El martes 2 de septiembre del presente año, será recordado como un momento de quiebre en la política ambiental de Venezuela. En medio de las expectativas del discurso prometido por el Presidente Maduro que sacudiría los cimientos de la Revolución Bolivariana, los ambientalistas (chavistas y no chavistas) quedaron estupefactos frente al anuncio de la desaparición del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MinPPAmb), siendo fusionado, nada más ni nada menos, que con el Ministerio de Vivienda y Hábitat; para remate de colmos, le diseñaron un nombre sugestivo e insultante para todo aquel que ha creído y trabajado por la conservación y protección de los recursos naturales venezolanos: Ministerio de la Vivienda, el hábitat y Ecosocialismo. Nadie puede explicar con una lógica mínima, cómo se llegó a la conclusión en el Gabinete de Maduro, que la actividad de intervención de tierras con fines urbanísticos era compatible con las actividades de conservación y preservación de los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes naturales; algo que en cualquier parte del Mundo genera conflictos de interés, pero que por lo visto, Maduro y su Gabinete no ven ni entienden.
Creado en 1976, el Ministerio del Ambiente Venezolano fue el primer ministerio de esta índole de toda América y el segundo en el Mundo, después del Ministerio del Ambiente francés. Su creación tuvo un gran impacto político en América Latina y en él trabajaron equipos multidisciplinarios de venezolanos y extranjeros, que ayudaron a desarrollar una serie de ideas novedosas sobre la planificación y la gestión ambiental, la ordenación del territorio y la conservación de los recursos naturales, ecosistemas y paisajes. Ello permitió la formación de varias generaciones de profesionales que se destacaron en su trabajo ministerial, lo cual les brindó la oportunidad de pasar al ámbito académico y continuar como docentes-investigadores en universidades venezolanas y del extranjero. Aun cuando la política ambiental venezolana siempre luchó por sus posiciones con otras políticas públicas a lo largo de diferentes gobiernos, el Ministerio del Ambiente siempre se destacó por su especialización técnica en áreas como, planificación y ordenación territorial, manejo de cuencas, canalizaciones, construcción de presas y embalses, así como la gestión de áreas protegidas y otros campos de la política ambiental que fueron desarrollándose con el pasar del tiempo. Entre los diferentes logros que pueden atribuírsele destacan de sobremanera: 1) el desarrollo de una amplia legislación ambiental que va desde leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas técnicas, planes de ordenamiento y reglamentos de uso, etc.; 2) la ejecución del primer proyecto nacional de compilación de información ambiental e indicadores territoriales, denominados Sistemas Ambientales Venezolanos - 79; 3) la creación de una compleja red de áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE) que incluyen a la áreas de protección ambiental, sitios de protección por riesgo de inundación, áreas para desarrollo integral agrícola, sitios de seguridad y defensa, áreas para protección de infraestructura, áreas para puertos de aguas profundas y otras formas de usos especiales; y 4) una red de represas y embalses a lo largo y ancho del país que en su momento fue una de las más completas de Latinoamérica. Todo ello elevó el prestigio del país a nivel internacional, como una de las Naciones con mayores avances en materia ambiental, aun cuando su base económica seguía siendo la explotación petrolera, actividad altamente dañina al ambiente.
Contradictoriamente, detrás de estos logros subyacen fuertes debilidades, que terminarían por resquebrajar la planificación y gestión que el Ministerio desarrolló; en primer lugar el modelo económico rentista que permeó al gobierno y a la sociedad venezolana, y que permitió al país vivir una “ilusión de armonía”, desvaneciéndose en la medida que dicho modelo fue haciendo aguas y perdió su fuerza socio política. Así por ejemplo, el costo de la gasolina, el cual es tan irrisorio y artificial, que hace imposible desarrollar proyectos de energía alternativa que compitan económicamente con los combustibles fósiles; ello trajo como consecuencia que el MinPPAmb no haya podido controlar los altos niveles de consumo de combustible y contaminación, siendo el país de América con la mayor producción de CO2 (6,5 Tm/per cápita/año) y de mayor consumo energético (2.669 Kg. Eq. Oil/per cápita/año). De esta forma, la política ambiental pierde ante la política del estímulo al consumo barato de gasolina. Un segundo factor de debilidad, es que las políticas ambientales no nacieron de las necesidades sentidas por la población venezolana, ni por la toma de conciencia de la gente que identificó algunos de sus conflictos cotidianos como problemas ambientales. Dichas políticas nacen de la inquietud de quienes ejercían el poder, que influenciados por las ideas internacionales y por la magnitud de la renta petrolera manejada por el Estado, estimuló formas sofisticadas de repartición de la renta a través de políticas ambientales. Ello hizo que las grandes mayorías no se identificaran con la necesidad de la protección y conservación ambiental, interpretando que dichas políticas impiden la explotación de recursos, restringen el trabajo y su desarrollo. La gente no logra identificar los beneficios tangibles e intangibles de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
De esta forma, el Ministerio logra desarrollar una amplia legislación ambiental, pero la misma es altamente costosa de aplicar y hacer cumplir; además, muchas normas no se adaptan a la gestión municipal. El proyecto de Sistemas Ambientales Venezolanos no continuó, quedando una serie de manuales que fueron envejeciendo en el tiempo y que no se han actualizado; además, su objetivo fundamental, era desarrollar el Plan Nacional de Ordenación Territorial, el cual se culminó 19 años después, cuando los entornos económicos, sociales y políticos habían cambiado a tal extremo que fue imposible su aplicación. Finalmente, la dimensión territorial del Sistema de ABRAE, con 390 áreas y más de 70 millones de hectáreas; así como sus disímiles objetivos de gestión, las hizo inmanejables. Esto debido a que nunca se desarrollaron las unidades administrativas especializadas para la gestión de los 25 tipos de ABRAES, lo que hubiese requerido un portafolio financiero por el orden del 1,7 al 6,7% del Presupuesto Nacional 2014, cantidad que no tiene ni siquiera el MinPPAmb. De esta forma, las políticas ambientales y su organismo ejecutor entraron, en los últimos años en un estado de crisis de relaciones y supervivencia, compitiendo con políticas económicas y sociales, que aportan mucho más votos electorales que la conservación ambiental, lo que terminó aislando al Ministerio, estrategia que utilizaron inteligentemente los grupos de inversión para el desarrollo, que generalmente son enemigos de las políticas ambientales. Otros indicadores de la debilidad institucional, son la elevada tasa de deforestación que sufren los bosques venezolanos, equivalente a 5.498,7 Km2 anuales, así como la destrucción y contaminación con mercurio que sufre el sur del país por la explotación del oro.
Ya en 1999 Chávez, entre sus acciones iniciales para reducir el tamaño del Estado, planteó eliminar al Ministerio del Ambiente, pero su Gabinete y asesores le recomendaron mantenerlo por la importancia que tenía en materia de los derechos humanos y relaciones internacionales; además, si en el proyecto de la nueva Constitución se planteaba colocar al ambiente con rango constitucional y al “Desarrollo Sustentable” como imagen objetivo del país, hubiese sido poco creíble la propuesta sin un órgano oficial encargado de desarrollar la política ambiental.
Durante la crisis del 2002 – 2004, las tensiones políticas, económicas y sociales, hicieron que las políticas ambientales pasaran a tener muy poca relevancia, pero el Ministerio manteniendo su carácter técnico ambiental, fue recuperando espacios políticos dentro del Gobierno y en la opinión pública, lo que le permitió desarrollar proyectos con dinero proveniente de organismos internacionales e ir adaptando sus acciones a los nuevos esquemas de políticas de planificación participativa, con lo que se desarrollaron una serie de estrategias dirigidas a la gente y sus problemas más directos. Pero en el 2005, las pugnas de los grupos de poder dentro del Gobierno llevaron al Ministerio a una radicalización ideológica interna, lo que condujo a cambios radicales en sus directivas, sacando definitivamente del juego político a las posiciones técnico ambientales e imponiéndose el discurso social. Así, la planificación y manejo de recursos quedó de lado, para desarrollar políticas inmediatistas como Misión Árbol, el programa de reconversión minera, los congresos de biodiversidad que terminaban en lineamientos políticos que nadie ejecutaba, se desmantelaron los equipos técnicos claves para hacer más laxa la permisería, se redujo el personal de campo, abandonando la vigilancia y control de las ABRAE del MinPPAmb; y las unidades asociados a contratos de infraestructura y mantenimiento, así como las de manejo forestal, pasaron a ser unidades con dudosos procedimientos ambientales.
Si bien entre el 2005 y 2010 el Ministerio redujo su capacidad de control ambiental, varios grupos continuaron trabajando en proyectos de planificación, tratando de no perder el norte de la institución, pero de estos proyectos, casi ninguno llegó a aprobarse y publicarse en Gaceta Oficial. Era una especie lineamiento no declarado, en el cual no debían salir nuevos planes de ordenamiento. A partir del 2011, la debilidad del Ministerio llegó a tal extremo, que incluso para evitar fracturas políticas dentro de PSUV, se negociaron cuotas de poder con el Frente Francisco de Miranda, por lo que se le entrega de forma incondicional al Instituto Nacional de Parques. Así, el otrora Ministerio de las grandes políticas ambientales y que se mantenía al día en los temas ambientales mundiales, dejó de existir hace algún tiempo, quedando un Ministerio agotado y vapuleado por la politiquería sin sentido, discursos vacíos de contenido técnico y que aun los pocos grupos de trabajo que se mantenían a favor de una política ambiental, se convirtieron en grupos incómodos de sobrellevar. De esta forma, el discurso de Maduro fue solo la estocada final de algo que se podía esperar.
Revisando el Decreto N° 1.213, G.O. N° 40.488 del 02/09/2014, donde se fusionan el MinPPAmb con el Min. Vivienda y Hábitat, pueden intuirse algunas de las modificaciones o supresiones. En el caso del Viceministerio de Planificación y Ordenación Ambiental, este podría pasar al Ministerio PP de Planificación, lo cual podría ser una oportunidad para desarrollar estrategias ambientales desde este despacho de alto peso específico. La Dirección General de Bosques, podría pasar al Ministerio PP de Agricultura y Tierras; el Viceministerio de Aguas queda acéfalo, ya que no hay un Ministerio de Obras Públicas o algo similar, la alternativa es que quede en Vivienda, pero las exigencias de este Viceministerio rebasan las capacidades de este último; la permisería ambiental debería pasar a la nueva autoridad única dirigida por Dante Rivas; y finalmente la Oficina Nacional de Diversidad Biológica tiene una alta probabilidad de desaparecer, ya que tampoco existe un Ministerio que se identifique con sus funciones. En este caso, la única alternativa sería una potencial reestructuración del Min. PP Agricultura y Tierra, creando una unidad de Recursos Natural, como la tuvo en décadas pasadas el antiguo Ministerio de Agricultura y Cría, algo que su actual ministro conoce muy bien.
Asumiendo una posición más optimista, la desaparición del MinPPAmb, podría convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de un nuevo esquema de políticas ambientales. Sin el organismo que legalmente ejercía un poder centralista y aprovechando ese vacío de poder, las gobernaciones y alcaldías podrían posesionarse de una política ambiental regional y local que no se ha desarrollado hasta ahora, cambiando el perfil de los lineamientos nacionales por esquemas de acción local que permitan vínculos directos entre los problemas cotidianos de la gente con el asunto ambiental. Así, las alcaldías deberían romper con el primitivo esquema de gestión de los desechos sólidos a través de empresas de servicio que monopolizan los megacontratos y generar un sistema participativo de clasificación de desechos sólidos. Podrían desarrollar sistemas de parques de recreación interconectados con corredores verdes que mejoren la calidad de vida en las zonas urbanas y estos a su vez, contener plantas de tratamiento de aguas servidas con filtros de plantas vivas integradas a las zonas verdes y donde cada urbanización asuma el mantenimiento de dichos sistemas de tratamiento. Generar asociaciones entre los gobiernos locales, empresas privadas y ONGs ambientalistas, para programas de educación ambiental y de desarrollo sostenible. Las gobernaciones tienen la oportunidad de desarrollar sus propios Planes de Ordenación y sus sistemas de áreas protegidas regionales en asociación con empresas privadas y grupos civiles de interés local. Estas son solo algunas ideas, pero deben haber muchos otros proyectos ambientales que las gobernaciones y alcaldías puedan desarrollar y que hasta ahora el omnipresente y todo poderoso MinPPAmb no dejaba hacer ni promovía. Convirtamos lo que parece la muerte de la política ambiental nacional, en el nacimiento de las políticas verdes de los gobiernos regionales. El camino está abierto y la gente está ávida de respuestas y nuevas alternativas.
