo de advenedizos que no se rinden. Al militar se le tacha de “cobrador de vacuna”, mientras al minero se le señala por comprar voluntades uniformadas, seducir indígenas y amenazar a científicos que advierten sobre la pérdida de ecosistemas y servicios ambientales.

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Escrito por la periodista venezolana radicada en Panamá Thabata Molina, especialista en temas de sucesos hace un excelente reportaje de investigación sobre la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela y su incursión en el negocio minero ilegal.



Denuncian que las FARC explotan oro y coltán en el sur de Venezuela

Panampost 16 de abril de 2015

Amazonas es uno de esos estados de Venezuela que casi nadie conoce, más allá de saber que es el segundo más grande del país, o que comparte la frontera con Colombia por el oeste y con Brasil por el este; pero, recientemente, las alarmas de las autoridades se encendieron después que un informe militar admitiera la existencia de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explotando minas de oro y coltán en ese territorio, para generar ingresos.+

Esta región cuenta con una población de apenas 178.670 habitantes, en una extensión territorial de 177.617 kilómetros cuadrados, en una zona absolutamente selvática, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.+

El texto elaborado por la Guardia Nacional y fechado en enero de 2015, a través de un Resumen de Información de Inteligencia (REIN),  señala que “el comando tiene conocimiento de la presencia de columnas guerrilleras entre los sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del Orinoco”, en labores de explotación de oro y coltán.+

De hecho, el gobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, reconoció la existencia del problema y declaró al PanAm Post que la situación ha sido denunciada en reiteradas oportunidades en la Asamblea Nacional, pero que nadie se ha interesado por solucionarlo.+

“A lo largo del río Atabapo se han llegado a contar hasta 24 balsas que están lavando la arena del fondo del río con mercurio para extraer oro, y eso ha contaminado los peces, ha desviado el curso del río. Realmente las autoridades venezolanas han hecho caso omiso, a excepción de una comisión de Colombia que en algún momento se presentó y quemó algunas balsas”.+

“Esto ha seguido de una manera descarada, pero es que además no son solamente las minas de oro del cerro La Neblina o la naciente del río Orinoco, sino que en la actualidad, se están explotando las minas del municipio Manapiare que es más allá del Yapacana. Esas minas quienes las vienen explotando están vinculados a la guerrilla colombiana y a los mineros colombianos”, expresó Guarulla a través de una llamada telefónica.

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El periodista Jeanfreddy Gutiérrez reseña un documental reciente en el cual el periodista y corresponsal de guerra David Beriain hace de la situación de las minas de oro ilegales en Venezuela. Un elemento importante es que pudiéramos ver el documental directamente, pero este fue retirado del portal de You Tube donde estaba alojado.



Documental retrata mafias del oro que deforestan al sur de Venezuela

El Cambur 8 de abril de 2015

El periodista español David Beriain del programa Amazonas Clandestino llegó al Kilómetro 88, Las Claritas, uno de los llamados “pueblos naranja” para retratar cómo mafias carcelarias ejercen dominio sobre la explotación ilegal del oro al sur de Venezuela. El comunicador ya ha explorado el contrabando de madera y cocaína en otros capítulos del programa.

Allí muestra las denuncias que señalan, con miedo y respeto, el control de El Sindicato por medio de la banda de El Chingo, quien desde la cárcel ejerce un control férreo sobre los yacimientos mineros que son abiertos en medio de la selva venezolana, sin ningún control oficial, después que se le retiraron las concesiones a la empresa canadiense que la tenía.

El proyecto de Las Cristinas que prometía una regularización de la minería nunca se completó y ahora miles de mineros artesanales someten al suelo a la presión del agua, el mercurio y la erosión por la tala indiscriminada. Su resultado, miles de charcos durante todo el año que dispararon los criaderos del parásito Plasmodium, así como los de zancudos Anopheles que los transmiten al ser humano, produciendo un brote de malaria que en 2015 ya alcanzaba los 15 mil casos para la primera semana de marzo.

El documental confirma las denuncias del reportaje Malaria: los zancudos del contrabando, que relaciona la tala ilegal, los estudios epidemiológicos y la explotación ilegal del oro y el coltán, con la epidemia de una enfermedad que aunque endémica, se creía controlada.

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La periodista Andreina Flores realizó una entrevista en vídeo al Gobernador del Estado Amazonas. En la misma el Gobernador Guarulla  denuncia la acción de las FARC en territorio de ese Estado y su participación en el negocio minero.



Gobernador Guarulla: La Farc está en el Amazonas Venezolano contaminando e intentando hacer política

El gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla denunció a través de Cool Channel TV que en la actualidad se encuentran más de 4.000 guerrilleros de las Farc practicando la minería ilegal y haciendo vida en el municipio Maroa de su región.


Guarulla aseguró que "estos guerrilleros están explotando oro y coltán en el Amazonas, produciendo una gran contaminación y un daño a las comunidades indígenas que representan el 70% de la población de nuestro estado". También dijo que se evidencian elementos inocultables característicos de grupos irregulares: "una pista de terrizaje, barcos en donde se traslada la gasolina de contrabando y la intromisión de grupos guerrilleros en los pueblos indígenas tratando de hacer política".

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Para finalizar y para entender el contexto donde esta situación está inmersa, les recomiendo leer este extraordinario artículo "Los Nuevos Narcotesoros" escrito por Gerardo Reyes para la Cadena Univison y que recientemente fue premiado con el Premio Ortega y Gasset en la categoría de periodismo digital. No habla de Venezuela, pero a través del mismo podemos comprender el complejo trasfondo delictivo, económico y político que  genera la producción de oro en Latinoamérica.


Los nuevos narcotesoros

A sangre y fuego el crimen organizado convierte la minería ilegal en una fuente de ingresos tan importante como la droga a lo largo de América Latina

Cuando recuerda a sus víctimas Janier Adrián Villada sonríe nerviosamente y cierra los ojos, como si estuviera encandilado. Parece la última señal espontánea de su vergüenza.

El joven analfabeto de 28 años que empezó a matar a los 14, eludió al principio con un lenguaje figurado el relato de su papel de asesino, pero a medida que se adentraba en sus recuerdos, durante una entrevista exclusiva con Univision, prescindió de las metáforas y con el verbo directo y el calibre exacto contó como lo había hecho.

Mató a 49 personas.

"¿Por qué lo hacía yo?'', se pregunta sonriendo de nuevo. "O sea, la verdad es que yo todo el tiempo, desde muy pelado [joven] he trabajado en organizaciones y a mí me han pagado y yo sabía que la labor mía era, si me mandaban a matar a alguien, yo iba y lo mataba''.

Villada era el jefe de sicarios de la banda criminal de Los Rastrojos, al noroeste de Colombia. Tenía a su cargo los comandos urbanos del municipio de Segovia para prevenir el ingreso de la banda rival de Los Urabeños. A las buenas o a las malas, cada empresa minera que operaba en la zona aportaba a la banda que estuviera en control entre 50 y 100 mil dólares mensuales. En esa suma estaban incluidos pagos por el asesinato de sindicalistas revoltosos, empleados problemáticos y ladrones de oro, según Villada.


"Nosotros les hacíamos un llamado de atención. Si nos hacían caso los dejábamos quietos. Si seguían intensos ya tocaba eliminarlos'', explica.


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P.S. Para que no nos quede nada por fuera en esta recopilación, Incluimos a última hora el enlace a un artículo que me llega vía Evelyn Guzmán del artículo publicado en el diario La Vanguardia (España) "Grupos armados en busca de oro amenazan la vida indígena del Amazonas" firmado por Melissa Silva Franco que pueden conseguir en este enlace. Gracias Evelyn.

P.S 2. Uno más y sumando. Escrito por María Laura Chang para Efecto Cocuyo "Más de 10 mil años se necesitan para recuperar devastación minera en Guayana" Puede ser revisado en este enlace.
 (que ingratitud de mi parte que aunque me entrevistó y no la incluí en la primera recopilación, mis disculpas)



miércoles, 18 de febrero de 2015

Godzilla, la cuaresma y el ambiente (noticias luego de la muerte del Minamb)








Cuarenta días no es un tiempo para nada largo, pero en ese tiempo muchas cosas pueden aparecer y mostrar los verdaderos rostros de las máscaras con que festejamos el carnaval previo al  tiempo de cuaresma.

El 31 de diciembre pasado desapareció el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) y sus funciones fueron asumidas por el nuevo Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, que a su vez incorpora las funciones del antiguo Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat.

Cuando la decisión fue anunciada el año pasado diversos funcionarios y ambientalistas cercanos al gobierno declararon que ahora, bajo una ética ecosocialista, la gestión ambiental del país, finalmente, estaría orientada hacia la protección de nuestro patrimonio ambiental y la eliminación de los oscuros intereses económicos y políticos que han llevado al deterioro acelerado de nuestro ambiente y la explotación depredadora de nuestra riqueza ambiental.

Han pasado sólo un poco más cuarenta días desde que tenemos nuevo ministerio. En este tiempo las señales que están comenzando a aparecer son alarmantes. Da la impresión que está en marcha una renovada ofensiva dirigida a establecer una política de explotación masiva de nuestros recursos naturales en el mejor estilo del extractivismo depredador de períodos que creíamos superados de la historia de Venezuela. Parece que iniciamos unos nuevos "años del bulldozer", como Ocarina Castillo bautizó el período de la dictadura perezjimenista. Quizás para mucha más gente represente un monstruo destructor, quizás a algo parecido a Godzilla.

Como muestra de esta situación veamos algunos de las informaciones recientes aparecidas en los medios de comunicación nacionales:

El 2 de febrero pasado el diario regional falconiano “Primera Noticia” informó que los miembros de la comunidad de San José de Cocodite, localizada en la Península de Paraguaná se oponen a las intenciones de funcionarios militares de la aviación con apoyo del gobierno chino de instalar un radar en la zona de Montecano. (Ver noticia en este enlace)

La zona de Montecano en la Península de Paraguaná en el Estado Falcón es de extraordinaria diversidad biológica y ha sido considerada por investigadores, grupos ambientalistas, su comunidad y otras organizaciones y personas como un tesoro viviente que debería ser preservado por su valor ecológico, turístico y educativo. A pesar de ello, desde hace años se conoce de la existencia de diversos proyectos de explotación minera y desarrollo petroquímico cuyo efecto final sería la destrucción de esta importante zona. Hasta este momento no se han concretado estos proyectos por la firme resistencia de la comunidad que se han negado a dejarse comprar por nuevos “espejitos” del desarrollismo depredador.

El 8 de febrero el periódico El Universal nos presentó un importante trabajo de investigación donde se denuncia la presencia de grupos armados irregulares en el Estado Bolívar. A estos grupos se les atribuye estar dedicados a la extracción del coltán. Este mineral de alto valor económico por su uso en la fabricación de componentes tecnológicos, ha atraído muchos intereses, tanto legítimos como ilegítimos. En este caso estos grupos no solo ejercen ilegalmente la minería en el país, sino que hacen tomas de fincas y amenazan a los pobladores y empleados de las fincas obligando a los mismos a abandonar sus tierras (Ver noticia en este enlace

Esta situación es parte de la muy difícil situación ambiental y social presente en la Guayana venezolana donde la delincuencia organizada, grupos irregulares, mineros ilegales y, otros sectores, participan en una especie de acción de “tierra arrasada” para apropiarse de los recursos mineros del país, desplazando y afectando comunidades indígenas y criollas, destruyendo y contaminando ecosistemas y generando graves violaciones a los derechos humanos de los pobladores.

Con mucho menos impacto en los grandes medios de comunicación nacionales, el pasado 10 de febrero el Ejecutivo Nacional autorizó la explotación de carbón en un lote de tierras localizadas en la Sierra de Perijá, específicamente en la Zona Protectora del Embalse del Guasare, con una superficie cercana a las 24 mil hectáreas. (Ver la noticia en este enlace)

Este caso, y según una información difundida a través de redes ambientales y sociales, la organización “Homo et Natura” ha determinado que “desde 1987 se han explotado en la cuenca del Guasare 1.763 hectáreas para extraer carbón. La nueva extensión para extracción sería 13 veces más territorio que lo explotado en casi 30 años. Si eso ocurre estaría gravemente amenazada el agua de Maracaibo” (Puede revisarse la gaceta oficial en el enlace)

 Simultáneamente a estas noticias, de la nueva mentalidad de “Bulldozer” o "Godzilla" que impera en ciertos niveles de gobierno, otras nos muestra el deterioro del ambiente y la calidad de vida de las personas en las ciudades

Así, según una noticia reciente, en zonas de Caracas los habitantes pueden pasar hasta 45 días sin recibir agua, contradiciendo los avances publicitados por el Gobierno Nacional en relación con las Metas del Milenio, específicamente con respecto al acceso al agua potable.

Por otra parte, aunque no es novedad, parece haber una escalada en el uso de temas ambientales como armas políticas para intentar destruir la gestión de “adversarios”. Esto sin que medie ninguna consideración ética sobre el daño que generan estas acciones sobre la población, en particular la de menores recursos. Esta situación aparece otra vez con la reciente destrucción de camiones compactadores de desechos urbanospertenecientes a la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda. 

Otros casos como la destrucción del cerro La Trinidad patrimonio ambiental y cultural del Municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua no ha tenido cabida en ningún medio ¿Cuántos más estarán ocultos en este momento?

Mientras tanto desde el resto del mundo nos llegan noticias como estas: Las energías alternativas avanzan cada vez más a cubrir una mayor proporción de la demanda de las naciones; En algunos países gobiernos y organizaciones se aprestan a trabajar juntos enfrentar las complejas negociaciones para llegar a acuerdos en la próxima reunión sobre cambio climático en París; Algunos países de América Latina avanzan a través del  diálogo democrático hacia enfoques de minería responsable; Algunos países trabajan para coordinar los esfuerzos de toda la sociedad en búsqueda de ciudades sustentables; El gobierno colombiano acaba de lanzar la propuesta de un corredor ecológico que conectaría los Andes, la Amazonía y la costa Atlántica de Suramérica (Sólo por dar unos pocos ejemplos) 

Mientras tanto no hay la menor información de que exista vida dentro del nuevo Viceministerio de Ecosocialismo Ambiental.

La cuaresma se inicia en conmemoración de la pasión y muerte de Jesús ¿En este caso habrá resurrección?

Yo creo que siempre la habrá, es parte de los ciclos de la naturaleza, a la muerte sigue un renacimiento, una primavera, una pascua. Pero a diferencia de la naturaleza, en asuntos humanos, el renacimiento no ocurre en tiempos cíclicos naturales, sino en tiempos de la decisión y acción humana. Habrá un nuevo reverdecer ambiental en Venezuela cuando dejemos de creer en Godzillas y en huevos de Pascua ni soluciones mágicas y comencemos todos juntos a crear el país de la diversidad productiva y responsable.