El Acuerdo de Escazú una necesidad para defender los derechos humanos ambientales en Venezuela

 

¿Has oído hablar del Acuerdo de Escazú aquí en Venezuela? ¿Sabes de qué se trata? ¿Sabes por qué en Venezuela el gobierno no habla de ese tratado internacional de derechos humanos?

Comencemos diciendo que hoy 22 de abril de 2021, en el contexto del Día de la Tierra, entrará en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

¿De qué trata ese Acuerdo?

Este tratado internacional de derechos humanos tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental. 

Adicionalmente, incluye disposiciones específicas para que los Estados protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental e incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia.

Para lograr estos objetivos el Acuerdo establece que los Estados deberán implementar medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.

¿Y Venezuela?

El proceso de desarrollar este Acuerdo fue bastante largo. El mismo se inició en el año 2012 en el contexto de la Cumbre de Río +20. En la misma, un grupo de países de América Latina y el Caribe suscribieron a la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Principio 10 forma parte de la Declaración de Río y establece que el desarrollo sostenible es mucho más factible si los ciudadanos tienen acceso a información, a mecanismos de participación y a procesos judiciales adecuados en temas ambientales que les afectan.

Ya desde ese momento el gobierno de Venezuela decidió no participar en ese proceso. Hasta este momento no existe información sobre las razones específicas para ello. Cuando consultamos en una ocasión a una funcionaria de alto nivel del Ministerio de Ecosocialismo, su respuesta fue: “Esa es una decisión política”.

A partir de ese momento los países que formaron parte de ese proceso iniciaron un largo y difícil proceso de negociación. Muchos países tenían dudas sobre cómo ese tratado podía afectar intereses económicos de los gobiernos. A la vez que podían ser señalados como violadores de derechos humanos debido a los asesinatos y persecuciones que sufren los defensores y defensoras de derechos ambientales  en la región.

El proceso logró avanzar debido al esfuerzo de un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, que con el apoyo de organizaciones internacionales lograron crear la presión política suficiente como para avanzar hasta que se logró un acuerdo definitivo. 

En marzo de 2018 en la localidad de Escazú en Costa Rica finalmente se logró consensuar un texto definitivo. En ese momento firmaron 24 países de América Latina y el Caribe. 

Este logro estuvo a punto de perderse, ya que varios de los países firmantes decidieron no ratificar ese instrumento. En otros países, los pesados laberintos de las burocracias Estatales y las difíciles negociaciones políticas hicieron muy lento el proceso de ratificación. 

A pesar de ello, con el trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil se logró alcanzar la meta de que al menos doce países lo ratificaran, número suficiente como para que el instrumento pudiera entrar en vigencia.

En este momento, los países que lo han ratificado son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Quizás sea innecesario decir que el gobierno venezolano no sólo no participó en este proceso, sino que ignoró todo llamado a que participara en el mismo.

¿Cómo nos afecta que Venezuela no forme parte de ese Acuerdo?

Los informes de las organizaciones que en Venezuela defienden el derecho de toda persona de buscar y recibir información en poder del gobierno establecen que en Venezuela la censura y la opacidad informativa son políticas de Estado.

En tal sentido, los venezolanos caminamos a ciegas en relación con una cantidad de situaciones ambientales en las cuales no tenemos ninguna información. Muchas de ellas fundamentales para el desarrollo social y económico del país, incluso para la salud de la población. 

En el país desconocemos totalmente temas como la disponibilidad y calidad del agua en cada localidad del país, los niveles de contaminación del aire, las previsiones sobre los cambios en los patrones meteorológicos, los procesos de ordenación territorial, las políticas para la conservación de la biodiversidad, las estrategias para prevenir los efectos del cambio climático, etc.

Sin esa información es imposible lograr el desarrollo social y económico del país. Sin acceso a la participación los procesos de tomas de decisiones estas serán siempre arbitrarias y dependerán únicamente de la discrecionalidad de los funcionarios y las presiones de los intereses económicos. Quizás esta última es la verdadera razón detrás de la negativa del gobierno de Venezuela a asumir esas obligaciones.

Pero quitarnos esos derechos es condenarnos a la pobreza y el derecho a construir nuestro futuro.

Por eso, lograr que Escazú sea asumido por Venezuela y los venezolanos debe ser nuestra bandera.

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Si están interesados en tener acceso al documento del Acuerdo lo pueden conseguir en este enlace: 

Una carta desde la Amazonía: uno destruye lo que no entiende

IMAGEN: CARL DE SOUZA / AFP

Por la enorme importancia que representa la Amazonía y los pueblos que la habitan para todos los ciudadanos tanto de los países amazónicos como de todo el mundo se transcribe esta carta que envía la líder del pueblo waoran Nemonte Nenquino a los presidentes de los países amazónicos. 

Tomado del País de España, para ir a la fuente original  marque aquí. 

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 A los señores presidentes de los nueve países de la Amazonía y a todos los líderes mundiales que comparten la responsabilidad del saqueo de nuestra selva: 

Me llamo Nemonte Nenquimo. Soy una mujer waorani, una madre y una líder de mi pueblo y la Amazonía es mi casa. Les escribo esta carta porque los incendios siguen quemando nuestra selva. Porque las compañías están derramando petróleo en nuestros ríos. Porque los mineros están robando oro (como lo han estado haciendo durante los últimos 500 años) dejando atrás piscinas abiertas y toxinas. Porque los invasores y extractivistas de tierras están talando los bosques vírgenes para que su ganado pueda pastar, sus plantaciones puedan crecer y el hombre blanco pueda comer. Porque nuestros ancianos están muriendo de coronavirus y, mientras, ustedes planean sus próximos movimientos para explotar nuestras tierras y estimular una economía que nunca nos ha beneficiado. Porque, como pueblos indígenas, estamos luchando por proteger lo que amamos: nuestra forma de vida, nuestros ríos, los animales, nuestros bosques, la vida en la Tierra. Y es hora que nos escuchen.

En cada uno de los cientos de idiomas diferentes de la Amazonía, tenemos una palabra para ustedes, los extraños. En mi idioma, el WaoTededo, esa palabra es “cowori”. Y no tiene por qué ser un insulto pero ustedes la han convertido en eso. Para nosotros esa palabra (y, de una manera terrible, su sociedad), significa: El hombre blanco que sabe muy poco para el poder que ejerce y el daño que causa.

Probablemente no estén acostumbrados a que una mujer indígena les llame ignorantes y, menos aún, en un escenario como este. Pero los pueblos indígenas tenemos algo claro: cuanto menos sepas sobre algo, menos valor tiene para ti y es, por lo tanto, más fácil de destruir. Y por fácil, quiero decir: sin culpabilidad, sin remordimientos, sin sentirse estúpidos e, incluso, con todo derecho. Y esto es exactamente lo que nos están haciendo a nosotros como pueblos indígenas, a nuestros territorios de selva tropical, y también al clima de nuestro planeta. 

Nos llevó miles de años conocer el bosque de la Amazonía. Entender sus formas, sus secretos, aprender a sobrevivir y prosperar con ella. Pero mi pueblo, el waorani, solo les conoce a ustedes desde hace 70 años (fuimos “contactados” en los años 50 por los misioneros evangélicos americanos), pero aprendemos rápido y ustedes no son tan complejos como lo es la selva. 

Cuando ustedes dicen que las compañías petroleras tienen maravillosas y nuevas tecnologías que pueden extraer el petróleo de debajo de nuestras tierras como los colibríes chupan el néctar de una flor, sabemos que están mintiendo porque vivimos río abajo de los derrames. Cuando dicen que la Amazonía no se está quemando, no necesitamos de imágenes de satélites para probar que están equivocados: nos ahogamos con el humo de los frutales que nuestros antepasados sembraron hace siglos. Cuando ustedes dicen que están buscando urgentemente soluciones climáticas y sin embargo continúan construyendo una economía mundial basada en la extracción y la contaminación, sabemos que están mintiendo porque somos los más cercanos a la tierra, y los primeros en escuchar sus llantos. 

Nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad y convertirme en médica, o abogada, política o científica. Mis “pikenani” (autoridades tradicionales, ancianos sabios) son mis maestros. El bosque es mi maestro. Y he aprendido lo suficiente (y hablo mano a mano con mis hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo) como para saber que han perdido el rumbo, que tienen un problema (aunque todavía no lo entiendan del todo) y que su problema es una amenaza para toda forma de vida en la tierra.

Forzaron su civilización sobre la nuestra y miren ahora donde estamos: pandemia global, crisis climática, extinción de especies, y, guiándolo todo, una pobreza espiritual generalizada. En todos estos años han estado sacando, sacando, y sacando de nuestras tierras y no han tenido el coraje, o la curiosidad, o el respeto suficiente para conocernos. Para entender cómo vemos, y pensamos, y sentimos, y lo que sabemos sobre la vida en esta tierra. Tampoco puedo enseñárselo ahora con esta carta. Pero lo que sí puedo contarles tiene que ver con miles y miles de años de amor por este bosque, por este lugar. Amor en el sentido más profundo de la palabra: respeto. Este bosque nos ha enseñado a caminar ligeramente, y porque le hemos escuchado, porque hemos aprendido de él y le hemos defendido, nos lo ha dado todo: agua, aire limpio, alimento, medicinas, felicidad, espiritualidad. Y ustedes están quitándonos todo esto, pero no sólo a nosotros, sino a todas las gentes del planeta y a las generaciones futuras. 

Es de madrugada en la Amazonía, justo antes del amanecer: un momento que, para nosotros, está destinado a compartir nuestros sueños y nuestros pensamientos más profundos. Así que aprovecho para decirles a todos ustedes: “La Tierra no espera que la salven, espera que la respeten. Y nosotros, como pueblos indígenas, esperamos lo mismo”. 

Nemonte Nenquimo es cofundadora de la organización sin fines de lucro dirigida por los indígenas Ceibo Alliance, la primera presidenta de la organización waorani de la provincia de Pastaza (Ecuador). La revista Time la eligió como una de las 100 personas más influyentes de 2020.

Posición de las redes climáticas de América Latina ante la pandemia de COVID-19

Tomado de: https://latinclima.org/

Compartimos este pronunciamiento de las redes climáticas de América Latina el cual apoyamos y subscribimos en su totalidad.

Ante la pandemia del COVID-19 y la crisis climática

Frente la emergencia que vive actualmente el mundo por la pandemia del COVID-19, que también afecta a nuestra región de América Latina y el Caribe, y tomando en cuenta la necesidad urgente de seguir actuando frente a la crisis climática, el Clik Hub, un Centro de Conocimiento Climático integrado por 19 redes de acción climática, manifiesta lo siguiente:

La relación entre cambio climático y aumento de enfermedades transmitidas entre animales y humanos es más evidente que nunca: la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el cambio en el uso de la tierra debido a la deforestación es el principal impulsor de la aparición de nuevas enfermedades en humanos. Y, según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),  casi el 75% de todas las enfermedades nuevas, emergentes o reemergentes que afectan a los humanos desde principios del siglo XXI son transmitidas de animales a seres humanos.

El cambio en la temperatura media global tiene, además, un efecto en las relaciones entre depredadores y presas, que históricamente han mantenido bajo control a las plagas portadoras de patógenos, como ratones, mosquitos y virus, por lo que estos están en más movimiento que nunca en la era del cambio climático.

Asimismo, existe evidencia de que la aglomeración urbana, la pobreza y el hacinamiento en viviendas precarias sin servicios de agua potable y saneamiento, así como la contaminación del aire en las ciudades - una consecuencia del uso de combustibles fósiles - hace que millones de personas en América Latina sean más vulnerables al COVID-19, ya que representan grupos de riesgo al no contar con las condiciones higiénicas adecuadas y tener sistemas respiratorios comprometidos.

La pandemia del COVID-19 ha dejado, entonces, más claro que nunca que la salud humana y la salud planetaria están íntimamente interconectadas. Si no actuamos frente al cambio climático, estamos atentando contra nosotros mismos en cuanto al número y la gravedad de las epidemias y pandemias. Si no fortalecemos nuestros sistemas de salud y mejoramos las condiciones para responder a ambas, estamos condenando a las personas a morir.

En condiciones de emergencia, la inequidad es consecuencia de no contar con economías resilientes e inclusivas y eso debe atenderse: pese a que los gobiernos están tomando distintas medidas para que la pandemia no se expanda de forma exponencial, se amplían las inequidades y brechas sociales preexistentes, dejando a la población más vulnerable aún más expuesta al contagio por su necesidad de obtener el sustento diario. Lo mismo sucede con los impactos del cambio climático. De ahí que tanto los gobiernos como la cooperación internacional deben priorizar el destino de los recursos financieros para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo.

La reconstrucción de las economías debe estar basada en principios de producción y consumo sostenibles: la prevención de enfermedades y la mitigación y adaptación al cambio climático deben ir de la mano. El sistema económico debe estar basado en principios de producción y consumo sostenible, así como valorar los servicios que brindan los ecosistemas. De esta crisis debe surgir un nuevo modelo que proteja la salud de las personas y el ambiente de forma justa y equitativa.

La acción local es clave para una transformación a gran escala: desde los gobiernos locales es necesario fortalecer la acción ante la emergencia para proteger tanto la salud pública como para enfrentar la crisis climática de una forma efectiva.

Debemos avanzar hacia una sociedad más y mejor informada: periodistas y comunicadores deben informar de una forma responsable sobre la pandemia del COVID-19 y la crisis climática, conscientes de su papel fundamental para que la ciudadanía cuente con las herramientas necesarias para la acción. Además, deben ser responsables de no generar un pánico inmovilizador o desidia sobre el problema, de recurrir a fuentes de información calificadas y contribuir a desmentir noticias falsas.

Es momento de fortalecer la cooperación transfronteriza: invitamos, asimismo, a los habitantes de nuestra región a empujar a nuestros líderes y gobiernos a fortalecer la cooperación transfronteriza mediante un trabajo integral, transdisciplinario y multi-actor/sector, ya que se hace crucial la necesidad de atender desafíos comunes una vez pasada la crisis.

La ciencia debe avanzar en establecer los vínculos entre salud y ambiente: es de vital importancia que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) pueda avanzar en establecer los mecanismos con que los impactos ambientales y climáticos determinan la salud de la población del planeta, con el fin de prevenirlos de la mejor manera.

Debemos atender la emergencia actual sin dejar de lado la visión a futuro: las organizaciones y plataformas que integramos el ClikHub advertimos que el cambio en las prioridades de los gobiernos, dada la actual coyuntura, puede derivar en la reducción de los esfuerzos por cumplir con la meta de 1.5°C como límite de aumento de la temperatura media global respecto de los niveles preindustriales. Por lo tanto, debemos vigilar las implicaciones futuras que tendrán las decisiones de los gobiernos para reactivar sus economías y salir de la recesión.

Mientras se atiende la crisis generada por el COVID-19, la agenda climática debe no solo seguir su curso sino también acelerarse y robustecerse. Por lo tanto, hacemos un llamado colectivo a no permitir que disminuyan los esfuerzos de implementación de acciones climáticas, de incremento en la ambición de los compromisos nacionales y de movilización de financiamiento nacional e internacional para atender este problema, que es de carácter global y afecta especialmente a los grupos más vulnerables.

Creemos que un nuevo paradigma de desarrollo es posible, un desarrollo basado en el cumplimiento de los derechos humanos, donde la salud, la educación, el trabajo y el acceso a los servicios básicos esté garantizado para todos y todas y en el que hagamos un uso sostenible de los recursos naturales respetando los límites de la naturaleza. El Clik Hub, como una red de redes de acción climática de la región de América Latina y el Caribe, se compromete a trabajar para lograrlo.

Suscriben el presente pronunciamiento:

CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, LatinClima, Salud sin Daño, CAN-LA, ICLEI América del Sur, CITE-FLACSO, GFLAC, Plataforma MiCiudad, AdaptChile,  y ConexiónCOP.

Para ir a la página donde fue tomado este pronunciamiento marque aquí

Venezuela bajo fuego

Imagen tomada de la cuenta de @meteovargas

En estos momentos de mediados de abril Venezuela está literalmente bajo fuego. Desde hace varias semanas en medios de comunicación y redes sociales se reportan una enorme cantidad de incendios de vegetación que están destruyendo áreas naturales, incrementando los riesgos de que se generen daños a personas y propiedades  y aumentando los problemas de salud de la población debido a las grandes cantidades de humo que están saturando la atmósfera.

Todas esas situaciones pueden afectar de manera muy grave los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la salud, a un nivel de vida digno y adecuado, así como a un ambiente sano, seguro y equilibrado.

En una imagen satelital recientemente publicada se puede ver el país atravesado por un enorme cinturón de fuego que cubre prácticamente todos los estados de la región central y oriental del país. Y esta imagen que es sólo una fotografía de la situación del país en la segunda semana del mes deja fuera los feroces incendios de vegetación que arrasaron zonas naturales en el estado Mérida, Táchira y Trujillo afectando incluso áreas supuestamente protegidas.

La magnitud de la situación hace que en proporción a su superficie el país debería tener un nivel de alerta y contingencia similar a la de Brasil el año pasado.

¿Cuál es la causa de estos incendios? 

Dejando por fuera las teorías conspiranoicas, los especialistas apuntan a dos causas que actúan simultáneamente.

La primera causa es natural. Los incendios están relacionados con la sequía meteorológica muy intensa, es decir que el nivel de las lluvias durante un período determinado resulta muy inferior a la media esperable la cual he ha afectado a todo el país en los últimos años y por lo tanto la vegetación se encuentra muy seca, por lo que fácilmente hace combustión y se expande el fuego.

La segunda es el abandono. Y en este caso abandono es el resumen de la pérdida de la capacidad del Estado para prevenir, implementar acciones de mitigación, prepararse, estar alerta y darle respuestas eficaces a los eventos que ocurran. Y más allá de ello, es el abandono de la obligación del Estado de proteger a la población contra este tipo de desastres.

 En este momento, la única acción que parece estar realizándose es el combate directo a los incendios por parte de reducidos grupos de bomberos forestales. Esos grupos de bomberos están luchando sin tener ni los equipos, logística, ni apoyo necesario para actuar eficazmente, exponiendo sus vidas en una batalla perdida de antemano, debido a la cantidad de focos de incendios y la extensión de los mismos.

Sólo piensen en que Protección Civil informó recientemente que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo atendió más de 50 incendios únicamente en la región capital el pasado domingo 12 de abril.

En este momento, cuando adicionalmente estamos bajo la emergencia de la pandemia del coronavirus y existe un fuerte desabastecimiento de combustible y agua, estos bomberos sin botas y uniformes remendados deberían ser considerados héroes nacionales.

¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación?

Las consecuencias serán múltiples: Las primeras serán relacionadas con daños a la salud humana. En particular la inhalación de humo puede afectar a personas con enfermedades respiratorias, mujeres embarazadas y niños recién nacidos. También puede destruir o dañar zonas de producción agrícola o pecuaria, destruir propiedades y generar accidentes viales.

Asimismo, los incendios descontrolados pueden afectar de manera directa a las personas al quedar atrapadas entre las llamas. A principio de año, en Cagua, en un incendio provocado en un cañaveral murieron 11 personas entre ellos 9 menores de edad.

A mediano plazo, los incendios destruyen la vegetación que retiene los suelos principalmente en las zonas de pendientes aumentando el riesgo de derrumbes y deslaves.

También destruye y empobrece la biodiversidad local. Quizás no veamos koalas o canguros calcinados como los que fueron captados el año pasado en los incendios que asolaron Australia, pero es muy probable que miles de animales y plantas fueron destruidos o desplazados en esta temporada de incendios.

Igualmente, el fuego destruye los bosques de las  cuencas captadoras de agua aumentando el desabastecimiento de ese líquido y contribuyen con la emisión de gases de efectos invernaderos que causan el cambio climático.

¿Y qué debería estar haciéndose para evitar estos desastres?

Según la información difundida por los medios de comunicación, Venezuela cuenta con un Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

La realidad parece mostrar que también ese plan se convirtió en cenizas y humo,

En todo caso, este plan debería incluir un estudio pormenorizado de las zonas de mayor riesgo de ocurrencia de incendios en el territorio nacional. Esto es más urgente cuando el propio INAMEH declara que el  64% del territorio venezolano tiene un  riesgo muy alto de incendios forestales. Por lo tanto es muy importante saber por dónde empezar y cuáles son los sitios más críticos.

Asimismo se necesita establecer obras para la contención o mitigación de incendios tales como cortafuegos, controlar la vegetación  herbácea que pueda inflamarse fácilmente, eliminar los botaderos de basuras y controlar, y donde sea posible eliminar, las quemas con fines agrícolas.

Igualmente, se necesita generar acciones de vigilancia permanente y contar con equipos de bomberos bien entrenados, con equipos, apoyo logístico adecuado para la realización de sus tareas, así como  sistemas de seguridad en casos de accidentes. También es necesario promover el apoyo de la sociedad civil donde sea necesario.

Pero más allá de esas estrategias clásicas de gestión de riesgos de desastres. El Estado venezolano debe generar políticas y acciones eficaces para evitar el uso de la leña para cocinar suministrando bombonas de gas a la población y en aquellos lugares donde ello no sea viable llevar gas educando a la población para el uso de fogones seguros.

También se debe impedir la invasión de áreas verdes, zonas naturales y en especial Áreas Bajo Régimen de Administración Especial. Asimismo hay que eliminar los vertederos de basuras existentes y controlar la práctica de la quema de desechos tanto domésticos como agrícolas y se debe perseguir y sancionar a toda persona que haga uso del fuego con fines ilegítimos.

Para que esto tenga real efectividad es necesario que el Estado abra vías efectivas para la participación de los ciudadanos en la protección ambiental, se eduque a la población y se genere una política integral de control de los delitos ambientales incluyendo la corrupción que promueve muchos de los delitos ambientales que están en la raíz de muchos de los incendios.

Es importante reiterar continuamente: en nuestro país todos los incendios de vegetación tienen en su origen la acción humana. En estas latitudes, la posibilidad de ocurrencia de incendios espontáneos de vegetación es muy remota.

En resumen, es necesario que de manera urgente el Estado y todos los ciudadanos tomemos acción sobre esta situación, sino el futuro de nuestro país y nuestros derechos como ciudadanos  se convertirán en cenizas.

El borde inexistente de la catástrofe ambiental venezolana

Leo una noticia donde alguien declara a un periódico que "Venezuela está al borde de una hecatombe ambiental".

Ese tipo de declaraciones más que denunciar y buscar soluciones para la terrible situación ambiental que vive actualmente el país, lo que hace es confundir a los lectores y muestra el poco conocimiento sobre el ambiente que tiene el que expresó esa opinión.

Las crisis ambientales son procesos que van escalando y generando consecuencias.

No existe un lugar o situación que esté "al borde" de algo, como si estuviéramos aún a salvo siempre y cuando no demos un paso demás.

Además esa afirmación desconoce la complejidad de los diferentes temas ambientales en los diversos territorios del país, con distintos procesos desarrollándose en paralelo e incidiendo los unos sobre los otros.

Por eso, debido a la crisis ambiental que sufre Venezuela ya muchas personas viven dentro de condiciones de catástrofe ambiental.

Piensen en personas que habitan en sitios que no tienen servicio de agua desde hace varios meses (en algunos casos muchos meses) o donde nunca se recogen los desechos sólidos.

Quizás no podemos entender del todo el nivel de daño de la falta de agua. Pero podemos tratar de comprender la magnitud del desastre en este testimonio de una habitante de una zona popular del estado Carabobo:

“Pocos saben lo que significa vivir casi dos semanas sin agua. Tu vida termina degradándose completamente. Cada aspecto. Es como retroceder y dejar de ser parte de la civilización”

O también los que viven en sitios donde el aire o el alimento está fuertemente contaminado de mercurio. Lugares con niveles de concentración de mercurio tan alto que está aumentando de manera alarmante el número de personas afectadas y de niños nacidos muertos o con graves deficiencias.

Otras personas habitan en zonas que han sufrido procesos de deforestación tan severos que los ríos se están secando o donde y ya no existen los bosques que actuaban como mecanismo de estabilización de los suelos y tienen cada vez un mayor riesgo de ser afectados por un derrumbe o deslave.

Muchos otros viven en zonas inundables o cuyos suelos se desertificaron. O donde fueron agotados los recursos de la biodiversidad de los cuales dependían para su alimentación o economía.

Del primer caso hablamos de cientos de miles de personas como las que fueron afectadas en las inundaciones al sur del país en el 2018. Y cuando hablamos de afectadas queremos decir que muchísimas personas perdieron sus viviendas, cosechas, animales y sus bienes personales. La enorme mayoría eran personas muy pobres. Luego de esa situación quedaron en una situación aún peor.

En el caso de desertificación ya pueblos completos fueron abandonados al perder toda fuente de agua y posibilidad de extraer alguna cosecha de sus suelos agotados.

Por su parte, miles de personas en el estado Sucre quedaron sin capacidad de mantenerse al ir desapareciendo los recursos pesqueros de los que dependían para vivir.

En todos esos casos ¿dónde está el borde? y si esa línea existiese, ya mucha gente la sobrepasó, y cayeron al precipicio. Otros van avanzando hacia cada vez peores condiciones de vida.

Por todo ello es necesario tener cuidado con las ideas simplistas (por no decir otra cosa) sobre temas complejos. Menos unas que hagan creer que "vamos por el mal camino" pero sí se rectifica aún hay tiempo para evitar los daños.

Esta crisis ambiental está afectando de manera muy grave a muchísimos venezolanos y representa una violación masiva de derechos humanos. Aún peor, se convertirá en un importante obstáculo para que el país logre recobrar un nivel mínimo de bienestar.

Además estas frases apocalípticas generan generalmente rechazo o resignación más que acción urgente que es lo que necesitamos.

Por ello debemos unirnos todos para resistir y luchar contra un sistema construido para que un grupo de bandas criminales destruyan el país y su Naturaleza sólo por codicia y perversión.

Más adelante, será necesario iniciar programas nacionales de restauración y educación ambiental que reconstruyan los equilibrios básicos de la Naturaleza y de nuestra relación con ella.

Sólo así podremos recobrar el país próspero y responsable que necesitamos y donde ya nadie hable, ni viva en situaciones borde.

Noticias ambientales que marcan el inicio del 2020

Tomado de indiatimes.com

Esas son algunas noticias ambientales globales a caballo entre el 2019 y el 2020 que marcarán nuestro futuro próximo. ¿Cómo nos afectan estas situaciones? ¿Cómo reaccionamos a ellas? ¿Cómo nos preparamos para los cambios?

Australia: La ola de calor y los enormes incendios parece que son el inicio de una época de catástrofes ambientales potenciadas por el cambio climático.

España: La presidenta de la Comunidad de Madrid declara que la contaminación atmosférica no ha matado a nadie (!). El pacto para la gobernabilidad entre el PSOE y Podemos incluye algunos temas ambientales prioritarios e ignora otros igualmente importantes. En Extremadura se está construyendo la mayor planta fotovoltaica de Europa.

México: La mala calidad del aire dispara las alarmas en el Valle de México.

Argentina: En Mendoza la sociedad civil logra que se derogue la ley que permitía el uso del cianuro en la minería.

Inglaterra: inviernos más suaves están haciendo que especies africanas lleguen a Inglaterra.

Caribe: Siete países del Caribe prohibieron los plásticos de un solo uso a partir de este año.

Indonesia: Más de 26 muertos y 30.000 personas afectadas por inundaciones en Yakarta. Se aceleran las políticas gubernamentales para movilizar los fondos necesarios para trasladar a esa ciudad, que se espera quede inundada en un plazo de 30 años.

Brasil: A un año de la presidencia de Bolsonaro se acelera la deforestación del Amazonas y el desmantelamiento de las instituciones de protección ambiental.

República Centroafricana: Este país ha sido afectado por las peores inundaciones en dos décadas, destruyendo más de 10,000 hogares y afectando a unas 100,000 personas en todo el país.

Venezuela: La escasez de agua ya es una condición normalizada para la mayoría de la población. Un Parque Nacional se convirtió en plataforma para un espectáculo de fuegos artificiales. La minería en el país se promueve de manera pornográfica. La leña ya es un artículo de comercio masivo. Por primera vez se incluye un personaje del mundo ambiental en una selección de personaje del año. Algunos sectores de oposición promueven cambios gatopardianos con políticas ambientales obsoletas o decorativas. La Iglesia católica venezolana presente en el Sínodo Amazónico aún no ha convertido su presencia en acción.

En resumen: El año se acelera entre crisis ambientales, catástrofes, mentiras, la acción ciudadana organizada y algunas pocas decisiones gubernamentales positivas.

En estas circunstancias los venezolanos seguimos afectados por la mayor crisis ambiental de nuestra historia como país.

Es hora de que sigamos el ejemplo de los mendocinos. Nos vemos en la acción por una Venezuela sustentable, responsable y éticamente comprometida con su Naturaleza.

¿Minería de oro en el estado Carabobo? Que se sabe hasta ahora

“Muchas canciones de enanos son variaciones sobre “oro, oro, oro”, pero todo radica en la inflexión.” 

Terry Pratchett “Soul Music”

El control de las actividades susceptibles de degradar el ambiente es uno de los procesos más importantes en la gestión ambiental de un país. Este proceso permite disminuir o evitar los daños al ambiente y el disfrute de los derechos ambientales de los ciudadanos.

Para lograr estos fines es necesario realizar acciones dirigidas a la prevención, vigilancia, examen, control, fiscalización, sanción y represión de las acciones u omisiones que directa o indirectamente sean susceptibles de degradar el ambiente y los recursos naturales renovables, tal como lo expresa el Reglamento de Guardería Ambiental de 1990 (las negrillas son mías)

Estas ideas parecen ser el contexto conceptual y legal detrás de un suceso ocurrido el 1ro de febrero pasado. En esa fecha se realizó una operación de represión sobre grupos de personas que estaban realizando labores de minería ilegal en el estado Carabobo y Cojedes.

Vamos a hacer un recuento de lo que hasta este momento se sabe sobre esta situación y las preguntas que aún quedan por responder.


El suceso

Según una nota de prensa emanada del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (MINEA), el pasado 1º de febrero se realizó la “Operación Relámpago Dorado 2018” en los estados Carabobo y Cojedes. Mediante la misma fueron desalojados un grupo de personas que de manera ilegal realizaban labores de explotación de oro en los sectores Chirgua, El Torito, La Lagunita del municipio Libertador de Carabobo y Tinaquillo en Cojedes. (Las negrillas son mías)

No hay manera sencilla de parafrasear las características y magnitud de esa operación, así que lo mejor es copiar directamente las declaraciones del  Almirante Giuseppe Alessandrello, Comandante de la REDI Central recogidas en la nota antes mencionada:  “durante esta operación participaron 932 combatientes pertenecientes a la Infantería de Marina, Ejército Bolivariano, Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana con 4 unidades de ala rotatoria, con el apoyo de los organismos de seguridad del estado como SEBIN, CICPC, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía de Carabobo y personal de los Ministerios del Poder Popular para Minería Ecológica y Ecosocialismo y Aguas”. (!!!)



El objetivo de la operación

El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Coronel (Aviación) Ramón Velásquez Araguayán, indicó que  “con esta acción que estamos ejecutando estamos evitando que los daños ambientales, producto de esta actividad ilegal, se reflejen en la sedimentación y colmatación de los embalses y que afectan la producción de agua potable”. Asimismo, explicó que las personas realizaban la actividad minera en áreas que corresponden a la Cuenca del Pao, que surte de agua los principales embalses de Carabobo y Cojedes, desde donde se surten de agua más de cuatro millones de habitantes del centro del país.

Pero por otra parte, el Comandante de la REDI Central Almirante Giussepe Alessandrello declaró que el objetivo de la operación era: “reubicar, controlar y censar” a aquellos que ejecutan labores de minería ilegal en los estados Carabobo y Cojedes. (Las negrillas son mías)


Resultados de la operación

Según el reporte de prensa, la acción tuvo como resultado: la “detención de aproximadamente 3 mil ciudadanos, de los cuales hay 80 indocumentados, tres extranjeros, 54 menores de edad, 155 féminas entre ellas 3 embarazadas, así como la incautación de 6 armas de fuego y 3 mil 400 herramientas e implementos para la utilización en la extracción de minerales metálicos en el lugar” (!!!)

La cifra de detenidos previamente indicada parece no ser precisa, ya que por su parte el Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, expresó que durante la operación se detuvieron aproximadamente 1.100 personas, de las cuales se encontraron más de 500 indocumentados.

Hasta el momento nadie ha explicado esta discrepancia de casi 2000 personas, ni ha dado un número definitivo de ¿desalojados, detenidos, reubicados?

Igualmente, el Comandante de la REDI Central declaró que había conseguido “un centro de acopio que fue retirado del área”. No es para nada claro a qué se refería este funcionario militar con esta información (¿un centro de acopio de minerales extraídos?).

Asimismo, con respecto a las “detenciones”, el ministro del MINEA declaró que “durante esta operación fueron garantizados todos los derechos humanos de las personas que ilegalmente estaban ejecutando esta actividad de minería”.


Evaluación de los daños ambientales existentes en la zona

Hasta el momento, parece no haber ninguna evaluación formal sobre los daños ambientales que se hubiesen producido en la zona a consecuencia de la actividad minera. A pesar de ello, las fotos publicadas junto a la  nota de prensa emanada del MINEA parecen mostrar graves daños en las riberas de los ríos de la zona similares a las observadas en otras explotaciones ilegales de oro al sur de Venezuela.

Foto: Prensa MINEA

En este sentido, el ministro del MINEA informó que: “Entre las acciones que ejecutarán el Minea y el Ministerio del Poder Popular para Minería Ecológica está la evaluación ambiental y establecer los mecanismos para resarcir los daños en concordancia con el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria”.

Asimismo, según las autoridades militares que participaron en la operación no fue detectado presencia de mercurio en la zona.


Esta información parece contraponerse a reportes previos de actividades mineras que se estaban realizando en la zona. Una de ellas relata: “Hoy en día se pueden ver cientos de personas en Tocuyito, en todas sus riveras, excavando arena, echando químicos inventados por ellos mismos, mezclas extrañas producto de su ingenio.” (Las negrillas son mías). Otro de los denunciantes asegura que: La práctica de la minería tiende irremediablemente a depredar al medioambiente, el río “El Torito” está sufriendo cambios de curso, la contaminación por productos químicos y otros desechos…” (Las negrillas son mías).


Un poco de contexto

Para intentar entender la situación detrás de esta noticia quizás vale la pena revisar algunos aspectos que le dan contexto a la misma:

a. ¿Oro al norte de Venezuela?
Cuando fue conocida esta información muchas personas manifestaron sorpresa por la existencia de explotaciones de oro en la región norte central del país.

Con respecto a esta situación, desde el período de la Conquista española de este territorio existen referencias a minas de oro en la zona. En una crónica de la época se indica que las que las minas de la quebrada de Barreda y el río Chirgua “son muchas y son muy buenas” (La Minería en Nueva Granada 1500-1810, pg. 85)

Otro documento narra que: “Juan de Villegas (un conquistador y colonizador español del siglo XVI) descubrió en Chirgua una mina de oro y empezó a explotarla después de tomar posesión del valle, que pasado el tiempo sería de sus descendientes”

Los rendimientos de estas minas fueron escasos y posteriormente fueron abandonadas y no hay información posterior sobre nuevas actividades mineras hasta fechas recientes. Una posible razón del poco interés en el oro existente en la zona fue posiblemente los bajos tenores de oro, estimados en menos de 2 g/Tn. Por lo cual, según información suministrada por el Ing. Luís Jiménez, la extracción del oro haría necesario remover grandes cantidades de suelo y rocas y posteriormente usar mercurio en una proporción superior 5:1.

Posiblemente la explotación de este oro se hizo rentable recientemente debido a los precios actuales del oro en Venezuela, el cual según algunas fuentes oscila entre 7,6 millones y Bs. 8,1 millones el gramo.

b. ¿Las denuncias sobre esta situación son nuevas?
Por lo visto el único organismo que aparentemente desconocía la situación era el MINEA, ya que desde al menos dos años existe información en prensa sobre los graves daños ambientales y a la producción agrícola local producida por la minería ilegal en la zona donde se produjo la operación reciente. Es necesario aclarar que el territorio afectado por esta actividad está situado en un sector  relativamente cercana a la ciudad de Valencia y adyacente al Campo Carabobo, por lo que no es precisamente en una zona inaccesible y lejana de la sede central del MINEA.

Zona aproximada afectada por la minería. Mapa base de Google Maps

Por otra parte, los reportes indican que la misma estaba ocurriendo en una extensa superficie comprendida entre las poblaciones de Chirgua, Lagunita y Tocuyito.

En un artículo de opinión publicado en el Portal Aporrea en octubre de 2017, se describe el crecimiento de la actividad a partir del hallazgo de “pepitas de oro” por parte de un tractorista, hecho que el autor remite a aproximadamente a algo más de dos años atrás.

Según el mismo texto este suceso produjo una especie de “fiebre de oro”, con la consiguiente llegada de cientos de personas impulsadas por las  precarias condiciones de la población producto de la actual crisis económica. Asimismo, denuncia que las zonas explotadas progresivamente pasaron a estar bajo el control de mafias y se aventura a señalar  a funcionarios policiales y a “pranes” de la cercana cárcel de Tocuyito como involucrados en estas actividades.

En otro artículo publicado igualmente en ese mismo año, el autor afirma que existe una red de corrupción y un muro de silencio creado alrededor de las actividades mineras que se estaban realizando en la zona.

Por otra parte, existen reportes de que en enero de 2017 la Guardia Nacional Bolivariana detuvo a varias personas que se dedicaban a la extracción de oro en la zona. Asimismo, posteriormente, en octubre de 2017 la policía municipal detuvo a 235 personas en Tocuyito (municipio Libertador) imputándoseles el delito de extracción de material aurífero. Incluso existe una noticia sobre la muerte de un minero en un accidente en una de las minas.

Más recientemente, el diputado a la Asamblea Nacional Leandro Domínguez denunció que esa actividad ilegal venía ocurriendo desde hace tres años y reiteró las acusaciones de complicidad por parte de diversas autoridades.


Que no se sabe hasta esta fecha

A pesar de que existe alguna información al respecto de este suceso, quedan algunas lagunas de información. Situación que se incremente por la falta de cobertura informativa desde el lugar de los hechos.

Algunas de las mismas son:

1. ¿Por qué el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas no había actuado hasta el pasado 1º de febrero, aun cuando existía ya información previa sobre la presencia de minería ilegal en la zona y ya se habían producido actuaciones policiales?
2. Uno de los funcionarios militares habla de un “centro de acopio” que fue “retirado” ¿Qué contenía el mismo?
3. ¿Se justificaba una operación militar tan aparatosa, con participación directa o indirecta de militares de muy alto rango y en apariencia hiperbólica para "reubicar, controlar y censar” a unos mineros ilegales que parecían contar con escaso armamento y estar formados por incluso menores de edad y mujeres embarazadas? ¿Es la “reubicación” la sanción establecida en el caso de delitos ambientales tal como parecen haber ocurrido?  
4. ¿Cuál fue el número final de personas  aparentemente detenidas durante el operativo? ¿Cuál es su situación actual? ¿Se les ha imputado algún delito? ¿Las mismas siguen detenidas o fueron “reubicadas”? Si lo fueron ¿a dónde las llevaron y en calidad de qué? Además de simples mineros (es decir gente pobre desesperada) ¿fueron capturados o detectados algunas otras personas que según las denuncias previas fuesen delincuentes o funcionarios que controlaban la zona? 
5. En alguna de las noticias se afirma que a los detenidos se “les respetó sus derechos humanos”. Además de lo particular de que sea necesaria esa aclaratoria, en ninguna de las noticias consultadas se habla de la presencia de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación o de la Defensoría del Pueblo órganos que por sus funciones son (o deberían ser) garantes de los derechos de los ciudadanos ¿Estuvieron presentes o actuaron en otro momento posterior a la operación?
6. Aunque se afirma que no se consiguió mercurio en la zona ¿Es creíble que no hubiese en ese lugar, o algún otro, el mercurio necesario para la refinación del oro extraído de las minas? Si no estaba en la zona ¿Dónde refinaban el oro y en qué condiciones? En el caso de que se encuentre este metal ¿Cuál era su procedencia? Si lo había ¿por qué se oculta esta información?
7. ¿La acción realizada llevará a una verdadera protección de las cuencas locales o a una simple interrupción temporal en la actividad minera local como ya había sucedido?
8. Dado lo “rimbombante” y aparentemente efectiva operación militar realizada ¿Por qué no se han usado operaciones similares similares para el control de la delincuencia organizada que padece toda la región? O, aún más, para el control de la minería ilegal al sur del Orinoco y en particular dentro de los Parques Nacionales y otras áreas protegidas ¿O el sur no existe para el MINEA? O al revés ¿EL MINEA no existe al sur del Orinoco?

¿Alguien contestará estas preguntas?

¿Todos seremos mineros?

Recientemente vi imágenes de importantes grupos de personas que hacen “actividad minera” dentro del río Guaire, en la propia ciudad de Caracas. Las entrevistas realizadas a los “mineros” indican que por lo visto es una actividad que logra cierto nivel de ganancias que hace rentable meterse en las contaminadas aguas de ese río.

Foto: El Siglo

Luego de ello y de lo ocurrido en Carabobo, me quedó claro que a medida que la crisis avance la minería cubrirá todos los espacios y terminaremos todos siendo mineros ¿Esta será la intención?

Frente a esas realidades y las oscuras acciones e intenciones de las autoridades, el futuro es aún más difícil de ver.

Definitivamente el oro es un espejo que deforma la realidad de todos los que se miran en el.

Justicia ambiental hiperbólica

Imagen del fondo tomada de La Radio del Sur

El gobierno de Venezuela puede ser definido como hiperbólico. Esa figura retórica de exagerar, a veces hasta el absurdo, las características de algún objeto, situación o persona con el fin de resaltarlo o magnificar su trascendencia. Pero no lo hace por razones literarias, sino que es un intento de generar realidades ficticias que escondan la realidad y esconder situaciones que no desean que sean objeto de escrutinio por los ciudadanos del país.

La hipérbole gubernamental toca todos los temas incluyendo los ambientales. Aún recordamos, el “logro” del 96% de acceso al agua potable en el país y los “avances” y “propuestas ambiciosas” en materia de lucha contra el cambio climático tal como fueron proclamados por la delegación venezolana durante la Cumbre del Clima en París en el 2015.

Pero en este momento pareciera que queremos alcanzar records dignos de un Premio Guinness.

Recientemente, en entrevista a “La Radio del Sur”, la presidenta de la Misión Socialista Árbol, Osly Hernández realizó declaraciones que retoman un guión ya representado durante de las manifestaciones estudiantiles del año 2014, reciclado recientemente por medios oficialistas y que son una excelente muestra de hipérbole ambiental.

En las mismas, esta funcionaria anunció que el gobierno de Venezuela está preparando un informe sobre los daños causados al ecosistema  durante las manifestaciones violentas perpetradas por sectores extremistas de la oposición desde el pasado mes de abril, el cual será representado ante la Organización de las Naciones Unidas (las negrillas son mías)

Asimismo, advirtió que: “Vamos a denunciar los crímenes que se dieron no solo contra los árboles, sino contra lugares de producción de agua potable e hidrológica que ponían en riesgo la vida del ser humano e incluso se registró el robo de una cepa de bacterias en Aragua”. Además, aseveró “que el problema en el país fue que sectores fascistas acabaron con elementos de vida para usarlos como instrumentos de guerras… ”.

Causa indignación que estas declaraciones sean dadas por una funcionaria que parece no tener ningún inconveniente en olvidar mencionar, entre otras cosas, que durante esas manifestaciones murieron más de cien venezolanos y que la gran mayoría de los mismos fallecieron por causas atribuibles a la acción desmedida de cuerpos policiales, militares y paramilitares.

Pero más allá de este “olvido”, y el lenguaje difamatorio, uno puede imaginarse el desconcierto de los funcionarios de la ONU recibiendo ese informe sin sentido de la pertinencia, la oportunidad y la proporcionalidad y con intenciones tan poco claras.

Además proveniente de uno de los países con mayor tasa de deforestación del continente, que anuncia la destrucción de miles de hectáreas de bosques que forman parte del Arco Minero del Orinoco, que sus “avances urbanos” recientes incluyen la destrucción de cientos de árboles y zonas verdes, que construye edificios residenciales dentro de áreas protegidas por ley y que permite la destrucción de los bosques de la Guayana por los mineros ilegales, incluyendo los que están dentro de Parques Nacionales y zonas declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad.

Pero obviamente el tema no es ser coherente o buscar soluciones positivas a los problemas, es otro intento de usar una situación de deterioro urbano como arma de persecución política. Es la degradación de la gestión ambiental para usarla como arma de guerra.

No es la primera vez que en Venezuela se usa la justicia ambiental con fines de persecución política o de manera totalmente exagerada, pero en este caso, sino estuviésemos pasando por una tragedia nacional, sería para caernos de la risa.

Son tiempos oscuros, pero muy pronto volveremos a llenar a nuestras ciudades de miles de árboles y avanzaremos hacia un país y una sociedad sustentable que utilice responsablemente su extraordinaria biodiversidad como pilar de nuestro desarrollo y calidad de vida.

Juntos haremos realidad el hecho de que la conservación de la naturaleza y la biodiversidad es un derecho humano y que la protección de la vida en todas sus formas será nuestra manera de decir gracias por el privilegio de vivir en un país de naturaleza maravillosa.

Venezuela y la ratificación del Acuerdo de París: Entre la celebración y la desconfianza

La celebración

Recientemente aparece la noticia de que: “Venezuela ratifica apego al Acuerdo de París sobre el cambio climático y al Convenio de Estocolmo”.

Los ambientalistas venezolanos celebramos esta noticia.

Una nota de prensa publicada en la página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela (MPPRE) informa que el canciller Samuel Moncada había depositado en la sede de las Naciones Unidad en Nueva York los instrumentos de ratificación sobre el Acuerdo de París sobre el cambio climático, así como los referidos al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

La misma indica que esta acción se realiza en concordancia con el objetivo histórico del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela “la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”.

Es importante aclarar que ambos documentos son extremadamente importantes para el futuro de Venezuela y el mundo:

El Acuerdo de París es el instrumento de política internacional más importante logrado en los últimos años. Mediante el mismo 195 países, prácticamente la totalidad de los participantes de las Naciones Unidas, se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases que generan el cambio climático global, considerado por muchos la mayor amenaza actual sobre las sociedades humanas y la vida sobre el planeta.

Por su parte, el Convenio de Estocolmo, es un acuerdo dirigido a eliminar, o al menos disminuir, las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes. Éstos son sustancias químicas resistentes a la degradación, que incluyen a pesticidas, insecticidas organoclorados, herbicidas y compuestos derivados de la industria química (dioxinas, furanos, etc.) Todos ellos son altamente tóxicos tanto para los humanos como para el resto de los seres vivos.

En la nota de prensa se cita un mensaje de la cuenta de Twitter del canciller Moncada en la que expresa que: “En ONU-NY, depositamos la ratificación del Acuerdo de Cambio Climático de París. Venezuela comprometida con la defensa de la humanidad @SMoncada_VEN”.

Si, quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad y el ambiente. Quisiéramos creer que vivimos en un país donde el gobierno en conjunto con todos los actores sociales está trabajando mancomunadamente en la solución de los problemas ambientales. Quisiéramos compartir esa celebración.

La desconfianza

El gobierno de Venezuela hasta el momento no ha dado señales que esté comprometido con la lucha contra el cambio climático, ni ningún otro tema ambiental más allá del plano retórico.

Recordemos otra vez algunos datos:

• La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático fue firmada por el país en 1992 y convertida en ley de la República en 1994. En la misma se establecen obligaciones a los Estados firmantes de establecer sus niveles de emisiones, implementar medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático y formular programas nacionales para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela no tiene avances significativos en estos objetivos y no ha cumplido con la obligación de tener un programa (Estrategia) nacional de adaptación al cambio climático.
• La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 estableció un plazo de dos años para formular un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Aún no se ha hecho.
• Otros instrumentos como el Plan de la Patria del 2013 y en el Plan Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015 también establecen que debe elaborarse una Estrategia Nacional de Adaptación ante el cambio climático. Igualmente sin avances al respecto.
• Con respecto a la medición de nuestras emisiones no se han presentado informes nacionales desde el 2005. Informe realizado con datos tomados hasta el año 1999. 
• Durante la Conferencia de las Partes en París en el año de 2015, Venezuela fue nombrada como “Fósil del Día” por una coalición de organizaciones ambientales de activismo climático, debido a su oposición radical a incluir en el Acuerdo de París mecanismos para la reducción gradual del consumo de combustibles fósiles (carbón y petróleo).
• PDVSA ha sido considerada una de las empresas más contaminantes del mundo. Esta condición incluye entre otros temas: quemar grandes cantidades de gas natural proveniente de la explotación petrolera y mantener un alto registro de accidentes generadores de derrames de hidrocarburos en todas sus áreas operativas.
• Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más grandes de la región. Este proceso se ha acelerado en los últimos años.
• A pesar de la legislación vigente, el país mantiene más de 300 vertederos de residuos sólidos a cielo abierto. En estas acumulaciones de basura se producen cantidades importantes de gas metano un muy importante gas de efecto invernadero. Asimismo estas zonas deterioran el ambiente local y afectan los indicadores de salud humana. El gobierno nacional no ha realizado ninguna acción para corregir esta situación y por el contrario utiliza el tema de los desechos sólidos como arma política.
• No se ha realizado ningún avance para controlar las emisiones de gases producto del transporte público y privado. El envejecimiento y deterioro de estas flotas aumenta este problema
• El Decreto del Arco Minero del Orinoco, es la amenaza más importante al futuro ambiental del país, al generar grandes zonas que serán deforestadas y daños importantes sobre ríos y otros ecosistemas importantes.
• No hay avances importantes en el control y erradicación de la minería ilegal y el uso de mercurio por parte de mineros ilegales que operan incluso en áreas protegidas en los Estados Bolívar y Amazonas.
• Se incrementa la superficie dedicada a la minería de carbón en la zona de naciente de importantes ríos en la Sierra de Perijá en el Estado Zulia.
• A pesar de que tanto la Constitución vigente como el Plan Nacional de Derechos Humanos consideran que un ambiente sano y seguro es un derecho humano, los tribunales del país rechazan todo intento realizado de actuar contra decisiones gubernamentales que socavan este derecho.
• A pesar de que el gobierno clama porque un 96% de la población tiene acceso al agua potable, un número importante de comunidades no cuenta con este servicio, lo recibe de forma irregular y la calidad del agua suministrada está totalmente fuera de las normas nacionales e internacionales para asegurar la salud de la población.
• No hay mejoras en los procesos de recolección y tratamiento de aguas servidas en ninguna parte del país.
• Las ciudades venezolanas son cada vez más ambientalmente insostenibles.
• A pesar de la promesa de que el “Proceso Constituyente” actual consolidará la protección y defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático, en la realidad parece un proceso para consolidar la capacidad del Ejecutivo Nacional para hacer negocios con los recursos naturales del país. 

Si, quisiéramos creer que el gobierno de Venezuela está comprometido con la defensa de la humanidad. Pero esa no es la realidad.

Ignorancias y palabrerías sobre el cambio climático en tiempos de Constituyente

Esta semana diversos medios oficiales informaron que Nicolás Maduro, supuestamente preocupado por los efectos de la tormenta Bret,  declaró: “Esta tormenta atípica producto del recalentamiento del Mar Caribe, y del deterioro de todas las condiciones de vida en el planeta, me ha llevado a ordenar la preparación de un plan para enfrentar los cambios climáticos”.

Quizás vale la pena analizar estas declaraciones, que no por breves y llenas de errores conceptuales dejan de ser interesantes en la medida que nos muestran cuál es el nivel de conocimiento e interés real en el tema del cambio climático en lo que se ha dado por llamar “el alto gobierno” de Venezuela.

Una tormenta atípica

En primer lugar Maduro declara que esta es una tormenta atípica. Y quizás de alguna manera si lo sea.

Según diversas páginas de información meteorológica, la misma se inició en una zona inusual con respecto a la que es común en el desarrollo de tormentas tropicales en el Atlántico. Asimismo se originó de manera muy temprana con respecto al inicio del período de la temporada de huracanes del Atlántico. De hecho, es la más temprana en recibir nombre desde que se llevan registros de estos fenómenos en 1851.

Por ello puede decirse que es “rara”. Pero los fenómenos naturales no son invariables, mucho menos los que se originan en la atmósfera. Todos sabemos que hay años lluviosos y secos, años cálidos y más frescos. Asimismo, los eventos meteorológicos son fenómenos muy complejos y no pueden entenderse desde criterios rígidos.

Por otra parte, esta tormenta ha sido, afortunadamente para los venezolanos, mucho más benigna que su tocaya de agosto de 1993. La anterior ocasionó cerca de 200 muertes y un estimado de 11.000 personas damnificadas, sólo en nuestro país, siendo además la primera de las tormentas tropicales que afectaron directamente el territorio continental de Venezuela por más de 100 años.

¿Tiene que ver el cambio climático con las peculiaridades de la tormenta actual? 

Es posible. Pero serán necesarios largos períodos de registro meteorológico para saber si se han producido cambios en las características de las temporadas de huracán del Atlántico. Es más complejo aún probar que, si efectivamente los hay, son producto del cambio climático. La ciencia del cambio climático no tiene nada que ver con intereses políticos circunstanciales y conceptos mal aprendidos.

Pero para algunos funcionarios es mejor lanzar opiniones al voleo, no importa cuan verdaderos sean, antes que apoyar la buena ciencia,  avanzar en la gestión de riesgos ante eventos socio-naturales y educar a la población para que esté preparada para actuar frente a estos fenómenos que serán cada vez más comunes.

Y ordenó hacer un Plan…

¿Qué fue lo que mando a hacer exactamente? Él habla de un plan para enfrentar los “cambios climáticos” (sic). Esto parece referirse a lo que lo que en la literatura técnica y las convenciones internacionales es llamado un Plan de Adaptación al Cambio Climático. Es decir un proceso dirigido a fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de la población frente a los efectos negativos del cambio climático.

Sí entendemos que esa fue la idea detrás de esa orden, entonces ¿será que finalmente el país va a cumplir con sus obligaciones legales internacionales y nacionales?

La Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, firmado por el país en 1992 y ley de la República desde 1994, establece la obligación de los países de formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático. Venezuela nunca ha cumplido con esta obligación.

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos del 2009 establece taxativamente que en el plazo de dos años debe haber sido formulado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Es decir que este Plan debió estar listo hace seis años.Aún no se ha hecho.

Igualmente, este mismo instrumento de políticas públicas aparece incluido en el Plan de la Patria del 2013 y en el Plan Nacional de Derechos Humanos publicado en el 2015.

Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sustentable aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, en su Objetivo 13 dirigido a adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, establece la meta de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Vale la pena recordar que Maduro asistió al evento de lanzamiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Luego de su retorno a Venezuela declaró que los nuevos objetivos serían alineados con el Plan de la Patria.

¿Luego de esta orden, ahora sí, el gobierno nacional cumplirá con sus obligaciones legales?

Yo no tengo ninguna esperanza de que esto ocurra. Al menos en este momento y mucho menos frente a personas que ahora nos quieren vender que es necesario un cambio constitucional para (ahora sí) “trabajar para prevenir los efectos del cambio climático”. escondiendo que teniendo los medios y la estructura legal para ello no han avanzado nada en los últimos doce años.

Lo peor de tal situación es que el cambio climático sigue avanzando y afectando negativamente las sociedades humanas haciendo cada vez más vulnerables a todas las sociedades y en especial a los más pobres.

Y sí para algo nos sirvió la tormenta Bret fue para mostrar claramente la enorme vulnerabilidad ante esos fenómenos que tiene nuestro país en aspectos como el servicio eléctrico, la prevención y mitigación de efectos como inundaciones y derrumbes y la atención de emergencias, entre otros aspectos, así como dejar en evidencia la enorme ignorancia e incapacidad de las personas que están en cargos de responsabilidad nacional frente a estos graves problemas nacionales.

A la vez, seguimos construyendo una sociedad ignorante que aplaude gestos al vacío y espejismos lanzados como políticas de Estado.

Habrá que apuntar al futuro y comenzar a construir propuestas, acciones y conciencias para estar listos para mejores tiempos y otros gobiernos.

Océanos de alquitrán: A propósito del Día Mundial de los Océanos

El océano nos conecta

El Día Mundial de los Océanos es una fecha dirigida a celebrar que vivimos en un planeta cuya superficie está cubierta de mares y océanos y que de ellos depende una enorme cantidad de aspectos ambientales, sociales, económicos y culturales que sustentan a las sociedades humanas.

Venezuela es un país adosado a sus mares. La mayor parte de su población vive a lo largo de sus casi 4.000 Km de costas. Asimismo, en esa estrecha franja costera hemos comprimido muchas de las actividades económicas del país. Incluso la mayoría de las que aún nos dan sustento.

Gran parte de la historia y la cultura del país está relacionada con sus mares: Incluso guayaneses, llaneros y andinos usaron ríos y lagos como puertas de salida de sus riquezas hacia la gran autopista de los mares.

Nuestra economía actual más que nunca depende de un puerto y un barco flotando en el mar.

Y nos soporta

El Día Mundial de los Océanos es también un recordatorio del enorme  daño que le venimos haciendo a estas masas de agua y las consecuencias que esta acción tendrá sobre nosotros.

Por ello más que nunca debemos tomar conciencia de que ese no es un tema abstracto y lo vivimos muy recientemente, a pesar de que haya quedado parcialmente oculto bajo las trágicas y preocupantes noticias con las que amanecemos cada día.

Hace poco más de un mes en la vecina Trinidad ocurrió un derrame de fueloil altamente contaminante.

La empresa declaró que la cantidad de hidrocarburo derramado fue de 300 barriles, una cantidad más bien modesta. Pero, es claro que, esta cantidad no se sostiene. El volumen real que llegó al mar ha sido suficiente para que para comienzos de junio el efecto del derrame ya se hubiese sentido en una enorme franja: desde el sur de la península de Paria hasta las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Este accidente tiene y tendrá profundas consecuencias ambientales, sociales y económicas a corto y largo plazo. Ya pescadores, negocios turísticos, científicos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales han denunciado estos daños y han exigido respuestas a las consecuencias y reparación de las pérdidas sufridas. Los daños ambientales sobre los ecosistemas marinos, principalmente costeros, serán enormes y duraderos.

La empresa Petrotrin y el gobierno trinitario tienen la responsabilidad principal sobre este evento. El mismo no fue un simple accidente. Hay denuncias de que la empresa y el gobierno trinitario conocían las fallas en el tanque de combustible que originó el derrame y que no hicieron lo necesario para repararlo o dejarlo fuera de servicio. Para los habitantes de ese país insular esta es una situación recurrente, ya que la empresa tiene una triste historia de sucesivos accidentes con derrames de hidrocarburos, así como una gestión de los mismos que agravaron la magnitud del daño.

Pero también, es importante decir que la responsabilidad en aguas territoriales venezolanas es necesariamente del gobierno venezolano. No sé si el plan de contingencia aplicado por PDVSA fue el correcto o no, pero es obvio que fue insuficiente. Tampoco conozco si en ese caso no se podía hacer nada más debido a la magnitud del desastre. Pero el mismo se agravó producto de una acción que a todas luces los tomó sin la suficiente preparación, organización y recursos para enfrentarla eficazmente.

Asimismo, muchas personas a lo largo de la zona afectada han denunciado que no fueron informados de la llegada de las manchas de combustible, ni de su posible toxicidad, ni fueron apoyados en sus intentos de recoger las fracciones de combustible que contaminaron playas y otras comunidades costeras.

Como contaminantes adicionales quedan las declaraciones de altos funcionarios tratando de ocultar o minimizar la magnitud e intensidad del mismo.

Por otra parte, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones generadoras de ciencia del país tenemos la responsabilidad de recabar y documentar la información sobre las causas y consecuencias de este desastre socio-ambiental, exigir que se establezcan las responsabilidades del caso, se reparen los daños sociales y se mitiguen los ambientales.

Si de esta situación podemos rescatar algunos aspectos positivos, será necesario mencionar el trabajo de organizaciones locales, empresarios, científicos, funcionarios gubernamentales de diferentes instituciones, así como simples pobladores de comunidades locales los cuales actuaron, buscando frenar los daños ocurridos. Muchas de estas acciones ocurrieron por propia iniciativa, sin recursos ni medios para proteger su salud y seguridad.

 Igualmente es necesario reconocer el trabajo de comunicadores sociales que realizaron la cobertura de la noticia e intentaron mantenerla a flote, aún dentro de la avalancha de informaciones inquietantes que genera nuestra realidad política, social y económica.

Ellos son los protagonistas y la esperanza de que a futuro tengamos Días Mundiales de los Océanos para celebrar y agradecer los dones que recibimos de nuestros mares.

Los ambientalistas venezolanos frente a la Constituyente

47 Organizaciones y 82 ambientalistas y profesionales del ambiente y ambientalistas venezolanos, se manifestaron mediante un comunicado difundido en el día de ayer 15 de mayo frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela por parte del Ejecutivo Nacional.​
En el mismo, a partir de un breve análisis de la situación ambiental del país, consideran que este llamado es totalmente innecesario y que por lo contrario lo que se necesita es cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos en materia ambiental.

Igualmente, hacen un llamado a los venezolanos a participar activamente en la defensa de la Constitución, y solicitan a la comunidad internacional acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en la defensa de la Constitución y sus garantías en materia ambiental.

Cualquier persona u organización desea suscribir o apoyar este comunicado podrá hacerlo colocando su nombre y/o institución, número de cédula y correo electrónico en los comentarios del Blog de la Red Ara. En el plazo de una semana publicaremos un addendum con las firmas que hayan recibido hasta ese momento. POR RAZONES DE SEGURIDAD NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS FIRMAS COLOCADAS COMO ANÓNIMOS O SIN LOS DATOS INDICADOS.

A continuación el comunicado de las organizaciones y ambientalistas de Venezuela:


Los ambientalistas venezolanos frente al llamado a un proceso Constituyente en Venezuela


Nosotros los abajo firmantes, organizaciones ambientalistas, organizaciones de derechos humanos de Venezuela y profesionales en los diversos temas relacionados con el ambiente, expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente decreto emanado del Ejecutivo Nacional convocando a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Este decreto incluye entre los objetivos descritos para esta convocatoria: "La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad".

Por otra parte, el Artículo 347 de la Constitución Nacional indica que el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente es “… transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

En el marco de la mencionada convocatoria, es lícito preguntarnos desde el punto de vista de los derechos ambientales de los venezolanos, sí en este momento sería pertinente realizar una transformación de las bases y estructura del Estado tal como lo expresa el artículo 347 y si se resulta necesario modificar los derechos ambientales presentes en la misma tal como es expresado en el Decreto de Convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El texto Constitucional vigente establece en su artículo 127 que: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”. Este derecho es complementado en este mismo artículo por dos mandatos al Estado venezolano al indicar que: “El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”; así como también que: “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.

Sin embargo, el Estado Venezolano no ha cumplido con estas obligaciones que garantizan una mejor calidad de vida. Esta afirmación puede corroborarse por los siguientes hechos:

Venezuela vive uno de los racionamientos de agua más severos de su historia, sin que ello pueda ser explicado de manera clara con argumentos meramente climáticos o políticos. El mismo está afectando principalmente a las personas más pobres: En 2014 cinco millones de personas vivían en viviendas sin abastecimiento directo de agua (ENCOVI, 2014) y una encuesta reciente indica que el 69% de las camas de hospitales públicos en todo el país están inoperativas por fallas en el suministro de agua (Encuesta Nacional de Hospitales 2016).

Con respecto a la obligación de proteger la diversidad biológica, genética y los procesos ecológicos, es fundamental resaltar que Venezuela tiene una de las tasas de deforestación más altas de Latinoamérica y, según un estudio reciente, es el único país de la región amazónica cuya tasa de deforestación de los bosques amazónicos ha venido creciendo en los últimos años. Esta situación afecta gravemente procesos vitales como la capacidad de captación de agua, conservación de la diversidad, protección de suelos y captación de carbono, entre otros. Asimismo, la crisis económica ha llevado a comunidades pobres en todo el país a recurrir a la explotación intensiva tanto de la fauna como de la vegetación para intentar cubrir sus necesidades.

A su vez, los parques nacionales y monumentos naturales están en uno de los peores momentos de la historia de este sistema. Todas las áreas naturales protegidas por Ley al sur del Orinoco presentan un alto grado de degradación generado por la minería ilegal de oro. El caso del Parque Nacional Canaima, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, es emblemático, ya que luego de múltiples denuncias aún no se ha realizado ninguna acción tendente a erradicar esta actividad de su territorio. Por su parte, las áreas naturales protegidas al norte del Orinoco se encuentran gravemente amenazadas por una enorme variedad de factores que van desde la construcción de viviendas por parte del gobierno dentro de estas áreas, hasta el avance acelerado de la agricultura.

Hablar de vivir en un ambiente libre de contaminación es una utopía en Venezuela. Por nombrar unos pocos ejemplos: La contaminación por mercurio afecta a una gran cantidad de comunidades indígenas y criollas en la Guayana venezolana; el Lago de Maracaibo sufre un avanzado estado de destrucción producto del efecto combinado de la industria petrolera y las aguas negras no tratadas; la población de la región central de Venezuela debe tomar agua con peligrosos niveles de contaminación; el tratamiento de las aguas servidas es prácticamente inexistente; la mayor parte de las zonas urbanas más pobres no tienen servicios de recolección de desechos sólidos y los vertederos ilegales de basura se multiplican por todo el país.

Asimismo, aun cuando el cambio climático es considerado el factor de riesgo más grande para garantizar la seguridad ambiental de los ciudadanos, el gobierno nacional incumple la legislación nacional y los convenios internacionales al retrasar indefinidamente y sin explicaciones el desarrollo de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Finalmente, es necesario mencionar al proyecto del Arco Minero del Orinoco el cual reúne muchas de estas consideraciones. Ello debido a que pone en grave peligro la mayor fuente y reserva de agua de Venezuela, así como ecosistemas de alto valor social y ambiental, a la vez que genera graves riesgos de contaminación, no solo en la zona a ser afectada, sino en un territorio extenso por razón de las sustancias tóxicas usadas en el procesamiento de los minerales. Todo ello sin mencionar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas de la zona.

Todos estos factores están incidiendo de manera grave en la actual situación de crisis del país y son elementos significativos en la disminución de los indicadores de salud, productividad y seguridad de la población, representando igualmente graves violaciones a los derechos humanos de la población.

El factor común en todos los ejemplos planteados es la ineficacia, inoperancia y desorden del Estado para al menos intentar mitigar y mucho menos controlar estos efectos.

Por toda esa situación, estamos convencidos de que Venezuela no necesita un cambio de su Constitución, sino el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones presentes en la actual. Un gobierno que no ha podido cumplir con los mandatos que le impone la Constitución no tiene la credibilidad, ni tiene la autoridad moral de proponer una nueva Carta Magna.

En función de lo anterior, consideramos totalmente innecesaria, inoportuna e inconveniente a los intereses de la Nación el llamado actual a una Asamblea Constituyente y por lo contrario exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir y defender la Constitución actual y sus mandatos.

Asimismo, hacemos un llamado a todos los venezolanos a cumplir con sus responsabilidades y deberes estipulados en la Constitución y participar activamente en la defensa de la misma.

Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, organismos internacionales de conservación ambiental y organizaciones ambientalistas en todo el mundo acompañar y apoyar las acciones que se realicen en Venezuela en defensa de la Constitución que protege los derechos ambientales de los venezolanos y los ciudadanos de todo el mundo.

Firman: Ver la lista de firmantes en el Blog de la Red Ara